Habíamos seguido los alegatos del proceso judicial  del Lonko Facundo Jones Huala, preso político Mapuche, (extraditado desde Argentina) imputado por ser el presunto autor del incendio en el interior del fundo Pisu Pisué en enero de 2013. Se enfrenta a juicio para esclarecer los hechos, en el Tribunal  Oral  Penal de Valdivia.  

Karina Riquelme abogada defensora de la autoridad mapuche recalcó la “inconsistencia de las pruebas presentadas por Inteligencia y lo evidente de que éstas no puedan ser valoradas”.

Pablo Ortega,  el otro abogado defensor del Lonko Facundo Jones Huala, señaló que “las pruebas y los testigos presentados en la audiencia cayeron en contradicción, lo que provocó duda por las evidencias que culpaban a Jones Huala”. El abogado defensor de la autoridad ancestral, agregó que “la Fiscalía sorprendió con testigos nuevos” sin embargo los nuevos declarantes no pudieron reconocer físicamente a Facundo Jones Huala.

En tal situación habíamos escuchado a la defensa que se mostraba optimista con el resultado del juicio, hasta nosotros soñamos ingenuamente a ratos y a ratos también estuvimos optimistas, basados en dichos antecedentes; pero, de repente, despertamos del sueño y volvimos a la realidad. La triste realidad que es la persecución del pueblo mapuche, usando todas las instituciones del Estado para estos fines, por el servicio al capital y a los dueños del dinero.

Entonces, mientras unos (el pueblo mapuche) no tienen derechos de ninguna naturaleza, y se hace de sus procesos judiciales e investigaciones de la Fiscalía o de las policías, un verdadero “circo” (pues la sentencia judicial es independiente del proceso, porque viene de antemano dada por una política general del poder político, servil del poder económico) otros, como los carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca, confesos, imputados detenidos ( pero no incomunicados) se dan maña para elaborar un video donde el Sargento Carlos Alarcón, movido por su estupidez, declara que alguien los hizo mentir, derrumbando el montaje que había construido el aparataje oficial para crear una versión acomodaticia que produjera el menor revuelo posible entre los involucrados.

Pero contrariamente a lo previsto,  Alarcón, con su declaración, comprometió hasta las más altas esferas del Estado, y a lo mejor sin saberlo  desató más movilizaciones que debilitaron notoriamente al Gobierno.

La declaración del Sargento Carlos Alarcón, del Comando Jungla de Carabineros de Chile, autor del disparo que terminó con la vida de Camilo Catrillanca fue la siguiente: “Todavía falta que salgan cosas a la luz, porque ustedes que nos conocen saben que nosotros no actuamos a la mala ni como delincuentes. Ustedes saben que no soy un delincuente ni nadie aquí, por lo tanto aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía. Me basta decir que Dios está conmigo y con todos nosotros y de esta vamos a salir”

La gravedad de sus dichos es manifiesta, el Gobierno no escuchó, el poder judicial no escuchó y el parlamento tampoco escuchó, y sin embargo de los cuatro imputados, dos fueron liberados y los otros dos permanecen detenidos en un recinto policial, no incomunicados, probablemente con todo tipo de comodidades.

Nunca desde marzo de 1990, los Carabineros han reconocido su participación en tantos delitos sucedidos en sus cuarteles, donde eran amos y señores.  Nada ha cambiado en sus estructuras y formación como servidores públicos. Un pozo sin fondo para recursos, entregados por el fisco, que se reparten entre oficiales convertidos en un verdadero cartel.

El reciente desastre del llamado “Comando Jungla” no es otra cosa que la guinda de la torta de un Estado que adoptó la persecución a los mapuches como política desde hace varias décadas. Llámese: Dictadura, Concertación, Nueva Mayoría o Chile Vamos, todos decidieron aplastar y reprimir al Pueblo Mapuche de manera sistemática. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta es sencilla: Para defender el negocio de las empresas forestales.

 La criminalización sistemática del Estado chileno al pueblo mapuche tiene una única gran motivación: Defender a las empresas forestales que destrozan el medio ambiente con monocultivos de pino y eucalipto.  Ya que si al mundo mapuche le quitas el discurso del “Terrorismo”, lo que queda es la justa demanda por territorios y la defensa a la naturaleza. Dos cosas que atentan directamente contra el negocio de la depredación forestal que hacen las empresas de Matte y Angelini, dos grupos económicos que son reconocidos financistas de campañas políticas.

Los Gobiernos de turno llevan décadas militarizando La Araucanía y la situación cada vez está peor. Es momento de entender que el problema de la región no son los mapuches, el problema son y siempre han sido las empresas forestales y su negocio que sólo traen pobreza. (La Araucanía es la región más pobre de Chile mientras que Matte y Angelini están dentro de los más ricos del país). Esto no es un conflicto policial ni mucho menos terrorista, es un conflicto político y social.

 ¿Cuántos mapuches más tienen que morir  (o condenar) para que lo entendamos como país?

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*Foto de Portada: www.dw.com