Comienza el juicio presidido por Giuseppe Pignatone, ex fiscal jefe de Roma, contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu (despedido por el Papa Francisco el 24 de septiembre del 2020), poderoso ex sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano y otras nueve personas, incluidos el ex secretario del cardenal, monseñor Mauro Carlino, Fabrizio Tirabassi, el laico que dirigía la tesorería de la Secretaría de Estado, los ex líderes de la autoridad financiera contra el blanqueo de capitales, René Bruelhart y Tommaso di Ruzza, y luego -fuera del Vaticano- Cecilia Marogna, autoproclamada como agente secreto de Becciu, el banquero Enrico Crasso, que durante muchos años gestionó las inversiones del Vaticano a través del Credit Suisse, el abogado de negocios Nicola Squillace, el corredor Gianluigi Torzi (arrestado por la Policía de Finanzas de Roma y acusado por Estado pontificio de intento de extorsión) y Raffaele Mincione, el financiero alrededor del cual gira todo el asunto.
En honor a la claridad, el caso de Cecilia Marogna no forma parte del inmueble de Londres, sino que ha confluido en el proceso junto con otras imputaciones contra el cardenal Becciu. En los últimos meses, la mujer fue detenida y luego liberada por la Guardia de Finanzas de Milán, a pedido de la magistratura vaticana y, en varias entrevistas, se presentó como agente de los servicios secretos italianos cooptados por Becciu para operaciones de seguridad en todo el mundo.
"Reivindico el hecho de haber construido una red de relaciones en África y Medio Oriente para proteger a las nunciaturas y a las misiones de los riesgos ambientales y de las células terroristas", le dijo la mujer al Corriere della Sera.
"Abrí una empresa en Eslovenia por motivos geopolíticos: pensé que el próximo polvorín sería el de los Balcanes. Y para incrementar las relaciones con países como Georgia, Ucrania, Serbia, Bosnia, Eslovenia. Mi empresa, Logsic, se especializa en operaciones humanitarias".
Además, la mujer confirmó que recibió un pago de 500 mil euros de la Secretaría de Estado en el momento en que Becciu era suplente de Asuntos Generales, es decir el número dos después del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin: "Una gran parte de los 500 mil euros quedaron en una cuenta que luego se cerró por falta de movimientos. Había dos cuentas, abiertas en Unicredit de Lubjana". El abogado del cardenal Becciu, Fabio Viglione, explicó que "los contactos con Cecilia Marogna se refieren exclusivamente a asuntos institucionales".
En total, los delitos imputados a los acusados tienen diversos motivos: estafa, blanqueo de capitales, auto blanqueo, abuso de poder, extorsión, corrupción, apropiación indebida y malversación de fondos. Hasta la fecha, según los hallazgos de la investigación, no hay duda de que ha habido una estafa, pero el principal problema que tendrán que resolver los magistrados será establecer quién ha estafado y quién ha sido estafado.
El proceso, iniciado gracias a los cambios realizados por el Papa Francisco que permiten que los tribunales del Vaticano juzguen a obispos y cardenales, es sin duda un hecho histórico, ya que nunca en la historia reciente de la Iglesia Católica un cardenal tuvo que responder ante un tribunal de la Santa Sede por malversación y abuso de poder, en el caso concreto del edificio del centro de Londres, ubicado en Sloane Avenue 60, Chelsea. La propiedad está ubicada en la parte más rica de la capital británica y es juzgada en las quinientas páginas de documentos considerados por la AGI (Agencia de Noticias Italia) como el centro de "una operación especulativa imprudente e irrazonable" que utilizó a intermediarios, financieros, abogados y figuras femeninas para crear un daño muy significativo a las arcas del Vaticano, de las cuales un flujo de dinero provenía directa o indirectamente del Óbolo de San Pedro. De hecho, la compra de la propiedad, según los investigadores, se inició en el 2014, que es cuando Angelo Becciu fue el Sustituto de la oficina de Negocios Generales.
Además, el ex Sustituto de la Secretaría de Estado vaticana también fue acusado de haber intentado intimidar a un testigo clave, de haber utilizado su cargo para impulsar transacciones financieras no relacionadas con la misión de la Iglesia Católica, de haber invadido el campo reservado a APSA (el organismo para la administración de los activos inmobiliarios del Vaticano), haber utilizado fondos para gastos personales y haber cubierto los gastos de Cecilia Marogna, definida como directora de una empresa con sede en Eslovenia financiada por la misma Secretaría de Estado. Además, miles de euros siempre procedentes de las arcas del Vaticano habrían sido enviados a una cooperativa cuyo representante legal era el hermano del cardenal, Antonino Becciu. La solicitud de citación a juicio fue firmada por la Oficina del Promotor de Justicia, que es el Ministerio Público Fiscal, en las personas del Promotor Gian Piero Milano, del adjunto Alessandro Diddi, abogado del Colegio de Abogados de Roma, y el funcionario ejecutivo Gianluca Perone.
Ahora bien ¿cómo salió a la luz todo el asunto?
Según los investigadores en septiembre del 2018, cuando Becciu se convirtió en cardenal de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa le pidió a la oficina del Auditor General una 'revisión' de la Secretaría de Estado 'como preparación para la instalación del nuevo sustituto', el monseñor venezolano Edgar Pena Parra. El sucesor de Becciu recibió luego la noticia de que el valor de la inversión del fondo Athena se había depreciado y que las otras inversiones habían registrado pérdidas. Ante lo cual el cardenal decidió hacer un relevamiento del 100% de la propiedad y vender las acciones de la empresa Mincione. Para concretar la compra, y cerrar el intrincado asunto, trató de involucrar al IOR (Instituto de Obras Religiosas) de formas que, sin embargo, despertaron varias sospechas. El mismo Banco del Vaticano, de hecho, al no haber recibido las explicaciones necesarias, informó de todo a la oficina del Auditor General y a la magistratura vaticana. El propio Bergoglio intervino en el asunto, quien expresó que "es la primera vez en el Vaticano que la olla se destapa por dentro y no por fuera". Además, en el curso del pasado mes de agosto, el Papa dispuso, con una carta al cardenal Parolin, que el fondo gestionado independientemente por la Secretaría de Estado pasara a la Administración del patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). La Secretaría de Estado había gestionado de hecho dos fondos de forma autónoma hasta entonces, el Óbolo de San Pedro (equivalente al 6% del presupuesto total del Vaticano) y los llamados Fondos Titulados que fueron creados por Pablo VI para gestionar con discrecionalidad cualquier emergencia, igual al 3% del presupuesto total. El primero en denunciar la existencia de un fondo descontrolado administrado de manera independiente por la Secretaría de Estado fue el cardenal George Pell, entonces prefecto de la Secretaría de Economía.
Ahora Francesco ha decidido hacer un corte limpio y privar a la Secretaría de Estado de su efectivo. Este, explicó el Papa, "es sin lugar a dudas el Dicasterio que sostiene en forma más cercana y directa la acción" del pontífice "en su misión, representando un punto de referencia esencial en la vida de la Curia y de los Departamentos que son parte de ella. Sin embargo, no parece necesario ni apropiado que la Secretaría de Estado desempeñe todas las funciones que ya están atribuidas a otros Departamentos. Por lo tanto, es preferible que el principio de subsidiariedad se aplique también en materia económica y financiera, sin perjuicio de la función específica de la Secretaría de Estado y de la indispensable labor que desempeña".
La reconstrucción de las investigaciones
Angelo Becciu, nuncio apostólico en Angola y luego en Cuba, en el 2011 fue nombrado por Benedicto XVI al frente de la Secretaría de Estado, junto al cardenal Tarcisio Bertone y, en el 2013 consideró invertir los fondos disponibles en un acuerdo petrolero en el mismo país africano. Para ello, involucró a Enrico Crasso, entonces funcionario del Credit Suisse e inversor histórico del Vaticano, quien a su vez se puso en contacto con el financiero Raffaele Mincione. Este último, que al principio estuvo a favor de invertir en el petróleo angoleño, luego le propuso a la Secretaría de Estado un trato aparentemente más seguro y rentable: la compra diferida de una propiedad que había adquirido previamente en el centro de Londres, en Sloane Avenue 60, un edificio que una vez albergó a los almacenes Harrods y donde ahora funcionan apartamentos y oficinas. Asistieron a Becciu en el asunto, monseñor Alberto Perlasca, entonces jefe de la oficina financiera de la Secretaría de Estado, y el funcionario laico de la misma, Fabrizio Tirabassi. De los papeles se desprende que Monseñor Perlasca (quien no está acusado) en un momento determinado de la investigación comenzó a colaborar con los investigadores. Según la Fiscalía, Mincione y sus asociados, a través de una serie de complicados mecanismos financieros, agotaron los recursos de la Secretaría de Estado. Al final, según la estimación de monseñor Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el Vaticano perdió una cifra que oscilaba entre los 73 y los 166 millones de euros.
Las causas de tal pérdida, según la reconstrucción de la oficina del Promotor de Justicia, deben identificarse en primer lugar en el sobrevalorado precio inicial de la propiedad en comparación con el valor de mercado. En segundo lugar, en vez de invertir directamente en el inmueble, la Secretaría de Estado- ofreciendo como garantía sus propios fondos -abrió una deuda de 200 millones de dólares, equivalente a 166 millones de euros, en el Credit Suisse en Lugano, y luego los reinvirtió en Athena Global Opportunities de Raffaele Mincione, quien en ese momento disfrutaba de una notable autonomía. En tercer lugar, el propio Mincione utilizó parte de este dinero (alrededor del 45%) para la compra de la propiedad, y otra parte (cercana al 55%) para inversiones en valores más o menos exitosas. El propio Vatican News informó de esto escribiendo que estas inversiones "discrepaban con las instrucciones de la Secretaría de Estado". Además, una hipoteca por un préstamo del Deutsche Bank ya pesaba sobre la compra de la propiedad, que luego fue reemplazada por otro préstamo con una hipoteca extremadamente cara con otra entidad, Cheque, que los investigadores sospechan que reconduce a Mincione. Más daños a las arcas del Vaticano se produjeron cuando el Estado Pontificio trató de separarse de Mincione pagando un saldo sustancial de 44 millones al mismo, pero lo hizo confiando en el corredor financiero Gianluigi Torzi quien, según la fiscalía, estaba en realidad vinculado a Mincione. Mediante una estratagema, este último logra con su empresa Gutt S.A., mantener el control de la inversión, que vende luego por otros 15 millones de euros. Por eso, el Vaticano lo detuvo unos días en el verano del año pasado, acusándolo de intento de extorsión. A fines de marzo, antes de que la fiscalía de Roma ordenara su arresto por los cargos de emisión y registración de facturas por operaciones inexistentes y auto lavado de dinero, el juez Tony Baumgartner, de la Corte de Southwark, descongeló los fondos de Torzi, afirmando que tanto Peña Parra como el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, habían dado su consentimiento a la negociación de Torzi. Un periódico conservador estadounidense, The Pillar, escribió en esa ocasión que en la sentencia el juez afirmó que Torzi también había acusado a Fabrizio Tirabassi de haber "chantajeado" a varios prelados de alto rango. Lo cierto es que el Vaticano ya ha puesto a la venta el edificio londinense. También en lo que respecta a Mincione, la oficina del Promotor de Justicia, ya en el 2013, había informado que a su alrededor circulaban rumores que debían haber alertado a los pisos superiores de la Secretaría de Estado, en particular por su controvertida gestión de los fondos de Enasarco.
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*Foto de portada: © Imagoeconomica
*Foto 2: antimafiaduemila.com / El magistrado, exfiscal de la República de Roma, Giuseppe Pignatone
*Foto 3: antimafiaduemila.com / Papa Francisco y, a su derecha, Angelo Becciu
*Foto 4: antimafiaduemila.com / El exprefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, George Pell
*Foto 5: antimafiaduemila.com / Vista aérea de la Plaza de San Pedro y de la sede del IOR