Las verdades y las sombras que aún hoy permanecen sobre el período de masacres que comenzó el 20 de junio de 1989 con el fallido atentado de Addaura y que terminó con la fracasada masacre en el Estadio Olímpico de Roma el 23 de enero de 1994, conforman un panorama en el que abundan las tentativas de desvíos investigativos, las maniobras de entidades ajenas a Cosa Nostra y numerosas acciones delictivas, que han hecho emerger muchas verdades. Sin embargo, a pesar del trabajo y el esfuerzo de los magistrados y la policía, siguen ocultas las llamadas verdades indescriptibles, es decir, las relativas a la larga mano de posibles aparatos estatales desviados en la preparación y/o ejecución de las masacres.

Estos son precisamente los argumentos que el Fiscal Adjunto de Florencia, Luca Tescaroli, actualmente a cargo de la investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía de la capital toscana sobre los autores intelectuales externos de las masacres de 1993, ha sintetizado en un artículo publicado en "Questione Giustizia".

El 19 de julio de 1992 -el mismo año en que fallece el juez Giovanni Falcone en la masacre de Capaci del 23 de mayo- ocurre la masacre de va Mariano D'Amelio, en la que mueren el juez Paolo Borsellino y cinco de los seis miembros de su escolta -Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina y Vincenzo Fabio Li Muli mientras que el único que sobrevivió fue el agente Antonino Vullo- "un hecho sin precedentes" dice el magistrado, que permitió "superar las dificultades vinculadas a las oposiciones políticas que hasta ese momento había acompañado la difícil travesía parlamentaria del Decreto Ley del 8 de junio de 1992, con el que se lanzaron medidas represivas para contrarrestar el crimen mafioso". Este es el primer punto sobre el que se plantean desde hace tiempo preguntas muy apremiantes: Salvatore Riina sabía que el 7 de agosto el Parlamento hubiera derogado el Decreto Ley del 41 bis, entonces ¿por qué tomó igualmente la decisión de llevar a cabo la masacre?

¿Y por qué esa aceleración repentina, y en cierto modo incluso temeraria, de Riina para realizar la masacre de vía D'Amelio apenas 57 días después de la de Capaci?

En la sentencia de 5.252 páginas, del llamado proceso de la Tratativa Estado-mafia, los jueces escribieron que "la brusca aceleración que tuvo la ejecución del doctor Borsellino" estuvo determinada "por las señales de disposición al diálogo -y esencialmente, de ceder a la arrogancia mafiosa que culminó con la masacre de Capaci- que le llegaron a Salvatore Riina a través de Vito Ciancimino, justo en el período inmediatamente anterior a la masacre de vía D'Amelio".

A modo de reflexión, el propio Salvatore Cancemi dijo también, con motivo de su audiencia en el juicio por la masacre de vía D'Amelio: "Comprendí que Riina se había comprometido y tenía que responder a alguien".

"Es necesario verificar si hubo un propósito de encubrir la responsabilidad de otros sujetos por esta masacre -subrayó Tescaroli- en el contexto de una convergencia de intereses entre Cosa Nostra y otros centros de poder que percibían la labor del magistrado como un peligro".

Otro signo de interrogación lo representan las actividades que realizó el juez Borsellino en los 57 días que lo separan de la muerte. Como escribió Tescaroli, de hecho, Borsellino estaba comprometido "en la gestión de múltiples colaboradores de justicia: Leonardo Messina, que había comenzado a colaborar tras la masacre de Capaci, y empezó a explicar, entre otras cosas, cómo funcionaba el mecanismo de partición de los contratos públicos entre Cosa Nostra, políticos y empresarios; Gioacchino Schembri, perteneciente a la Stidda de Palma di Montechiaro, que conocía la dinámica subyacente al asesinato del juez Rosario Livatino; Gaspare Mutolo, que había comenzado a lanzar acusaciones contra miembros de las instituciones y, en particular, de los servicios secretos. Había manifestado su intención de identificar a los responsables de la masacre de Capaci y, en el transcurso de una entrevista con dos periodistas franceses, dijo conocer las relaciones entre mafiosos y exponentes del mundo empresarial". Además, "había sido señalado públicamente como el sucesor natural de Falcone en la dirección de la fiscalía nacional Antimafia" y "si Borsellino hubiera sido informado de las tratativas en curso entre los jefes mafiosos y los representantes de las instituciones, seguramente se habría opuesto".

Además, aún se desconoce la identidad del personaje señalado por Gaspare Spatuzza (colaborador de justicia desde el 2008) en el momento de la entrega del Fiat 126 en el garaje de vía Villasevaglios y, entre otras cosas, todavía queda un signo de interrogación, según confirma Tescaroli, acerca de la "procedencia del explosivo utilizado para rellenar el 126" al igual que sigue siendo oscura la identidad de quienes "operaron el control remoto que detonó el coche bomba".

Otro dato que se puede profundizar refiere a la posible señal institucional que recibió Cosa Nostra durante 1992 que, según escribe el magistrado, "en su perspectiva sonaba como una confirmación de que su actividad de masacres era apta para abrir nuevos canales de diálogo, capaces de identificar a los nuevos referentes políticos institucionales".

Todos estos elementos hacen necesario que se siga preguntando -y en el caso del poder judicial investigando- si es posible demostrar a nivel procesal "una convergencia de intereses de otros sujetos ajenos a la asociación mafiosa en la concepción y ejecución de la masacre de principios de los años noventa".

Como también se informa en la página 782 de los fundamentos de la sentencia de 20 de abril de 2017 (y depositada el 23 de junio del 2001) emitida por la Corte d'Assise de Caltanissetta, sobre algunos puntos oscuros en la masacre de vía D'Amelio, en cuanto había "negociaciones en curso con canales institucionales que se habían condensado en el conocido 'papello', que era una especie de 'lista de demandas' que constituía para Riina la base de una negociación seria con el Estado". Además, el mismo documento señala que "la escalada de violencia que marcó la temporada de masacres tuvo como objetivo inducir al Estado a negociar, o permitir un cambio político que, a través de nuevas relaciones, pudiera asegurar, como en el pasado, la necesaria complicidad de la que se había beneficiado Cosa Nostra". Y luego nuevamente "volviendo al tema de las tratativas, hay que recordar que Cancemi, durante su interrogatorio, se refirió a los contactos que Riina tuvo con los honorables Dell'Utri y Berlusconi. Contactos que, según él, tenían el propósito de obtener medidas legislativas favorables a la organización: anular la ley de arrepentidos, abolir la cadena perpetua, eliminar la legislación sobre la incautación de bienes o debilitar las consecuencias. Brusca también informó sobre una negociación, en medio de las masacres, realizada por Salvatore Riina para obtener beneficios en el tema revisión de procesos, incautaciones de bienes, colaboradores de justicia, así como el proyecto de atentado contra el juez Grasso, habiéndose detenido las negociaciones en curso luego de la masacre de vía D'Amelio. Acerca de la existencia de contactos entre Salvatore Riina y representantes institucionales, la confirmación se extrae, como recordó el propio Brusca, de las declaraciones del general Mori y del comandante De Donno. Tales tratativas, en cuyo ámbito también hay que incluir a Vito Ciancimino, dieron como resultado el conocido 'papello', y se llevaron a cabo como parte de una serie de iniciativas del ROS, destinadas a capturar a Riina y Provenzano. Los dirigentes de Cosa Nostra, inmediatamente después de la masacre de Capaci, habían recibido una señal institucional que, en su modo de ver, validaba la bondad de las perspectivas que se abrían paralelamente a las masacres, tanto que Riina había intentado revitalizar, luego de la masacre de vía D'Amelio, la negociación con el proyecto de ataque contra el Dr. Pietro Grasso. De hecho, las negociaciones de los oficiales de ROS con Ciancimino se habían estancado, y este último había pedido una pausa para la reflexión".

Estas palabras también fueron confirmadas por la sentencia de la Corte d'Assise de Florencia por las masacres del 93, (n. 3) del 6 de junio de 1998 en la que leemos que "la iniciativa ROS (porque de este órgano se trata, dado que estaban involucrados un capitán, el subcomandante y el comandante del Departamento) tenía todas las características para parecer una 'tratativa'; el efecto que tuvo sobre los líderes mafiosos fue convencerlos definitivamente de que la masacre era apta para traer ventajas a la organización. Bajo este perfil no puede haber ninguna duda, no solo porque capitán De Donno habló expresamente de 'tratativa' y de 'diálogo' (el general Mori, mucho más atento a las palabras, evitó estos dos términos), sino sobre todo porque la propuesta no merece ninguna calificación diferente, no importa con qué intenciones haya sido formulada (tomar tiempo, obligar a Ciancimino a descubrirse a sí mismo o por otras razones) para contactar a los jefes de Cosa Nostra para saber lo que querían (para terminar con las masacres). Aquí la lógica se impone con tanta claridad que no necesita explicación. En cuanto a los efectos que tuvo sobre los líderes mafiosos, las declaraciones de Brusca ayudan, son absolutamente lógicas, oportunas y congruentes. Sobre este personaje se puede decir, una vez más, lo que se quiera, pero la época (julio-agosto de 1996) en la que habló por primera vez de esta historia, barre cualquier duda sobre la absoluta veracidad de lo que tenía para decir y contar. En ese momento, de hecho, la existencia de esta tratativa era desconocida para todos los protagonistas de este proceso; Brusca no pudo 'obtenerla' de nadie (el propio General Mori declaró que se lo había contado al Fiscal de Florencia en agosto de 1997)".

Siguiendo siempre la línea de las responsabilidades institucionales, hay que tener en cuenta el "contenido enigmático de la escucha del diálogo de Mario Santo Di Matteo con su esposa", quien en la fase ejecutiva le dijo a su esposo entre sollozos: "¿Entiendes por qué han secuestrado a Giuseppe? Tenemos otro hijo. No hables de los infiltrados policiales en la masacre". Lo que de hecho nunca sucedió.

Entre los puntos oscuros se encuentran también los relacionados con el famoso desvío de las investigaciones que tuvo como protagonista al "picciotto de la Guadagna" Vincenzo Scarantino, definido en los motivos de la sentencia del juicio Borsellino Quater como "uno de los desvíos más graves en la historia del proceso judicial italiano". La sentencia fue dictada el 19 de noviembre de 2019 por Corte de Apelación de Caltanissetta que también consideró el delito de calumnia contra Scarantino, cuyas declaraciones comenzaron a ser desmentidas en las audiencias de Cancemi, Di Matteo y La Barbera. "Scarantino mostró fluctuaciones en sus declaraciones, retrayéndose varias veces", escribe Tescaroli, reiterando que "en la sentencia de la Corte d'Assise de Caltanissetta de 1999, que definió el juicio Borsellino ter en primera instancia, se argumentó que no se debían 'toner en cuenta las declaraciones de Scarantino para la valoración de la responsabilidad de la masacre de vía D'Amelio'". Este desvío de las investigaciones llevó a la acusación del delito de difamación contra Scarantino, Candura, Andriotta y Pulci, tras, sobre todo, la colaboración de Spatuzza, y a su condena con sentencia de primer grado de 20 de abril de 2017 por la Corte Penal de Caltanissetta. 

Además, nuevamente en el contexto del desvío, también han sido acusados miembros de las fuerzas policiales, y está en curso el respectivo proceso. 

Las verdades establecidas sobre la "temporada de bombas"

Las certezas adquiridas por el proceso penal inherente a los años de las masacres, señaló Tescaroli, se obtuvieron "sobre la base de la fundamental ayuda de los colaboradores de justicia" que "permitió identificar a los responsables pertenecientes a Cosa Nostra, juzgarlos con pleno respeto por las garantías, condenarlos con sentencias definitivas, arrestarlos (a todos con excepción de Matteo Messina Denaro), incautar y decomisar sus bienes y los depósitos de armas y explosivos que tenían a su disposición". 

"Hombres de honor pertenecientes a las familias mafiosas de San Lorenzo, Porta Nuova, Brancaccio, Corso dei Mille y della Noce" estuvieron involucrados en la ejecución de la masacre "cuyos roles han sido contados, una vez más -dice el fiscal- con la ayuda fundamental de varios colaboradores de justicia, entre ellos, Salvatore Cancemi, Giovanni Battista Ferrante, Giovanni Brusca, Gaspare Spatuzza y Fabio Tranchina (colaborador desde abril del 2011), quienes permitieron desenmascarar la diabólica desviación llevada a cabo por una persona ajena a Cosa Nostra", es decir, el ya mencionado Vincenzo Scarantino.

Ciertamente, una de las mayores verdades surgidas durante el transcurso del proceso judicial, que tuvo como eje principal las responsabilidades institucionales incluidas en el 'diálogo al son de las bombas' con el Estado, fue plenamente descrita en la sentencia de primera instancia emitida por la Segunda Sección Penal de la Corte d'Assise de Palermo, el 20 de abril de 2018, en el marco del proceso denominado "Tratativa Estado-mafia" (aún en curso de apelación), en la que fueron condenados el jefe corleonés Leoluca Bagarella y el médico de confianza de Totò Riina, Antonino Cinà, los oficiales del Ros Antonio Subranni, Mario Mori y Giuseppe De Donno, el exsenador de Forza Italia Marcello Dell'Utri, por atentado contra el cuerpo político del Estado, mencionado en el art. 338 del Código Penal (agravado de conformidad con el artículo 339 del mismo Código Penal y de conformidad con el artículo 7 del Decreto Legislativo 152/91) porque, "para perturbar la actividad regular de los órganos políticos del Estado italiano y en particular del Gobierno de la República, utilizaron amenazas -consistentes en planificar y  ejecutar masacres, asesinatos y otros delitos graves (algunos de los cuales conexos y cometidos) contra políticos e instituciones- contra representantes de dicho cuerpo político, para prevenir o perturbar su actividad (hechos cometidos en Roma, Palermo y otros lugares desde 1992)".

Volviendo a la masacre de vía D'Amelio, el fiscal adjunto escribió que "la dinámica ejecutiva se reconstruyó en los siguientes términos. Una semana antes de la masacre, Fabio Tranchina hizo dos guardias en vía Mariano D'Amelio junto con Giuseppe Graviano, el cual le pidió, al principio, que le consiga un departamento en las cercanías, para luego decirle que había decidido colocarse en el jardín que hay detrás de un muro bajo al final de vía D'Amelio para accionar el control remoto que provocó la explosión”.

Por encargo de Giuseppe Graviano (transmitido a través de Cristofaro Cannella), Gaspare Spatuzza y Vittorio Tutino robaron un Fiat 126, entre finales de la primera semana de julio y la noche de día nueve. La propietaria del automóvil, Pietra Valenti, presentó una denuncia de robo el 10 de julio de 1992.

Después de las dificultades iniciales, Tutino logró romper el bloqueo de la dirección con una 'pinza' y el auto fue empujado. La guardaron en el almacén de vía Gaspare Ciprì, nº 19, en Palermo. Tras el robo, Spatuzza se reunió con Giuseppe Graviano en Falsomiele en la casa de Cesare Lupo (cuñado de Fabio Tranchina) y le informó de algunos problemas que tenía el auto con el embrague y los frenos. Graviano recomendó que recuperara su eficiencia y retiraran del mismo cualquier elemento que pudiera permitir rastrear al propietario. Y así se hizo. Por lo tanto, se dirigió a un mecánico que conocía, que trabajaba en el taller de Agostino Trombetta, para que lo reparara y por ello pagó 100.000 liras. Luego, Spatuzza lo transportó el sábado 18 de julio de 1992, mientras que Cannella y Antonino Mangano lo precedieron conduciendo dos autos para mostrarle el recorrido hasta el garaje de vía Villasevaglios, donde Lorenzo Tinnirello, Francesco Tagliavia y otros miembros del comando operativo lo llenaron de explosivos: unos 90 kilos de plástico Semtex-H de tipo militar y de fabricación checoslovaca (compuesto de pentrita, TNT y T4) utilizado, entre otras cosas, en la masacre del tren rápido 904 del 23 de diciembre de 1984.

Tutino y Spatuzza recuperaron dos baterías y una antena para alimentar y conectar los mortíferos dispositivos destinados a hacer explotar la carga, así como las placas, que fueron entregadas a Giuseppe Graviano, para colocarlas en el 126 robado, y así disimular su presencia en el lugar de la masacre.

En nombre de Giuseppe Graviano, Tranchina adquirió el control remoto. Salvatore Biondo (nacido en 1955), el homónimo Salvatore Biondo (nacido en 1956), Domenico y Stefano Ganci, Cristofaro Cannella y el mismo colaborador Ferrante probaron el funcionamiento del mando a distancia y los dispositivos eléctricos que se utilizaron para la explosión, procediendo también con la vigilancia de los movimientos del juez Borsellino y su custodia hasta poco antes de la masacre (ya que así lo confirmó el análisis de los registros telefónicos de los usuarios). Salvatore Biondino, en particular, le advirtió a Ferrante que el doctor Borsellino debía ser atacado el domingo 19 de julio y le dio instrucciones de comunicar el desplazamiento del juez de su domicilio. Raffaele Gangi, quien brindó una contribución notable, informó a Salvatore Cancemi que el ataque se llevaría a cabo ese domingo bajo la casa de la madre del juez. Biondino ya le había informado a Giovanni Brusca que el caso estaba "poco trabajado".

Estos resultados, como recordó el magistrado, dieron lugar, en principio, a la celebración de tres juicios (los denominados vía D'Amelio bis, ter y quater) que "llevaron al reconocimiento de la implicación de Cosa Nostra también en esta masacre, con condena definitiva para los máximos jefes de la asociación" es decir, la Comisión Provincial de Palermo y la Comisión Regional, con la sentencia antes mencionada, emitida el 20 de abril del 2018.

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*Foto de portada: © Paolo Bassani / Luca Tescaroli

*Foto 2: © Letizia Battaglia / El magistrado Paolo Borsellino

*Foto 3: © Shobha / Masacre de vía D'Amelio