Según la fiscal Fossati, el excustodio “tiene contacto con todos los políticos”
Por Antimafia Dos Mil-30 de setiembre de 2022
El secretario de la Senaclaft, máxima jerarquía del organismo que se ocupa del lavado de activos en Uruguay, Jorge Chediak, se mostró preocupado por el acceso a las bases de datos públicas que se han utilizado en el caso del exjefe de la custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou para cometer los delitos. Sus comentarios surgen luego de que la Fiscalía dispusiera una nueva investigación contra Alejandro Astesiano, esta vez por posible lavado de activos. Este hecho, para Chediak, “enciende las alarmas”.
La investigación surge a raíz del avance en las investigaciones que lo vinculan a una red de falsificación de documentos para dar ciudadanía uruguaya a ciudadanos rusos, y posteriormente tramitarles pasaporte uruguayo. En el peritaje, se pudo detectar que Astesiano tiene varias propiedades, lo que despertó la sospecha de posible lavado de activos.
La fiscal del caso, Gabriela Fossati, aseguró que Astesiano "tiene contacto con todos los políticos", razón por la cual ordenó su detención preventiva por 30 días. Además, sospecha que, al momento de la captura, el domingo 25 de setiembre, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes -a la que acudió el director de Inteligencia para llevar adelante su detención-, Astesiano ya estaba enterado de lo que iba a ocurrir, motivo que genera la evidente interrogante: ¿quién le avisó?
Lo cierto es que fue comprobado que Astesiano eliminó todos los mensajes que lo vinculaban al escribano también imputado, Álvaro Fernández: "No se sabe si es que tuvo conocimiento o no de la investigación”, habría asegurado Fossati a medios locales.
Además, sostuvo que el expolicía "tiene una situación de privilegio”. “Es una persona que tiene toda la información de todas las personas del país. Ha estado junto al presidente de la nación y fíjese que ni siquiera el presidente de la nación imaginaba una situación de esta naturaleza”, aseveró.
De las informaciones difundidas por El Observador, se desprende que Astesiano habría mencionado, en sus conversaciones vía WhatsApp con Fernández, al director del Ministerio del Interior como “amigo”. También habló sobre Cancillería y sobre “el 1 ahí”, refiriéndose a un funcionario público con un alto cargo dentro del Estado, aunque no trascendió a qué sector se refería Astesiano.
Las sospechas de Fiscalía están dirigidas a que los pasaportes falsos obtenidos por los rusos tenían como finalidad ingresar a Europa para realizar acciones criminales con organizaciones en el continente europeo.
La función de Astesiano era ubicar los contactos dentro del Estado, “en puntos estratégicos”, y extraer información privilegiada de las bases de datos estatales para realizar las gestiones.
Hasta el momento son tres los imputados con prisión preventiva: Alejandro Astesiano, Álvaro Fernández y Alexey Slivaev, quien conseguía los clientes y oficiaba de traductor entre los rusos y los uruguayos. También está vinculada una ciudadana rusa de 20 años, que se presentaba como gestora para realizar los trámites ante las entidades públicas.
La investigación comenzó en 2019, y fue archivada. Pero en agosto de 2021, tuvo que ser reabierta debido a una denuncia presentada ante el Consulado de Uruguay por parte de la Asociación de Compatriotas Rusos en México, que notaron que había una gran cantidad de rusos con documentación uruguaya falsa, obtenida a través de Slivaev, quien gestionaba los clientes desde la cuenta de Facebook “Todo sobre inmigración a Uruguay”, con casi 8 mil integrantes de proveniencia rusa.
El martes 21, el ruso Roman Karpov fue detenido intentando sacarse la cédula en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), donde fue detectado que portaba una partida de nacimiento falsa.
Desde Identificación Civil, ya tenían detectados 60 trámites de identidad realizados con documentación falsa.
En las últimas horas, la investigación detectó que dos funcionarios del Registro Civil habrían participado de la red delictiva, brindando falso testimonio para la confección de las partidas falsas, incluso poniendo como dirección la que remite a las oficinas del Registro Civil.
Según el diario El País, Luis Lacalle Pou habría recibido dos veces legajos de Astesiano –en marzo de 2020 y en setiembre de 2021-, pero en ninguna de las dos ocasiones tuvo ninguna indicación sobre sus antecedentes penales por estafa, causa por la que fue procesado por la justicia en 2002 y luego en 2013. Álvaro Garcé, quien hoy es director de Inteligencia Estratégica del Estado, con información que le brindó el Ministerio del Interior, habría notificado al presidente únicamente de las indagatorias que pesaban sobre Alejandro Astesiano.
Según informó El Observador, los antecedentes de la estafa de 2002 habrían sido eliminados en 2018.
Siguen las repercusiones
En filas del Frente Amplio, el descontento va en aumento. Así lo expresan algunos de sus representantes, como el senador Alejandro Sánchez, quien disparó contra la cartera de seguridad, en respuesta al comunicado emitido por el Ministerio del Interior, donde a través de un twitt informaron que realizarían una “investigación de urgencia” para determinar “quién o quiénes alteraron la información” de los antecedentes penales de Astesiano presentada al presidente Lacalle Pou: “Nos están diciendo a todos los uruguayos que el Ministerio del Interior no puede garantizar la información que entrega”.
“Estamos regalados". "Cada minuto que pasa, el gobierno sigue patinando”, ya que "colocó a un estafador en un lugar muy sensible, y lo que hizo fue desde allí seguir estafando".
Desde la Vertiente Artiguista, sector del Frente Amplio, se emitió un comunicado en el que se pide la renuncia del ministro del Interior Luis Alberto Heber, alegando que “no se puede continuar sosteniendo a un ministro del Interior que demostró no tener control de lo que sucede”.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó sobre el caso: "Cuando sos indagado tantas veces y procesado en una, como mínimo, no puede ser la custodia del jefe máximo del Estado". Y agregó: “Un funcionario intachable no tiene tantas indagatorias no anda buscando por cuenta propia delincuentes que les roban a sus hijos, está la legalidad”, mencionando en sus comentarios el caso del robo al hijo de Astesiano en julio de este año, donde acudió el excustodio personalmente.
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, entiende la situación como un “error grave” que “se cometió” desde el Poder Ejecutivo: “Nos parece realmente inexplicable. Reconocemos el principio de presunción de inocencia, pero al parecer ya había información alarmante en materia del jefe de seguridad”, manifestó.
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*Foto de portada: mediospublicos.uy / Jorge Chediak, secretario Senaclaft
*Foto 2: grupormultimedio.com / Gabriela Fossati, fiscal de Flagrancia n°12