El año judicial en palabras de Nino Di Matteo, Sebastiano Ardita y Roberto Scarpinato

Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari-30 de enero de 2021

Aunque de forma reducida y sin la presencia del público habitual, la emergencia pandémica no detuvo la apertura del año judicial en los distintos distritos del país. Evidentemente, muchas miradas se centraron en Palermo y Caltanissetta, que siempre han sido considerados centros neurálgicos en lo que concierne a la lucha contra las mafias y, sobre todo, en lo que refiere, a nivel histórico, a la búsqueda de la verdad sobre la terrible temporada de masacres que han marcado, no solo a Sicilia, sino a toda la Nación.

Inmediatamente después de los informes de los respectivos presidentes de los Tribunales de Apelación, Matteo Frasca y Maria Grazia Vagliasindi, quienes hicieron el balance de las cuestiones relativas a la lucha contra la mafia y a las actividades judiciales en los territorios, fueron de particular interés los discursos del Fiscal General de Palermo, Roberto Scarpinato y de los consejeros togados del Consejo Superior de la Magistratura, Sebastiano Ardita y Nino Di Matteo.

Discursos que también presentamos en forma integral en artículos relacionados, pero que, en algunas de sus consideraciones, merecen ser recordados aquí.

Las masacres del '92 y la búsqueda de los autores intelectuales externos

Precisamente a partir de Caltanissetta, donde recientemente se protocolizaron los fundamentos de la sentencia del juicio Borsellino quater y donde se llevaron a cabo los procesos sobre las masacres de Capaci y vía D'Amelio, el consejero togado Nino Di Matteo reiteró la importancia de un compromiso que, respecto a ciertos hechos, nunca podrá ser menor.

"No escondo la emoción de estar en el Palacio de Justicia donde, de 1992 a 1999, como magistrado recién designado, ocupé el cargo de Fiscal Adjunto de la República –dijo en su discurso- ni puedo dejar de recordar el período que vivieron las oficinas judiciales nissenas en ese contexto de poco después de las masacres de Capaci y vía D'Amelio”.

“Estos despachos, no solo por la competencia para investigar y juzgar esos hechos delictivos tan complejos, sino incluso antes por la entonces reciente disposición del sistema de las direcciones distritales antimafia, de pronto se vieron catapultados de una dimensión de normalidad a una de importancia y relevancia nacional e internacional; pero no estaban capacitadas para soportar inmediatamente un peso tan enorme. Sin embargo, gracias al inmenso esfuerzo de numerosos magistrados, investigadores y jueces, en muchos casos jóvenes debutantes, en medio de mil dificultades, en un camino sembrado de trampas, las oficinas de este distrito contribuyeron de manera decisiva a la primera reacción del Estado a la más grave ofensiva mafiosa contra las instituciones democráticas que recuerda la historia de la República".

Esa temporada, recordó el magistrado, no fue marcada sólo por las investigaciones y los juicios por las masacres "cuyos resultados, en parte anulados por sentencias de revisión de las condenas impuestas a algunos acusados, han dado lugar, por el contrario, a numerosas condenas definitivas que nunca han sido cuestionadas, sino también por acontecimientos procesales igualmente delicados y complejos: los relativos al asesinato del juez Saetta y su hijo Stefano; el homicidio del juez Livatino; la reapertura de la investigación y el nuevo juicio por la masacre de Chinnici; el primer maxi proceso a los clanes mafiosos de Caltanissetta, llamado "Leopardo"; y los juicios por los cientos de asesinatos derivados de la guerra mafiosa en la zona de Gela. Desde entonces no ha cesado el compromiso y la centralidad de las oficinas judiciales del distrito".

En los últimos años, subrayó Di Matteo, "se han dado nuevos e importantes pasos hacia adelante en la lucha contra el crimen mafioso y, también en los últimos años, se han detectado peligrosos focos de ilegalidad y abusos dentro de las instituciones, bajo el simulacro de una falsa e interesada lucha antimafia".

Luego se dirigió directamente a los magistrados distritales: "Me propongo representar la conciencia de la intensidad de los esfuerzos que aún deben realizarse en la dirección hacia la búsqueda de nuevos protagonistas y motivos, también y sobre todo externos al crimen mafioso en el sentido estricto, de las masacres de 1992. Serán llamado a trabajar con empeño, valentía, perseverancia, humildad, inteligencia, sin dudas, sin retrocesos y sin apoyar la lógica peligrosa, alimentada hoy por muchos, de la resignación por considerar imposible llenar las obvias lagunas de la verdad que aún existen. Será un trabajo duro y difícil que los expondrá a ataques predecibles y deslegitimaciones y riesgos de todo tipo”.

“Y es por eso que tienen una razón más, es decir tienen todo el derecho a percibir al órgano de autogobierno de la magistratura como su baluarte. Y también por eso, tienen derecho a esperar que el CSM les sirva de escudo contra aquellos ataques que, contra la independencia del poder judicial y de cada magistrado, son promovidos desde el exterior".

El CSM y el esfuerzo por pasar página

En cuanto a los recientes acontecimientos relacionados al caso Palamara y a las dificultades que se produjeron dentro del propio CSM, no podía faltar la referencia al esfuerzo que el órgano de autogobierno está realizando para tratar de recomenzar después de los escándalos que lo han abrumado en los últimos años.

"El Consejo Superior de la Magistratura -reafirmó Di Matteo- se compromete, con hechos, a cambiar la página. Debemos luchar para erradicar para siempre la lógica que lo había transformado en un centro de poder distante, cuando no hostil, a los magistrados más libres, más independientes y más valientes. No fue un año fácil el que acaba de terminar. El Consejo Superior todavía se enfrenta a la larga ola de hechos surgidos de la investigación de la Fiscalía de Perugia. Hechos y situaciones que deben indignarnos, pero no sorprendernos. No debemos ser hipócritas. Representan la imagen clara de una patología que amenaza con socavar todo el sistema del poder judicial. Una enfermedad que se había extendido solemnemente como un cáncer, con el predominio de la lógica del clientelismo, de la pertenencia a una corriente o grupo de interés en forma colateral a la política. Un sistema enfermo que incluso se ha expresado en decisiones judiciales dictadas más por la oportunidad que por el deber de actuar. Un sistema que no dudó en trabajar para aislar y neutralizar a los magistrados que no lo apoyaban. Lógicas perversas que han alejado al Consejo de la función imaginada por el legislador constituyente, alimentadas desde fuera del CSM por el comportamiento de demasiados magistrados cada vez más impregnados por el oscuro mal del arribismo y la loca carrera por los puestos directivos. Lo surgido ha provocado un grave descrédito en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo, estoy convencido, es una oportunidad irrepetible para volver a empezar con un nuevo espíritu".

Y luego agregó: "El CSM está tratando de emprender un camino de cambio real antes que otros, movidos por la intención mal disimulada de reducir el control de legalidad del poder judicial, cambien las reglas y las vulneren, quizás comenzando con la separación de la carrera de los fiscales de la de los jueces, en dirección a una compresión definitiva de las prerrogativas constitucionales de autonomía e independencia. El CSM está tratando de emprender el camino de la renovación y el camino de la redención. Un camino arduo y cuesta arriba que pasa necesariamente por la liberación de cada consejero individual de las actuales influencias de las corrientes internas o, en todo caso, externas. Y pasa también por la dolorosa, pero indispensable, profundización en los diversos aspectos que son competencia del Consejo, del enorme volumen de documentos transmitidos por la autoridad judicial de Perugia. La recuperación de la credibilidad y de la autoridad de la magistratura no puede prescindir de la cooperación de cada magistrado. Si se siguiera considerando aceptable lo que siempre ha sucedido, como si siempre hubiere de suceder, si no hubiera a nivel individual una respuesta enérgica y generalizada de la ética de los magistrados, todo esfuerzo sería en vano".

Y finalmente concluyó: "Quiero cerrar mi discurso con una reflexión y una esperanza. El Poder Judicial vive un período oscuro, impregnado de escándalos y fuertes tensiones. No debemos tener miedo de enfrentar la situación con rigor, con atención a las garantías de todos, pero sin descuentos para nadie. Negar, minimizar y archivar apresuradamente esta triste historia, esta triste página, sería un error más y fatal. Entonces hay esperanza. Seguiremos conscientes y orgullosos, incluso en memoria de nuestros muertos, de la fundamental importancia que la magistratura ha tenido, ha asumido y seguirá teniendo y asumiendo en defensa de los derechos y las libertades constitucionales de todo ciudadano. Seguiremos conscientes de la belleza incomparable de servir al país con la toga sobre nuestros hombros, fortalecidos sólo por nuestra autonomía e independencia de cualquier otro poder".

De la busqueda de la verdad sobre las masacres 2

El Consejo Superior como órgano de garantía

De la necesidad de renovación del papel del CSM también habló, en la ciudad de Palermo, el consejero togado Sebastiano Ardita, haciendo referencia a una necesaria reforma cultural: "Los que vendrán deberán ser tiempos de reflexión, de estudio y de propuesta para que la magistratura, su representación, su autogobierno, dejen atrás la grave crisis de imagen y de funcionamiento que llevan consigo. En este marco, el poder judicial no debe temer a la confrontación, ni al juicio o la crítica de la opinión pública, de los abogados y de otras categorías profesionales. Es hora de que el consenso y la confianza entre la base de los magistrados, los miembros y el órgano de autogobierno se lleve a cabo en un terreno diferente, que no sea exclusivamente la carrera".

"Pero sobre todo es necesario restablecer el CSM a su función originaria de órgano de garantía –agregó- sin apegarse a la idea de una centralización de competencias y funciones en pocos lugares de influencia; impedir que la autonomía de los magistrados individuales ganada hacia el exterior se pierda en beneficio de los centros internos de poder".

Otros temas abordados se refirieron al sistema carcelario ("Necesitamos relanzar la importancia de la cuestión penitenciaria, como momento central de la acción social del Estado, apoyando y alentando las iniciativas para reinsertar a los presos implementadas con sacrificio por la administración penitenciaria en un marco de reglas y de civilidad de la pena") y la relación con la abogacía ("Es hora de superar los conflictos, recuperar la confianza de los operadores, derribar todos los muros con la abogacía, evitando actitudes de superioridad incomprensibles e injustificadas. Es necesario compartir con todos los operadores una posición de garantía hacia la ciudadanía -partes ofendidas y acusados- partiendo desde abajo, desde los desfavorecidos, desde los sujetos deseosos de justicia, y retornando así la función judicial a su instancia original de instrumento de defensa del débil").

A continuación, también reconoció la necesidad de nuevas estrategias en la lucha contra las mafias: "A la luz de la grave falta de intervención social, es necesario revisar las estrategias, incluso culturales, de lucha contra la mafia, demasiado a menudo centradas en la condena exclusiva de quienes han nacido y vivido en barrios de riesgo y han conocido un solo bienestar, el de Cosa Nostra. Y, por tanto, prestar la misma atención a la lucha contra quien ha dado cobertura y fuerza a los poderes mafiosos, incluso desviando recursos que habrían servido para dar dignidad a los ciudadanos que viven con malestar o bajo la línea de pobreza".

"Una antimafia que descuide estos aspectos –concluyó- corre el riesgo de dar lugar a una justicia de clase, donde la subprotección social termina por convertirse en la causa del crimen pero también en el único motivo real de la represión".

Entre la crisis económica y las infiltraciones mafiosas

Con la capacidad que siempre lo caracteriza para hacer un amplio análisis social de las relaciones que definen a la mafia y al sistema criminal se expresó el Fiscal General de Palermo, Roberto Scarpinato. En su discurso destacó "la necesidad de enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia agilizando y simplificando al máximo los trámites de concesión de subsidios, préstamos y medidas de acceso al crédito. De hecho, se ha producido una legislación de emergencia que ha favorecido la urgencia y el ensanchamiento de la discrecionalidad en detrimento de los controles, abriendo peligrosos y amplios espacios a maniobras corruptas y fraudulentas, así como a las infiltraciones mafiosas".

Además, al observar los datos económicos, "el juicio unánime de todos los observadores sociales, atestigua que el Covid amplió las desigualdades económicas existentes y que está cavando profundas divisiones sociales entre quienes tienen las garantías de un ingreso y el creciente número de muchos que carecen de ella. Especialmente en los territorios del sur caracterizados por el subdesarrollo, la inseguridad económica y los contextos laborales frágiles. En ausencia de fuentes alternativas de ingresos, existe el riesgo total de un deslizamiento gradual de partes significativas de esta masa de población hacia la llamadasubsistencia ilegal, que se divide en una amplia y variada tipología de delitos que, ya hoy en las encuestas, constituyen una parte muy significativa de las estadísticas judiciales de delitos investigados por los fiscales, desde robos en perjuicio de empresas proveedoras de energía eléctrica, gas y agua, robos de supermercados y otros".

"La crisis pandémica -subrayó el Fiscal General- ciertamente no produjo estos fenómenos propios de una economía criminal sumergida y en retroceso. Pero los ha agravado significativamente, haciendo aún más evidentes todos los límites de la llamada ilusión represiva. Esto es, de ser capaz de utilizar la respuesta penal para manejar complejos problemas socioeconómicos cuya solución debe buscarse en la planificación e implementación de políticas de desarrollo y rehabilitación social que eliminen o reduzcan, en su origen, las causas sociales que, en sentido descendente, producen incesantemente ciertas formas de ilegalidad. Ilusión represiva que aún sigue utilizando importantes cantidades de energía y recursos del Poder Judicial para producir un producto final cuyo resultado social es, en gran medida, evanescente en cuanto a disuasión y recuperación de los condenados a la cultura de la legalidad".

"Las investigaciones realizadas por la dirección distrital antimafia -continuó el magistrado de Palermo- siguen destacando la notable tasa de consenso popular que tienen las familias mafiosas en muchos distritos de la ciudad, caracterizados por altos índices de pobreza como Zen, Borgo Vecchio, Kalsa, Arenella y muchos otros".

"¿Cuáles son las razones de la permanencia de un consenso social tan extendido entre grandes grupos populares hacia la mafia? –se preguntó Scarpinato-. En los barrios donde el Estado no llega, o donde el Estado no llega a tiempo, sí llega el mafioso y, a cambio de consensos y lealtad, ofrece respuestas inmediatas a las necesidades elementales de subsistencia, de otra manera destinadas a quedar insatisfechas. Respuestas que consisten en encontrar trabajo en empresas o establecimientos comerciales de sujetos extorsionados o coludidos. O en la inserción de personajes necesitados en las cadenas productivas de la economía criminal como los traficantes o los flanqueadores, o incluso en la distribución de alimentos".

Finalmente, Scarpinato encendió la alarma sobre el año que viene y el riesgo de que las organizaciones delictivas exploten los fondos destinados al relanzamiento tras la emergencia sanitaria: "El año que tenemos por delante es un año decisivo. Los 222.000 millones de euros del "Plan de recuperación" suponen una oportunidad ineludible para relanzar al país y encaminarlo hacia el futuro mediante la planificación y la ejecución concreta de un plan estratégico integral y de largo plazo de inversiones. Estamos en una encrucijada de la historia. Es un desafío que pone en duda la responsabilidad de toda la clase dominante en todas sus articulaciones internas. Si este desafío se perdiera debido a la prevalencia de intereses particulares, personales y corporativos por sobre los intereses generales, y se perpetuara el saqueo de porciones sustanciales de los recursos destinados a la recuperación en las más variadas formas aprovechando el debilitamiento de los controles impuestos por la emergencia, más que enfrentados a una mera suma aritmética de responsabilidades individuales, nos encontraríamos ante un fracaso colectivo. En este caso, la futura estadística judicial podría leerse como la metáfora y el espejo fiel de un país inmóvil que flota en el presente prisionero de los vicios del pasado y sus límites".

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*Imagen de portada: www.antimafiaduemila.com

*Foto 2: © Imagoeconomica / El pleno del CSM

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