Por Antimafia Dos Mil-26 de diciembre de 2022

Ya pasó navidad. Se siente el aire de las fiestas, de los regalos, del verano, de las vacaciones. Pero también, hay reminiscencias de antiguos gobiernos postdictadura. El apellido Lacalle es tal cual un estandarte, de algunas políticas de gobierno y de otras acciones más antipolíticas, que se vuelven a repetir, como en los años de la más grosera influencia estatal sobre los medios de prensa.

El pasado martes 20 de diciembre, trascendió la noticia de que el excustodio de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, hoy en prisión acusado de graves delitos, habría chateado con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, solicitándole información acerca de un viaje que la expareja del presidente, Lorena Ponce de León, realizaría en el mes de junio de este año, cuando ya ambos estaban separados. También habría consultado lo mismo a un custodio personal de Ponce de León, quien aseguró en reiteradas ocasiones a Astesiano, que le era “leal” a él y no a la mujer a quien estaba custodiando.

La información fue transmitida a través de MVD noticias, el informativo de TV Ciudad, y replicada por medios como Caras y Caretas. Sin embargo, los medios tradicionales y poderosos del Uruguay, El País y El Observador, o Montevideo Portal, nada dijeron al respecto.

En las redes sociales, sin embargo, comenzó a circular una captura de un documento de Word, publicada de forma individual y personal -no en el medio- por algunos periodistas y editores del diario El Observador, dando esta información al detalle, y transcribiendo algunos de los mensajes que intercambiaron los hombres. Periodistas como Carolina Delisa, Diego Cayota, Martín Natalevich y otros, integrantes del plantel fijo de El Observador, tomaron la determinación de publicar en sus Twitter personales, esta información, que habría sido censurada por la dirección del medio.

Según se pudo conocer, la decisión de censurar un nuevo capítulo de los chats de Astesiano, tan importante para el aporte democrático y la libertad de prensa, vino de la mano de una llamada del gobierno con el pedido explícito de no publicar dicha información.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), emitió un comunicado de “solidaridad y respaldo a los trabajadores del diario El Observador que fueron objeto de un acto de censura promovida por los actuales propietarios del medio”. Este episodio, valora el sindicato de periodistas, es “grave” y “afecta la libertad de expresión y de trabajo de periodistas”.

A su vez, en el comunicado el Consejo Directivo Central “insiste en señalar su gran preocupación por la sucesión de hechos, en su mayoría asociados a las más altas esferas del poder, que está afectando el desempeño profesional de la tarea periodística y, lo que es más grave aún, la calidad democrática del país”.

Los dueños de El Observador adquirieron el medio en mayo de este año, y el director periodístico es Ricardo Peirano, anterior titular de la empresa. Actualmente está en manos de un grupo empresarial de inversiones, del cual Pablo Tarantino es presidente y tiene además a los accionistas Gabriel Hochbaum y Gerardo Werthein.

En el comunicado, APU asegura conocer la existencia de “al menos una llamada desde el gobierno para que la información en cuestión no se publicara”. Una denuncia clara, contundente, y realmente grave, de ataque y censura al periodismo y su función de “perro guardián” de la sociedad y de las instituciones del Estado.

La información, según fue reflejada en otros medios y publicada por varios periodistas de El Observador, estaba debidamente chequeada y comprobada, por lo que no habría excusas válidas para tal censura.

De todas formas, la empresa emitió una editorial al día siguiente, el 22 de diciembre, al respecto: “No hubo censura de ningún tipo solo que primó el criterio editorial cuyo fundamento fue no sumarse a publicaciones que afectan la vida personal de la familia presidencial”.

La excusa empresarial, según la publicación, defiende la idea de que el presidente y su familia no son de interés general, lo mismo que las actividades que incluyen un seguimiento particular a una ciudadana, es decir un espionaje que utiliza medios del Estado, que es de todas y todos.

El presidente de APU, Fabián Cardozo, refirió a La Diaria que existe un “permanente hostigamiento” a la prensa por parte del plantel de este gobierno. Desde el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), lo que sucedió “debilita el debate público y vuelve a poner en la agenda la existencia de posibles presiones del gobierno para afectar las informaciones que involucran al entorno del presidente Luis Lacalle Pou”. Dijera Cardozo, “algo similar a lo que podría llamarse un blindaje” en torno al mandatario. Amnistía Internacional en Uruguay también destacó su preocupación por el hecho, lo que llamó la atención por la posibilidad de un “uso irresponsable y peligroso del aparato de seguridad estatal con fines de vigilancia ilegal y espionaje”, al perseguir a una ciudadana con las herramientas del Estado para satisfacer intereses personales, vulnerando la privacidad e intimidad de una persona, que además es una mujer.

En paralelo, el apoyo de otros colegas del periodismo se hizo sentir en medios diversos. Twitter como siempre fue la elegida para emitir la postura de varios, pero también algunos periodistas lo hicieron en radio y televisión. Leonardo Haberkorn, que también trabaja para el medio en cuestión, twitteó: “Qué estupidez querer frenar una noticia. El mundo cambió. El Uruguay cambió. El periodismo cambió. Si no lo entendés, vas a hacer papelones. Buenas noches”. Y en Desayunos Informales, un programa que se emite por Canal 12, fue más directo: “Me consta que hubo intentos desde Presidencia de que la noticia no saliera”.

Un comentario que alude específicamente a Luis Lacalle Pou, actual presidente e hijo de Lacalle Herrera, quien en sus años de mandatario hizo lo propio, reiteradas veces.

Sin duda estos comportamientos, acompañados del constante ataque a la prensa por parte de jerarcas y políticos del oficialismo, traen reminiscencias del gobierno de Lacalle padre, conocido por sentarse a teléfono a exigir la censura de publicaciones a los grandes medios, que siempre fueron lacayos del poder y protegieron a sus empresas para que pudieran seguir siendo apoyadas desde los gobiernos de turno, con un comportamiento anti periodístico, antidemocrático y en contra de la libertad de expresión.

“El fruto no cae lejos del árbol”, dijo el hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera durante su campaña por la presidencia de la república, consultado sobre su forma de hacer política. También comentó que “en moral y ética” es como su padre. “Si hay una duda sobre la moral de Lacalle, yo soy igual a mi viejo y no tengo dudas”.

Las alarmas ya están encendidas

En noviembre de este año, CAinfo publicó una nota sobre la preocupación que generan algunas actuaciones en contra del trabajo de investigación y difusión que realizan periodistas en Uruguay. Es una preocupación creciente, ya que la calidad democrática se está viendo afectada por sucesos y ataques públicos cada vez más graves.

Los últimos dos casos que trascendieron fueron los de Eduardo Preve, director del informativo de TV Ciudad, y el de Alfonso Lessa, quien conducía en Canal 4 el programa Otra mirada. Ambos tuvieron distintas situaciones muy delicadas por ejercer su profesión.

En el caso de Eduardo Preve, se abrieron dos investigaciones; una en la justicia y otra en el Parlamento, luego de que hiciera público el Plan Nacional de Inteligencia a través de su cuenta personal de Twitter, razón por la cual intentaron castigarlo y censurarlo. Las consideraciones públicas que surgieron a partir de la publicación incluyeron la posibilidad de una actuación judicial en su contra.

Fabián Werner, presidente de CAinfo dijo a La Diaria: “Está claro que hay un problema. Todavía no sabemos por qué razón no hay voluntad política para encararlo”, algo que desmienten desde las dirigencias políticas “diciendo todo lo contrario, que todos los informes que han aparecido últimamente son falsos, que en Uruguay florece la libertad de expresión”.

Respecto a Lessa, habría denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que el 19 de agosto, intentaron amedrentarlo durante un viaje en auto. El periodista conducía un auto junto a su esposa a través de la ruta Interbalnearia, cuando otro vehículo comenzó a seguirlo. El otro auto, que se le colocó al lado, apagaba las luces de tanto en tanto, lo que además le hacía perder de vista a quien le estaba persiguiendo. Este hecho fue catalogado por Lessa como “perturbador”.

Para el periodista, es “evidente” que quienes lo siguieron estaban al tanto de sus movimientos, y cree que existe una relación entre sus investigaciones periodísticas y lo que le sucedió, particularmente sobre sus pesquisas respecto al asesinato de Saúl Feldman.

Los dos sucesos, indicaron desde CAinfo, “serán incorporados al Monitoreo de Restricciones y Amenazas a la Libertad de Expresión que realiza Cainfo”.

En junio de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), organismo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe anual respecto a la persecución hacia el periodismo en Uruguay: “La Relatoría ha recibido denuncias que alegan un creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos, especialmente en redes sociales y presuntamente por parte de voces oficiales”.

Denuncias que no cesan, hostigamientos que se profundizan, y una libertad de prensa que cada vez está más señalada y desdeñada por quienes no quieren que la verdad se sepa.

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*Foto de portada: apu.uy