Domingo 26 Mayo 2024
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COLUMNA ANTIMAFIA

El periodista argentino Hugo Alconada, hablando del tema lavado de activos, en la Mesa de Mirtha Legrand por Canal 13, reprochó a los uruguayos como lavadores y como corruptos. Sus opiniones desataron una polémica. El abordaje de un tema tan sensible en estos momentos en el Uruguay, nos lleva a una profunda instancia de reflexión.

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En Comisión del Parlamento, nombres y silencios en torno al caso, a diez años de los hechos

Por Jean Georges Almendras y Victoria Camboni-19 de diciembre de 2022

La búsqueda de justicia para la familia Hernández continúa. Desde el 12 de noviembre de 2012 a las 23:45, la vida de Víctor cambió para siempre cuando una bala perdida impactó contra su columna vertebral, y aunque logró sobrevivir, quedó en silla de ruedas. Ese 12 de noviembre, Víctor dejó de caminar, y comenzó a andar la más grotesca impunidad.

El año pasado, un equipo de Antimafia Dos Mil fue a La Paloma, Rocha, a la casa de Víctor y su hermano Daniel. Ambos vienen buscando ayuda para lograr que alguien se haga cargo de lo que pasó, ya que la justicia no ha condenado a nadie en todos estos años de investigación. Nos contaron que estaban gestionando algún contacto con el ministro Luis Alberto Heber, intentando que el caso sea visible para las autoridades del Ministerio del Interior, porque la bala perdida partió de la casa propiedad del Ministerio del Interior que el subcomisario Marcos Martínez de La Paloma, en Rocha, usaba como vivienda. Allí se hacían fiestas en las que -dicen los vecinos, y no solo- circulaban vicios de todo tipo, y personas de altas esferas sociales.

Hace poco más de un mes, el 11 de noviembre, la investigación proscribió por cumplirse los diez años. El saldo, ninguna persona condenada, ni por la responsabilidad del balazo, ni por el encubrimiento, ni por la serie de irregularidades que sucedieron después. Aunque en lo penal no hubo ningún logro, la causa continúa su curso en el ámbito civil, buscando el resarcimiento del Estado. Pero el caso tomó estado público -por haber sido denunciado en diferentes medios de prensa capitalinos, entre ellos Antimafia Dos Mil-  y se logró que se abriera en el Parlamento una comisión investigadora para esclarecer los hechos y entender qué relación tuvo en toda la situación el actual senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, quien en el momento de los hechos era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, hoy acusado de realizar maniobras ilegales para de alguna manera encubrir a los responsables.

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Lapso después de que se divulgara en los grandes medios al caso de Víctor, las cámaras enfocaron a Charles Carrera. Casualmente, el senador había presentado una denuncia contra el Estado y el negociado que hizo con la empresa belga Katoen Natie, instalada en el puerto y con su gestión a cargo hasta el 2080. Todo esto vinculado de alguna manera con el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, a quien un alto jerarca de Vertical Skies -una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos- pidió a Astesiano información sobre Carrera y sobre otro senador frenteamplista -Mario Bergara- para “atarlo” y lograr a través del uso de información vinculada a él -una suerte de extorsión- que declinara de su denuncia contra la empresa portuaria.

La comisión sesionó por primera vez la semana pasada, recibiendo a Víctor y Daniel Hernández, y a su abogado, Roberto Ferreira. En esa sesión, se hizo un relato pormenorizado de los hechos y trascendió algo particular: Ferreira se refirió al presunto responsable de los disparos. El abogado habló sobre una conversación que mantuvo con una colega, Gina Ortega, en el despacho de la mujer. Allí, se habría dado el siguiente diálogo, según relató El País respecto a las palabras de Ferreira ante la comisión especial: “Ella me pregunta: ‘¿Quién estaba? ¿Estaba fulano de tal?’ Le contesté que sí, entonces, me dijo: ‘Pará que lo llamo’. Tenía uno de esos aparatos antiguos para enviar faxes que lo puso en altavoz y yo escuché todo lo que decía el hombre del otro lado. El tema es después, ¿cómo lo pruebo”. Si bien Ferreira no dijo el nombre de la persona con la que habló Ortega durante la sesión, sí lo confirmó cuando El País le consultó: se refería al comisario Mario Correa, quien habría estado la noche del disparo.

En el diálogo, Correa le habría dicho a Ortega, siempre según consigna Ferreira y recoge El País: “Este fue a la fiesta, estaba desacatado y empezó a tirar tiros para todos lados; el problema no era este que pegaba los tiros, sino que había gente que no debía estar allí, no era el ambiente adecuado. Entonces, corrimos las cosas, y ahora estamos todos metidos en medio de un baile (...). ¡A mí qué me importaba el desgraciado ese, si no fuera por la gente que había allí!”.

El hombre del que hablaba Correa es Victorio Forapagliero, un reconocido empresario de Rocha, que estuvo en la fiesta cuando Víctor Hernández cayó abatido por una bala lanzada desde la casa del subcomisario Martínez.

Daniel, el hermano de Víctor, habría denunciado al padre del empresario por ingresar al predio de su casa en junio de este año.

La comisión continuará con la próxima sesión en marzo. Mientras tanto, quedan algunas posibles acciones legales por parte de la familia Hernández. Una de ellas es comenzar un juicio al Estado en caso de no obtener una indemnización en el juicio civil que están llevando adelante los hermanos, lo que se denominaría como “juicio de responsabilidad”. La otra acción sería recurrir a la Suprema Corte de Justicia por el “funcionamiento irregular” de los juzgados, algo que el cabildante Guillermo Domenech precisó durante la sesión.

En la próxima sesión, serán citados a declarar el exsubcomisario Martínez, el exdirector de Sanidad Policial Leonardo Anzalone (responsable del Hospital Policial, donde estuvo alojado Víctor junto a su hermano durante tres años con la firma y aval de Carrera), y el perito de la causa Washington Curbelo, que realizó una investigación para determinar la trayectoria de la bala. En tanto, los senadores integrantes de la comisión especial solicitaron toda la documentación del caso a la Suprema Corte de Justicia.

Los rumores corren sobre la comisaría de La Paloma. La impunidad y las situaciones turbias parecen formar parte del ideario popular de los vecinos en la ciudad rochense, y este parece ser otro caso que lo alimenta. Hace pensar incluso al menos versado, que hay algo que se busca esconder, porque no es posible que ante tantas irregularidades nadie se haga cargo del asunto. Porque no se entiende cómo una alta jerarquía del gobierno como lo es Charles Carrera, haya minimizado lo ocurrido y en vez de realizar una investigación interna para esclarecer los hechos, ocultó con dinero y tratamientos, un hecho de corrupción que se desprende de su cartera y por lo tanto sobre la que debía de alguna manera dar respuestas concretas. Y si se quiere, asumido el episodio, buscar que la justicia no deje en la impunidad una situación de esa naturaleza. Esto no lo hizo; más bien, hizo lo contrario, barrió todo bajo la alfombra, busco “resarcir” a los Hernández con la ayuda -irregular- del Hospital Policial, buscando el silencio. Mucho silencio. Pero el silencio tuvo su fin. Ahora, la verdad salió a la luz pública, fruto de una progresiva , valiosa, meritoria y valerosa campaña de divulgación que dieran comienzo los hermanos Hernández, que con el tiempo fueron encontrando eco, primero en algunos medios de prensa rochenses, algunas -muy pocas- autoridades y fuerzas vivas (entre ellos Alcides Perdomo, exalcalde de La Paloma de hace un par de años, hoy fallecido), y luego en otros medios periodísticos de Montevideo (no todos) siendo Antimafia Dos Mil, uno de los primeros en apoyar una causa que parecía que iba a ser fagocitada por la impunidad.

Hoy, ese silencio se extinguió; veremos qué ocurre ahora, porque todo está visible, pero aún es endeble el perfil de condenas para los responsables de una repulsiva maniobra criminal, que lisa y llanamente involucró a la administración de José Mujica y de Tabaré Vázquez, y que, de mantenerse sin avances, también podría alcanzar a la administración Lacalle. Pero, por el momento la última palabra no ha sido dada aún. 

Recién en el mes de marzo del 2023 se reiniciarían las investigaciones parlamentarias. Ahí se entrará otra vez a la cancha. ¿Qué ocurrirá? Hoy, todavía no hay respuesta firme, pese a los avances registrados.

Solo de llegarse a la imputación del autor del disparo que dejó en silla de ruedas de por vida a Víctor Hernández, será, sin lugar a dudas, un paso histórico en un caso de impunidad detestable, en el que se vieron involucrados el aparato policial, la justicia y el poder político de turno.

Corrupción y criminalidad, lisa y llana. En lo que concierne al Hospital Policial, facilitado por Carrera a Víctor Hernández, es otra historia, no menos corrupta, por cierto.

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*Foto de portada: ladiaria.com.uy

*Foto 2: Antimafia Dos Mil