Hablar de obra pública en Argentina, indefectiblemente nos lleva a entablar un debate sobre el destino de los fondos, sobre fuga de capitales, lavado de activos, corrupción, etc. Como continuidad de èsta “política de estado”, el gobierno de Mauricio Macri decidió no romper con la tradición.
La Oficina Anticorrupción (OA), a sabiendas de otras malversaciones ya dispuestas, de la administración de Cambiemos, decidió posar sus narices en el no tan despreciable pago de 704.975.760 pesos por la supuesta construcción de 93 jardines de infantes en diferentes locaciones provinciales, y los resultados fueron estos: las obras quedaron inconclusas, en estado de abandono y nunca fueron terminados.
Allá por mayo del 2016, el expresidente prometió que garantizaría el acceso a la educación en aulas para niños, de entre 3 y 5 años, en el marco del llamado “Plan Nacional 3.000 jardines”. La maravillosa panacea educativa se redujo con el correr del tiempo y la convocatoria inicial a licitaciones fue para sólo 200 jardines, que en el resultado final fueron menos aún.
En la auditoría del actual Ministerio de Educación se detectó que se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, o sea, el doble del valor del mercado.
Por este asunto ya había una causa anterior que había sido archivada por el juez Ariel Lijo. La denuncia había sido realizada por Margarita Stolbizer, en ese momento descubrió que la primera licitación había sido convocada para solo 100 jardines, pese a que por decreto (año 2017) establecía un objetivo de 500, y que las obras no avanzaron. Según Stolbizer, solo concluyeron 14, aunque no eran nuevos edificios sino aulas construidas sobre establecimientos ya existentes. Por tal motivo la OA ahora pide reveer este caso, que aportará, según ellos, nuevas evidencias.
La administración del ministro Nicolás Trotta que formalizó su denuncia ante la OA en el mes de marzo, descubrió que pese a advertir las irregularidades y el abandono de las obras, el gobierno de Macri no cobró multas ni inició acciones para recuperar el dinero.
Por otro lado, la mayor parte de los proyectos (4 de las 5 licitaciones), fueron adjudicados a una misma unión transitoria de empresas que había sido rebotada por el área técnica encargada de la autorización de las obras adjudicadas en 9 provincias. Dicha unión (UTE) estaba integrada por Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL.
Cuando el actual Ministerio de Educación intentó empezar a ejecutar las garantías por los incumplimientos, se llevó un chasco. Las empresas que integran la UTE estaban en concurso de acreedores.
Todas estas irregularidades apuntan como principales responsables a la gestión de Esteban Bullrich, en primera instancia por las irregulares contrataciones, y a Alejandro Finocchiaro, donde los contratos, fueron rescindidos en una rara situación de “mutuo acuerdo” donde no se realizó el correspondiente reclamo a las empresas. Tambien están supuestamente involucrados el exsecretario de gestión educativa, Maximiliano Gulmanelli Barbiero y los exsubsecretarios de coordinación administrativa Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes.
Por lo tanto, la denuncia de la OA apunta a que el juez Lijo investigue la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y además se pide la investigación de posibles vinculaciones de las empresas constructoras con los funcionarios.
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*Foto de portada: www.pagina12.com