Por Giorgio Bongiovanni-23 de marzo de 2021
¿Qué lugar ocupará la lucha contra la mafia en el gobierno de Draghi? Nos lo preguntamos hace un mes, pocos días después de que asumiera. La respuesta no tardó en llegar y lo ocurrido hoy es, sin duda, una señal grave que el Sistema Criminal Integrado, del que forman parte las mafias, considera sumamente favorable: la concesión de permisos, incluso para los jefes condenados a cadena perpetua, ya no es un tabú y para conseguirlos no es necesario colaborar con la justicia.
Qué decir. Un "maná del cielo" para todos los Giuseppe y Filippo Graviano, Leoluca Bagarella, los Biondino, los Madonia, los 'ndranghetistas, camorristas y todos los demás.
Durante la audiencia pública en la Consulta, los abogados del Estado -que en teoría deberían haber defendido las leyes vigentes sobre cadena perpetua en nombre del gobierno- le abrieron la puerta a la libertad condicional para los condenados a dicha pena, incluso para los asesinos irreductibles de las masacres.
¿Cómo? Al no pedir que se considere inadmisible la solicitud de la Casación para declarar inconstitucional la norma que prohíbe a los condenados a cadena perpetua -es decir, a los presos que hayan cumplido por lo menos 26 años en prisión, pero que hayan sido condenados a perpetuidad por delitos de particular gravedad, como el terrorismo y la mafia- obtener la libertad condicional si no colaboran con el poder judicial.
Por el contrario, invitaron a la Consulta a dictar sentencia de rechazo interpretativo, en la que se otorga al juez de vigilancia la facultad de evaluar cada caso a su discreción.
"El juez de vigilancia debe verificar concretamente... cuáles son las razones que no permiten que esa conducta colaborativa se lleve a cabo en los términos establecidos por el mismo juez", dijo el abogado del Estado, Ettore Figliolia, durante la audiencia pública en la Consulta (juez relator Nicolò Zanon), señalando que "una interpretación constitucionalmente orientada de estas normas... podría permitir una exégesis de la normativa", sobre todo porque incluso en las sentencias de la Corte de Casación "me parece que se ha hecho una evaluación más profunda de las razones por las que no se habría dado esa colaboración".
En el discurso se citaron tanto las sentencias de la Corte Constitucional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de junio del 2019. "Podríamos proceder -sugirió Figliolia- a una interpretación de estas normas en el sentido de dejar de lado cualquier forma de posible automatismo y permitir que el juez de vigilancia verifique concretamente las razones dadas por el preso para no poder asegurar esa conducta colaborativa sobre las demás". "El gobierno cree que existe la posibilidad de practicar una exégesis -concluye el abogado del Estado- podríamos decir más correspondiente a la lógica de la ley, asegurando prácticamente un espacio discrecional para el magistrado que debe decidir, en cuanto a verificar los motivos del fracaso de la colaboración que es condición para la obtención del beneficio".
Según el abogado del Estado, "el Gobierno no puede dejar de tomar en debida consideración los dos principios invocados por la Corte Constitucional en la sentencia Nº 253 del 2019, y los de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 13 de junio del 2019. Estos principios deben ser adecuadamente analizados, ponderados y calibrados respecto a las peculiaridades de la libertad condicional, peculiaridades que se pueden deducir de la lectura del artículo 177 del código penal".
Un llamativo cambio de posición cuando, en un primer momento, pidió que se declarara la inadmisibilidad o la falta de fundamento de la cuestión de constitucionalidad planteada por la Casación.
Mañana se dará el veredicto de la Consulta, pero queda sentada la gravísima posición de los abogados del Estado, que de hecho representan la línea del gobierno en este frente.
Sobre este punto en el pasado ya se expresaron varios especialistas y hoy el consejero togado del CSM, Nino Di Matteo, ha vuelto a destacar los temas críticos de una postura que realmente podría marcar un fracaso en la lucha contra la mafia, permitiéndole a esta última obtener esos resultados queridos desde siempre, desde la época de las masacres.
"Poco a poco, en medio del silencio general, algunos de los principales objetivos de la campaña de masacres de los años 1992-1994 se están cumpliendo con el desmantelamiento del sistema general para combatir a las organizaciones mafiosas concebido y querido por Giovanni Falcone", dijo Di Matteo, en declaraciones al Fatto Quotidiano.
Después de todo, una posible sentencia favorable de la Consulta podría abrir la puerta a las apelaciones y recursos de los jefes de primer nivel que han herido a hierro y fuego al país, que mataron a Falcone y a Borsellino, a sus custodias y a tantos ciudadanos indefensos.
Se sabe, por las declaraciones de numerosos colaboradores de justicia, pero también por las escuchas telefónicas realizadas en prisión al capo mafioso, que la atenuación de la cadena perpetua y el 41 bis eran los puntos principales del llamado 'papello' de peticiones que Totò Riina le hizo al Estado inmediatamente después de la masacre de Capaci.
Si la Consulta se expresa de manera favorable, se vuelve muy alto el riesgo, como destacó en el pasado el propio Di Matteo, "de que los jefes mafiosos condenados a prisión perpetua continúen al mando y sea la señal de una posible reafirmación, incluso simbólica, de su poder". "Como magistrado que durante décadas se ha ocupado de las masacres tengo el deber de recordar a sus víctimas y a los motivos que desataron la mano de Cosa Nostra -ya lo había recordado en 2019- y por eso espero que la eficacia de la cadena perpetua no se vea anulada por decisiones que, sin saberlo, puedan hacer que las organizaciones mafiosas alcancen un objetivo fundamental para ellas. Si esto ocurriera, se daría un paso atrás global en el sistema de lucha contra las organizaciones criminales".
El "casus belli"
El caso que terminó en Consulta, y sobre el que deberá expresarse la Corte, es el del mafioso de Partinico, Salvatore Francesco Pezzino, representado en la audiencia pública por la abogada Giovanna Beatrice Araniti, el cual quería acceder a la libertad condicional sin colaborar.
En el 2018 Pezzino le solicitó al Tribunal de Vigilancia de L'Aquila que le concediera libertad condicional, prevista para todos los presos que hayan cumplido 26 años de prisión, excepto, de hecho, para los condenados por delitos mafiosos que no colaboraron con la justicia. Prohibición prevista por el artículo 4 bis del ordenamiento penitenciario, y por el decreto ley 306 de 1992, inspirado en un decreto de Giovanni Falcone del año anterior, y aprobado tras la masacre de Capaci para intentar romper el pacto de silencio de Cosa Nostra, al comienzo de la temporada de bombas.
Asentimiento silencioso del Gobierno
Y no sorprende que la toma de posición de la Abogacía del Estado se produzca justo ahora que en el Ministerio de Justicia se sienta Marta Cartabia, ex vicepresidenta de esa Corte Constitucional que, en octubre de 2019, tras la pronunciación de la CEDH, declaró la ilegitimidad del artículo 4 bis, al abrir de hecho la posibilidad de que las cadenas perpetuas no obstaculicen el acceso a los permisos premio durante la detención. Y si, por un lado, se puede entender que esa decisión se basaba en la necesidad de proteger derechos garantizados constitucionalmente, por otro, no podemos olvidar que las mafias mortifican los derechos constitucionalmente garantizados de los ciudadanos.
Desde que se convirtió en Guardasellos, Cartabia nunca se manifestó específicamente sobre el tema, sino que simplemente habló de la función reeducativa de la pena. Sin embargo, ayer intervino el Subsecretario Francesco Paolo Sisto, de Forza Italia, quien expresó una consideración totalmente fuera del mundo, al afirmar que "un elemento obstativo no puede derivar de la elección procesal de colaborar o no colaborar. La cadena perpetua no debe ser vinculada a la colaboración con la justicia: yo puedo no colaborar, pero sí haber terminado las relaciones mafiosas o colaborar y no haberlas terminado".
Es un hecho conocido, lamentablemente, que de Cosa Nostra, de la 'Ndrangheta y de otras organizaciones criminales solo hay dos formas de salir: o colaborando con la justicia o por la muerte.
Así que está claro que esta decisión, de hecho, también desalentaría la colaboración con la justicia por parte de los jefes criminales.
Jefes mafiosos sanguinarios que ahora esperan, tal como Giuseppe Graviano declaró en el juicio 'Ndrangheta Stragista: "No he hecho negociaciones ni pactos. He adelantado mis denuncias desde la prisión contra todos los políticos. Algunos políticos más garantistas, según ellos, incumpliendo los compromisos adquiridos con mi abuelo, hicieron leyes injustas, vergonzosas e inconstitucionales. Tanto es así que Italia siempre recibe multas de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿El 41 bis? Es normal que nos sintamos mal por el 41 bis, pero yo no lloro ni me hago la víctima. Yo lucho por lo que me permite la ley. Respecto al 41 bis, el 4 bis, o la cadena perpetua yo trato de deslizarme en mi condición con cualquiera, de izquierda o de derecha, que pueda terminar con esta situación". En los últimos meses, su hermano, Filippo Graviano, les dijo a los magistrados florentinos que se ha disociado de la mafia y al mismo tiempo ha pedido acceder a un permiso premio. Además de ellos, otros 1.271 presos condenados a "penas sin final" esperan el veredicto del Consejo. No es una coincidencia.
Y cualquiera sea el fin, está claro que la señal del gobierno ha sido lanzada, y que la mafia está dispuesta a atraparla. Y ver como los órganos altamente institucionales se adaptan, bajándose los calzones, a ciertos dictados (europeos y otros) es tan escandaloso como ofensivo para todos esos mártires, empezando por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que lucharon contra los sistemas criminales.
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*Foto de portada, desde la izquierda: Beppe Grillo, Mario Draghi y Silvio Berlusconi © Original Imagoeconomica