Políticos, funcionarios y empresarios corruptos, amigos de mafiosos, favorecedores y cómplices, ¡Levanten sus copas! ¡Brinden! Porque hay una reforma en camino dispuesta a regalar impunidad.

Un proyecto de ley "sucio" en su primera versión. Un proyecto de ley "sucio" en la segunda, aunque parezca un poco menos sucio, en el que se aplica el principio según el cual "la ley no es igual para todos".

Apoyarlo, en cualquier forma que se presente, solo porque se han alcanzado acuerdos, sería una traición más a la Italia honesta. 

Es por eso que hoy en la Cámara, donde va a dar comienzo la discusión sobre la reforma Cartabia, es la última oportunidad para que el Movimiento del "no cambio" Cinco Estrellas salve la cara.

Varias veces hemos destacado la caída, el engaño y la traición llevada a cabo por los Cinco Estrellas y, en particular, por su cómico garante, Beppe Grillo.

Este último, apoyando a Draghi y arrastrando a los suyos al inframundo de un gobierno que los tiene sentados junto a Forza Italia (un partido que tiene entre sus fundadores a un hombre de la mafia, Marcello Dell'Utri, y un convicto que le pagaba a la mafia, Silvio Berlusconi) definitivamente se ha quitado la máscara.

Puede que esta ley ya no sea salva-mafiosos, pero (salvo la anulación de la imposibilidad de proceder) seguirá siendo una ley salva-ladrones, salva-cuellos blancos, salva-poderosos y, sobre todo, salva-políticos.

El proyecto fue rotundamente rechazado por el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y por la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), y por decenas y decenas de magistrados y expertos en el tema. Los consejeros togados Nino Di Matteo y Sebastiano Ardita reiteraron los riesgos que se esconden detrás de esta reforma de la injusticia Cartabia, tan similar, según Di Matteo, a esa "reforma del juicio breve del último gobierno de Berlusconi, que representó un peligro para la estabilidad misma del sistema democrático". "La peor reforma que jamás he leído" la definió el fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri.

Pero no fueron los únicos que se expresaron. Duros comentarios vinieron del fiscal General de Palermo, Roberto Scarpinato, del Fiscal Nacional Antimafia De Raho y de muchos otros.

Y la sustancia no cambia incluso después de la larga negociación que tuvo lugar el jueves, fuera de los pasillos del Parlamento, entre los líderes de los partidos, el primer ministro Mario Draghi y la ministra de Justicia Marta Cartabia.

Es verdad. El primer texto de la reforma preveía la imposibilidad de enjuiciamiento de todos aquellos procesos que duraran más de dos años en apelación y uno en el Tribunal Supremo y hoy, tras la (tardía) intervención del nuevo "líder político" Giuseppe Conte, en los casos de terrorismo y asociaciones subversivas, asociación mafiosa, intercambio electoral político-mafioso, violencia sexual y narcotráfico pueden "disponerse ulteriores prórrogas".

¿Y los crímenes que involucran a la mafia, es decir, los que se cometen con el objetivo de favorecer a una organización mafiosa? Con base en el acuerdo alcanzado en la negociación, los juicios pueden durar hasta seis años en la apelación y tres años en la Casación. Pero hasta el 2024: luego se pasará al régimen de cinco años en apelación y un máximo de dos en la Casación. El nuevo texto también establece que contra las prórrogas que "siempre deberán ser motivadas", el imputado puede apelar ante la Casación.

Además, se ha mantenido la gravísima disposición en la que se da al Parlamento la posibilidad de indicar al Ministerio Público los criterios generales que deben seguirse para seleccionar la prioridad de las denuncias de delitos. Sobre este punto, un magistrado como Di Matteo fue claro: "La aprobación de esta parte de la ley comenzaría a abrir una brecha, limitada pero fácilmente ampliable, a la posibilidad de que luego la política les dicte la agenda a los fiscales. Además de contrastar con los principios fundamentales de la Constitución, marcaría un paso hacia el sometimiento sustancial de los fiscales al poder político".

Un ataque directo a la independencia de la magistratura y, en consecuencia, una bofetada a los ciudadanos que tienen en la magistratura independiente su única esperanza de justicia verdadera. 

Queda la esperanza de que la Casación rechace la reforma Cartabia en este punto, pero está claro que hubiéramos esperado mucho más de la política, en particular de ese Movimiento Cinco Estrellas que hoy canta victoria y que, sin más ni menos, debería haber tenido el coraje para patear la mesa, votando 'no' a la reforma y saliendo del gobierno.

Si este no es el caso por enésima vez, Giuseppe Conte, de cuya honestidad no dudamos, resultará cuanto menos, débil.

Los ministros de Cinco Estrellas, en particular los que en el primer Consejo de Ministros votaron a favor de la reforma de Cartabia, han vuelto a demostrar la esencia del engaño y la traición a los votantes en el tema de la lucha contra la mafia.

Porque, como siempre, en política hay que mirar entre líneas y en la maraña de enmiendas presentadas en la Comisión de Justicia, y que se discutirá en el parlamento, hay elementos graves.

Porque si en el pasado hubo ministros que decían claramente que con la mafia "hay que convivir" los que hoy nos gobiernan, sin decirlo, conspiran bajo la mesa para obtener el mismo resultado.

Está claro que la política no quiere que se lleven a cabo las investigaciones más inconvenientes, las que apuntan a perseguir a los niveles más altos del sistema criminal, que no es solo la mafia entendida como crimen organizado.

La prueba de esta "voluntad política" se encuentra en la enmienda que fue aprobada por la Comisión de Justicia (con el dictamen también favorable de otros partidos políticos) presentada por Pierantonio Zanettin, diputado de Forza Italia. La enmienda prevé la inserción de una letra -la l quinquies- en el artículo 3, párrafo 1, de la reforma, relativa a las averiguaciones preliminares y la audiencia preliminar. Se solicita "establecer criterios más estrictos a los efectos de la reapertura de las investigaciones a que se refiere el artículo 414 del Código Procesal Penal". De hecho, el código establece que tras una sentencia de sobreseimiento "el juez autorizará la reapertura de las investigaciones a solicitud del Ministerio Público con un decreto motivado" que debe, por tanto, justificar la necesidad de continuar sus investigaciones. Pero la enmienda Zanettin quiere criterios aún más estrictos, que se decidirán en un momento posterior.

Ocurre que entre los sujetos por cuya cuenta se han reabierto recientemente las investigaciones, luego de los archivos en las décadas de 1990 y 2000 por falta de pruebas, se encuentra el exprimer ministro Silvio Berlusconi (quien como dicen las sentencias, siendo empresario le pagaba a la mafia) y el exsenador Marcello Dell'Utri (este último ya condenado en sentencia definitiva por concurso externo en asociación mafiosa, y en primera instancia en el proceso de la Tratativa Estado-mafia).

Ambos están bajo investigación en Florencia como autores intelectuales externos de las masacres de 1993.

Pero, evidentemente, la búsqueda de la verdad no es una prioridad en el Parlamento.

Por lo tanto, que brinden los funcionarios de cuello blanco y los autores intelectuales externos de las masacres. Que brinden los Graviano, los hijos de los Madonia, Leoluca Bagarella y el súper fugitivo Matteo Messina Denaro. Que brinden en Calabria los De Stefano, los Piromalli y los miembros de la cúpula "invisible" (pero real), de la 'Ndrangheta. Porque hoy ya son muy pocos los políticos condenados por delitos relacionados con la mafia (entre los más conocidos además de Dell'Utri, están Nicola Cosentino, Totò Cuffaro y Antonio D'Alì).

Luego están los políticos que roban, corrompen, se dejan corromper, comercian con influencias, abusan de su poder, ayudan a amigos en las concesiones públicas, organizan fraudes fiscales y se financian ilegalmente. Y es con ellos que la nueva mafia, enriquecida sobre todo gracias al tráfico internacional de estupefacientes, hace negocios mirándolos a los ojos.

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*Foto de portada: antimafiaduemila.com