En medio de un juicio político el presidente Guillermo Lasso cargó contra el poder legislativo y llamó a elecciones anticipadas

La sede del Congreso Ecuatoriano amaneció este miércoles pasado bajo custodia militar. En el sumario de caos democrático, es la enésima situación desestabilizadora que se agrega y que sufre el país en los últimos meses, en medio del aumento de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por las condiciones de vida.

Pero históricamente es la primera vez que un representante del poder ejecutivo aplica la llamada "muerte cruzada", una medida que fue contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 y que puede aplicarse en la nación debido a una “grave conmoción interna y política”. Este instrumento surge debido a que, entre 1997 y 2005 tres gobernantes elegidos por mandato popular, fueron derrocados en medio de revueltas ciudadanas.

Ya en el mes de junio, el Parlamento intentó destituir a Lasso en medio de violentas protestas de los pueblos originarios, acentuando la indignación en el inalcanzable costo de vida, pero debido a que faltaron 12 votos, el mandatario continuó en el cargo.

El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar este miércoles, antes de un llamado a la votación sobre su posible destitución por peculado, pero Lasso suspendió dicho proceso, invocando el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que disuelve el parlamento, hasta este entonces, de mayoría opositora, y convocó a elecciones generales anticipadas, pero entre tanta dialéctica del bien común, Lasso olvidó resaltar las posibles impopulares razones por las cuales podrá gobernar por decreto hasta la instalación de la nueva asamblea nacional.

Entre tanto la ley establece un plazo máximo de siete días tras publicar el decreto de disolución, entonces se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que termina en 2025.

La oposición denuncia de que Lasso tuvo conocimiento de las maniobras perjudiciales para el Estado de un contrato firmado por la naviera estatal Flopec con la firma de transporte petrolero Amazonas Tankers que representó una pérdida de 6 millones de dólares para Ecuador y que no actuó en ningún momento para revisar sus condiciones.

Además, otro argumento que presenta la oposición, es que el presidente no puede invocar la muerte cruzada por estar cursando un juicio político, el cual se da en instancias donde Lasso sufre de debilidad electoral ante una dura derrota el pasado 5 de febrero, en el que el gobierno planteaba realizar reformas en la constitución. Un escenario complejo para el mandatario de derecha, donde el correismo gana terreno, constituyendo la principal fuerza legislativa y en donde sus representantes asumieron, hace escasos días.

Por su parte, Rafael Correa tildó de "ilegal" y de "golpe de Estado" la decisión de Lasso. "Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler", apuntó el expresidente, que se encuentra actualmente exiliado en Bélgica.

Desde otra instancia de lucha, las organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se encuentran en asamblea permanente para decidir si salen a las calles como en junio del año pasado y en donde se paralizó prácticamente todo el país.

Esteban Torres, quien fue elegido el domingo, como segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, acudió este miércoles a la Corte: “Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República que, ilegítima e inconstitucionalmente, disuelve la Asamblea Nacional”, dijo a los medios.

Por otro lado, la Conaie, alertó sobre los planes privatizadores que aparentemente escondería esta medida. Su presidente, Leonidas Iza, en una declaración por streaming, calificó como "un autogolpe de Estado encubierto, apoyado por botas y bayonetas", e insistió en el aspecto de que el mandatario decretó la "muerte cruzada", además para poder aprobar leyes impopulares que afecten directamente la soberanía y la calidad de vida de la gente.

Sobre este tema el representante de los pueblos originarios afirmó además que, si el banquero de derecha emite decretos de ese tipo, tendrá seguramente un "rechazo popular desde las calles".

Foto: composición Antimafia Dos Mil