Cuando, el 2 de julio del 2007, escribí aquella carta abierta que titulé "19 de julio de 1992: una masacre de Estado", nunca podría haber imaginado el escenario que hoy, 15 años después, se presenta ante mis ojos.

Esa carta nació de años de silencio, después de los primeros cinco años, después de la muerte de mi hermano, durante los cuales mantuve durante mucho tiempo la ilusoria esperanza de que esa masacre y esa muerte habían sacudido la indiferencia del pueblo, que la conciencia civil de los italianos finalmente había despertado, que era real el deseo de redención en la lucha contra el crimen organizado que el Estado italiano nunca persiguió con determinación sino que siempre fue delegado solo a una parte de las instituciones, al Poder Judicial y a la policía, que siempre ha sacrificado a sus mejores hombres en esta solitaria batalla.

Después de los años de esperanza vinieron los años de decepción y desesperación, los años en los que tuve que darme cuenta de que el amanecer que parecía vislumbrar era sólo un espejismo, la etapa llamada la "veintena" berlusconiana, los años en los que la conciencia civil se volvió a dormir bajo el peso de la indiferencia, los años de la normalización y el compromiso, de la deslegitimación de los magistrados vivos y de la mistificación del mensaje de los muertos.

Esos años de silencio son aquellos en los que, poco a poco, tuve que comprender que la masacre de Via D'Amelio se había puesto en marcha para detener lo que representaba un obstáculo insalvable a la perversa tratativa que piezas desviadas del Estado habían iniciado con el crimen organizado, en el ilusorio intento de detener la guerra que los corleoneses de Totò Riina le habían declarado al Estado.

Guerra que surgió de la ruptura de los acuerdos entre la mafia y la política, producto de la confirmación en la Corte de Casación de las condenas del maxi proceso, de la voluntad de la mafia de vengarse de aquellos políticos que no habían cumplido sus promesas, y de la necesidad de buscar otro equilibrio político en el Estado y otros referentes para esa convivencia entre mafia y Estado que la propia mafia, y no sólo ella, consideraba necesaria para seguir ejerciendo su poder.

Era una vana ilusión la que suponía que dicha tratativa podía frenar las masacres, porque si por un lado, en la mesa de negociación había un Estado de derecho (o que debería ser tal) que para negociar sólo podía otorgar beneficios legislativos, como la abolición de la prisión perpetua estricta, del 41 bis, cambios en la ley de colaboradores de Justicia, la admisión de la simple disociación para acceder a los descuentos de la pena, por otro lado había delincuentes que para subir el precio de la tratativa no podían hacer sino lo que saben, es decir realizar otras masacres, extender el teatro de las mismas masacres, llevar el teatro de guerra al "continente", dirigir los ataques, según las sugerencias de "mentes refinadísimas", al patrimonio artístico del Estado que, a diferencia de los magistrados, que son hombres que pueden ser reemplazados por otros hombres, una vez destruido se pierde para siempre.

Y eso fue lo que pasó, esta infame tratativa, además de pedir, para llevarse a cabo, la aceleración de la masacre de Via D'Amelio y la eliminación de Paolo Borsellino, en lugar de detenerlas, condujo a otras masacres y a otras muertes de personas inocentes, la masacre de Via dei Georgofili en Florencia, la masacre de Via Palestro en Milán y la que debería haber sido la mayor de todas las masacres, la del Estadio Olímpico de Roma, donde debían perder la vida cientos de miembros de las fuerzas del orden.

Si esta masacre no se produjo no es porque los cronómetros colocados dentro de dos autos cargados de explosivos no funcionaron, sino porque mientras tanto había concluido la tratativa con la rendición incondicional del Estado, y se habían firmado los documentos que durante treinta años los gobiernos de uno y otro color han pagado y siguen pagando.

Incluso el gobierno actual, el mismo que tuvo el mal gusto de poner la efigie de Paolo Borsellino y Giovanni Falcone en la moneda de dos euros, está desmantelando sistemáticamente todo el sistema legislativo estudiado por Paolo Borsellino y Giovanni Falcone para luchar contra el crimen organizado, la cadena perpetua estricta, el 41 bis y las leyes sobre colaboradores de justicia.

Para colmo el actual gobierno, con la "agilización" de los procedimientos de control de las adquisiciones, está allanando el camino para la participación del crimen organizado en el reparto de la inmensa "torta" de fondos que nos llegará desde Europa. 

El gobierno actual, el tan alabado gobierno de Draghi, está llevando a cabo lo que ni siquiera Berlusconi, con sus leyes "ad personam", había conseguido hacer.

Usando la deplorable epidemia de Covid como arma de "distracción masiva", está a punto de realizar una supuesta reforma de la justicia que representa la renuncia del Estado a ser un Estado de derecho.

En efecto, no puede ser considerado como tal un Estado que renuncia a ejercer la justicia introduciendo un concepto anormal como el de la "improcedibilidad".

Si un juicio, con todos sus grados de sentencia, no concluye dentro de un plazo determinado, el juicio termina y contra el imputado ya no se puede proceder, no puede ser declarado culpable pero tampoco puede ser declarado inocente y la víctima de ese crimen debe renunciar a tener justicia.

Esto no era lo que nos pedía el Tribunal Europeo, nos pedía acortar la duración de los juicios y hay muchas otras formas de hacerlo, empezando por un aumento del personal del poder judicial, desde la informatización de los procedimientos judiciales, no a través de la renuncia del Estado a ejercer sus funciones.

En los últimos días, tras el discurso de despedida del presidente Mattarella, tuvimos que presenciar un debate surrealista, vinculado a la decoración floral del Quirinal, destinado a resolver la cuestión de si nuestra República debería llamarse República de las bananas o República de los dátiles. 

Sería gracioso si el discurso no fuera tan trágico, ya que el nombre que se le puede dar a nuestra desafortunada República es muy diferente.

Creo que no hay otra República en Europa, y quizás en el mundo, cuya historia esté salpicada de tantas matanzas como las que han ocurrido en nuestro país desde la masacre de Portella della Ginestra hasta hoy: la matanza de Ciaculli, la de Piazza Fontana, la de Gioia Tauro, la de Peteano, la de la Jefatura de Policía de Milán, la de Fiumicino, la de Piazza della Loggia, la del tren Italicus, la de Via Fani, la de Ustica, la de la estación de Bolonia, la de Via Pipitone, la de Rapide 904, la de Pilastro, la de Via Carini, la de Capaci, la de Via D'Amelio, la de Via dei Georgofili, la de Via Palestro, por nombrar sólo algunas masacres de las que a veces se conoce a los perpetradores, no siempre a los autores intelectuales y a menudo ni siquiera a las verdaderas razones por las que fueron cometidas.

Esta República en la que pronto habrá que elegir al presidente que la representará durante siete años, puede con razón llamarse República de las Masacres.

Siempre pensé que el momento más oscuro de nuestra República fue aquel en el que, durante un doble septenio, quien ocupó el máximo cargo en nuestras Instituciones fue el que yo considero garante del silencio sobre la tratativa Estado Mafia que la costó la vida a Paolo Borsellino.

Aquel Giorgio Napolitano que, como presidente de la República, exigió la destrucción de las escuchas telefónicas grabadas mientras hablaba por teléfono con Nicola Mancino, luego acusado en un juicio, lo que generó un conflicto de atribuciones con la Fiscalía de Palermo.

Creo que un digno representante de esa institución debió exigir que las escuchas fueran publicadas y conocidas por todos, para que ninguno de los ciudadanos de la República a quien representaba tuviera la menor duda de si en esas escuchas el presidente de la República le prometía impunidad a un acusado en un proceso.

Es cierto que, en la sentencia de apelación de ese juicio, los funcionarios estatales que realizaron la tratativa fueron absueltos "porque el hecho no constituye delito", lo que viene a significar que en la práctica una tratativa entre el Estado y la mafia fue considerada un delito para los mafiosos, que fueron condenados, pero no para el Estado, pero si esa tratativa provocó otras masacres y otras muertes, quien las quiso, quien las llevó a cabo y quien las encubrió tiene, por lo menos, una responsabilidad moral.

Pensé que ese era el momento, un momento largo y muy oscuro para nuestra República, pero tal vez me equivoqué, incluso cuando se cree haber llegado al fondo del abismo, es posible darse cuenta de que el fondo está aún más abajo, que lo peor está todavía por venir.

Es desde esta óptica que debe verse la invitación que ayer hizo toda la derecha a Silvio Berlusconi para "disolver la reserva" a su candidatura a la presidencia de la República.

Es algo que hasta ayer hubiera sido impensable suponer, y no me refiero a que efectivamente sea elegido, sino al hecho de que un individuo como Berlusconi, con toda la carga de juicios por acusaciones infames por las que pasó y de las que muchas veces se libró no por el fondo de la acusación sino por haber sabido explotar los tejidos elásticos de un sistema judicial fuerte con los débiles y débil con los poderosos. Era impensable suponer que alguien así podía aspirar a tal cargo y que los representantes de al menos la mitad del electorado de nuestro país iban a avalar esta hipótesis.

Pero tal vez me equivoque, tal vez sea una persona condenada por fraude fiscal, una persona acusada de corrupción, especialmente una persona que aún está siendo investigada en la Fiscalía de Florencia por cargos muy graves como el de masacre en concurso con Cosa Nostra, cargos tan graves que son imprescriptibles, una persona que como Primer Ministro siguió, a través de Marcello Dell'Utri, condenado por concurso externo en asociación mafiosa, pagándole a la mafia para garantizar su protección, para ser un representante digno de una República, que con razón puede ser llamada la "República de las Masacres".

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Extraído de: 19luglio1992.com

Foto de portada: Imagoeconomica