Por Félix Vera-Mayo 2 de 2017

Paraguay sigue en una situación de grave ilegalidad e informalidad cuando hablamos de la falta de comprobación técnica- objetiva y veraz, de las propiedades y de la tierra, y más aun cuando se trata de tierras indígenas y de campesinos. Dentro de ese contexto encontramos una situación de olvido y de indiferencia, respecto a tierras productivas de la región de Curuguaty y de la región de Caaguazú, tanto en la zona denominada como Marina Kue como en la zona donde habita la comunidad Guahorí. Una situación de olvido e indiferencia, que deja un saldo de dolor entre los campesinos y los indígenas que residen allí, y que están en constante lucha por sus bienes inmuebles y por su sobrevivencia, con todas las desilusiones, los sufrimientos y los contratiempos que puedan originarse como consecuencia de los recurrentes reclamos, ante una autoridad notoriamente sorda e insensible.
El caso de Curuguaty , del 15 de junio de 2012 (en el que en una confusa intervención fiscal policial perdieron la vida seis policías y once campesinos) derivó en la condena de doce campesinos y en el procesamiento de unas cuarenta personas (estando algunas en calidad de prófugas de la Justicia), sin registrarse ni un solo procesamiento y ni una sola condena entre las filas policiales, lo que originó una protesta generalizada a nivel de los sectores campesinos y de las organizaciones defensoras de los DDHH. Fue un caso que se caracterizó por la aplicación de las condenas más altas en perjuicio de los campesinos, solo por el hecho de disputar un pedazo de tierra. Pero lo más grave fue, que la condena ya se consideraba cantada, incluso antes de la realización del juicio, por el componente político y el aberrante antecedente jurídico de la tierra en conflicto, llamada Marina Kué.

La misma suerte corrió la comunidad llamada Guahory, el 15 de setiembre de 2016, cuando unas 200 familias fueron desalojada de una colonia del Indert, (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de las Tierra) ubicada en el departamento de Caaguazú, a 245 km de Asunción. Esta vez, con una orden de detención (no de desalojo) el fiscal Alfirio González acompañado de 1300 efectivos policiales, con patrulleras y un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y colonos brasileños con tractores y filmadoras, procedieron a desalojar a las familias campesinas de sus tierras, derrumbando las casas, destruyendo los cultivos de autoconsumo, quemando sus pertenencias y robando sus animales. El reclamo era por 1300 hectáreas, sobre las cuales los colonos brasileros alegaron tener títulos de propiedad, mientras que la comunidad campesina sostuvo que los títulos de los colonos brasileños fueron falsos o fueron adjudicados de manera irregular.
Este caso está judicializado en el ámbito civil, pero eso no se tuvo en cuenta al procederse al desalojo. El jefe policial que dirigió el operativo, incluso fue premiado con un ascenso días después del desalojo. Y los colonos brasileños afirmaron a la prensa que entregaron 200.000 dólares a la policía para llevar adelante el desalojo. Por otro lado, un grupo de los campesinos que sufrieron el desalojo, se trasladaron a Asunción para instalarse en las inmediaciones del Indert para exigir solución a sus problemas Y hasta ahora no ha sido aclarado este conflicto.
Mientras tanto, estas dos comunidades: Marina kue de Curuguaty y Guahory de Caaguazú están abandonadas y aisladas totalmente del gobierno. Sin educación, sin vivienda, sin asistencia técnica, sin ayuda crediticia, sin ruta transitable, sin puente, y sin la posibilidad de vender sus productos por falta de comodidades. Y dentro de esta estructura social, el campesino es explotado, es oprimido y vive pobre.
Históricamente se lo desplaza una y otra vez de sus tierras, para establecer agro negocios o para construir mega proyectos. Se le impide un desarrollo adecuado. Se aprovecha de su producción barata y de su trabajo. Y se le expropia de su excedente de trabajo, desconociendo su cultura, su participación real en las decisiones nacionales, su libertad de organización y las movilizaciones por su autonomía.
El Estado paraguayo parece no tener la más mínima consideración de aspectos muy importantes. A saber: que la economía campesina puede cumplir una función dinámica y equitativa dentro de la economía nacional y mundial, siempre y cuando replanteen su articulación: dentro de la cadena y de los círculos productivos nacionales, especialmente en el poder político y en su capacidad de intervenir en las decisiones que afectan la vida de las comunidades.
Y hay un dato interesante, que no podemos ignorar. En ocasión de una marcha campesina del mes de marzo de este 2017, el Secretario Adjunto de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, Marcial Gómez, entrevistado por La Radio del Sur, en el programa “Mientras Tanto y Por si Acaso” declaró algo que es muy oportuno que sepa el lector.
Gómez afirmó:“La Federación Nacional Campesina (FNC) junto a otros trabajadores se movilizaron por vigésimo cuarta vez hasta la Asunción, donde exigieron que se garantice una justa distribución de las tierras en Paraguay, donde el 85 % de la tierra está en manos privadas, mientras que el 4% lo tienen los pequeños productores, y cerca de 600 mil familias campesinas carecen de terrenos para cultivar”.

*Foto de Portada: www.laradiodelsur.com