EL OSCURO CASO DEL MINISTRO VINCENZO SCOTTI

Por Giorgio Bongiovanni - 29 de Enero de 2014

Vincenzo Scotti ha sido Ministro del Interior desde el año 1990 al 1992. Fue en dichos años cuando el Gobierno, sirviéndose de la colaboración del entonces Ministro de Justicia, Claudio Martelli, y de Giovanni Falcone, quien temporalmente había dejado colgada en la pared su túnica de Juez, para dirigir la sección de Asuntos penales del Ministerio; votó una serie de leyes con el objetivo de realizar una decisiva acción de lucha en contra de la mafia. Scotti, que compareció a la audiencia del día de ayer, frente a los Fiscales del proceso “Borsellino Quater”, describió los delicados primeros años de la década de los ’90, caracterizados por una gran desestabilización política. Los años en los que comenzó a tomar forma la negociación Estado-mafia. “Unos meses antes el jefe de la Policía me informó que se preveían acciones de tipo terrorista”, se trataba de notas que señalaban objetivos que habrían llevado a una desestabilización del País aún mayor.

“Basándome en estas informaciones consideré oportuno, junto al jefe de la Policía, declarar el estado de alerta a los prefectos, la comunicación era reservada”. Pero después de algunos días “la noticia salió publicada en el periódico ‘Corriere della Sera’. Estábamos en campaña electoral, poco después del asesinato en Palermo -el 12 de Marzo de 1992- de Salvo Lima”, exponente de la Democracia Cristiana siciliana. En relación con dicha nota informativa “en la víspera de mi deposición ante el Senado, salió un comunicado de una agencia que anunciaba que esa deposición, de la cual estaba informado el jefe de la Policía, era de Ciolini, un conocido ‘despistador’”.

Elio Ciolini ya era conocido por sus ambiguos contactos con la extrema derecha y con los servicios secretos, así como también por haber intentado contaminar la investigación sobre el atentado de la estación de Bolonia de 1980. “Inmediatamente se creó un clima de desconfianza” continúa Scotti con su declaración.

El ex Ministro explica su posición de aquellos años, que por otro lado ya había sido aclarada unos días antes, al día siguiente del homicidio de Lima: “Solicité a la comisión antimafia que me explicara cuál era la decisión política que pretendía tomar en cuanto a la lucha en contra de la criminalidad organizada: se pretendía continuar con lo que nosotros habíamos encaminado a lo largo de los años ’90 y ’91, es decir, el conjunto de medidas que habíamos elaborado con la extraordinaria colaboración de Falcone y que estábamos completando, con lo que luego se convertiría en el Decreto de Ley del 8 de Junio del ’92, con las medidas del art. 41 bis (así como también la creación de la DIA, Dirección Investiga Antimafia, de la DDA, Dirección Nacional Antimafia, de las medidas en contra del lavado de dinero sucio, n.d.r.). Si elegimos este camino – continúa Scotti recordando su discurso – tendremos que afrontar una situación extremadamente dura, porque por las informaciones con las que contamos se vislumbra un pasaje de la mafia a una acción terrorista”.

Scotti precisa que el decreto del 8 de Junio, que demarcó de hecho el comienzo de la lucha en contra de la mafia, fue firmado “al límite de la inconstitucionalidad, por el entonces Presidente de la República Francesco Cossiga. Ese decreto, al que Cossiga definió como un ‘mandato de captura’ impidió liberar a los imputados ya condenados en el marco del maxi-proceso”. Con la colaboración de Falcone y de Martelli “se adoptaron diferentes medidas que encontraron una gran resistencia y criticas, e incluso sufrieron algunas modificaciones en el Parlamento. Críticas que surgieron por el maxi-proceso y por los métodos que se tendrían que adoptar en la lucha en contra de la mafia”. “Se corría el riesgo de que no se aprobara. Fue convertido en Decreto de Ley sólo porque en ese período ocurrió el atentado de Via D’Amelio. Había gran resistencia en contra del Decreto en su conjunto, incluso en el marco de la misma Democracia Cristiana”. Posteriormente el Decreto se convirtió en Ley el 7 de Agosto de 1992, después de la muerte del Juez Paolo Borsellino.

Scotti describe el clima que se vivía en aquellos años, junto al Ministro Martelli: “El objeto de la mayor reticencia era Falcone, sobre el modo cómo realizar la lucha en contra de la mafia”.

Con la formación del Gobierno de Giuliano Amato tanto Scotti como Martelli tenían considerables expectativas de ser ratificados en sus respectivos cargos, incluso en virtud de los brillantes resultados que habían obtenido: “Dijimos que estábamos dispuestos a seguir en el caso que el Gobierno estuviera convencido y determinado en seguir desarrollando una acción con un extraordinario esfuerzo de todos” dijo el ex Ministro. Scotti, después de veinte años, explica a los Fiscales, de manera detallada, el sorpresivo reemplazo del cual fue objeto en el momento que se le negó de improviso el cargo de Ministro del Interior, a pesar de los excelentes resultados obtenidos hasta ese momento: a pesar de que el Presidente Amato lo hubiera tranquilizado, en el momento de la formación de un nuevo Gobierno a finales de Junio del ’92 su cargo no fue ratificado. Una decisión que Scotti considera, desde el punto de vista político, como un error: en un momento delicado como el que estaba atravesando el País era más que indispensable dar una señal de fuerza y continuidad en las acciones que el Gobierno habría seguido desarrollando, especialmente en la lucha en contra de la criminalidad organizada. Martelli y Scotti, con la preciosa colaboración de Falcone, estaban desarrollando un trabajo que llevaría a la obtención de resultados brillantes.
Un trabajo que en cambio fue obstaculizado de manera evidente. En el lugar de Scotti fue nombrado Nicola Mancino. De hecho el Ministro anterior se habría opuesto a una línea de acción basada en la connivencia y en el diálogo con la mafia, estrategia que además contaba con el apoyo de los exponentes políticos que figuraban en la lista negra de Totò Riina, quien ya había dispuesto la eliminación del primer nombre de la misma (el Parlamentario Salvo Lima).

Mancino, de características completamente diferentes, hoy figura en la lista de imputados en el proceso sobre la negociación Estado-mafia. Acusado por falso testimonio, se le ha sumado un nuevo agravante, el de “haber actuado no solo para garantizar su impunidad sino además con el fin de ocultar el delito de atentado mediante violencia o amenaza a un cuerpo político, administrativo o judicial del Estado”, por el cual tienen que responder todos los imputados excepto el ex Ministro del Interior. Mancino, para “acomodar” su posición, no dudó en dirigirse al Jefe de Estado, Giorgio Napolitano, incluso a través del ex asesor Loris D’Ambrosio (y ninguno de ellos se opuso a la apertura de un diálogo con el mismo). Las conversaciones, grabadas por los Fiscales de Palermo, posteriormente fueron destruidas a causa del conflicto de atribuciones planteado por Napolitano. El enésimo, oscuro capítulo de la historia del Gobierno italiano.

Por lo tanto ha quedado lo suficientemente demostrado que Scotti no fue confirmado para su cargo en el Viminal porque la negociación estaba en curso y Mancino, en ese momento, constituía el único garante de ese diabólico pacto. Scotti, que representaba un obstáculo, fue eliminado políticamente. En cambio Paolo Borsellino, obstáculo bastante más potente , fue asesinado en Via D’Amelio: se concluye así la primera negociación. La segunda, en cambio, a pesar de los atentados que se siguieron perpetrando al año siguiente – en 1993 – en Roma, Florencia y Milán, aún sigue en curso.