Por Antimafia Dos Mil-18 de setiembre de 2022

No podemos olvidar cuando en los años 2000 nuestro país fue catalogado como un paraíso fiscal, donde no solamente no había controles, ante el posible lavado de dinero y activos, sino que además todo el sistema y el entramado legal favorecían la circulación de dinero sin control. Ahora, en 2022, aunque el foco de las cámaras está en otros temas, esta realidad parece ser la misma. Tenemos un Sebastián Marset, como el narcotraficante más famoso y mediático de los últimos años, que ha gestionado cuantiosas sumas de dinero y las ha hecho circular entre Uruguay y Paraguay, por nombrar un caso. Pero, aunque menos famosos, muchos más son los casos de lavado de dinero que involucran a nuestro país.

Hoy por hoy, estamos en una lista “gris” para la Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y no son claras las perspectivas de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Ya lo dijo el supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gustavo Misa, durante el 10° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: “Uruguay determinó que el delito fiscal era uno de los delitos determinantes de mayor prevalencia y sin embargo a lo largo del tiempo, creo que no tenemos una sola investigación penal”.

Fuertes declaraciones, según el dicho popular.

Actualmente, la Senaclaft se está centrando en registrar y controlar a organismos que hasta el momento no estaban siendo contemplados: Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), pero también organizaciones sin fines de lucro deportivas, religiosas, así como sindicatos y partidos políticos, y zonas francas.

La información indica que fueron 300 las inspecciones que llevó adelante la Secretaría, lo que derivó en más de una veintena de sanciones, que no pasaron de un llamado de atención o advertencia.

En el reciente Congreso, organizado por BST Global Consulting, del cual participaron también delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela, el responsable de la Senaclaft Jorge Chediak, hizo un repaso por algunos de los bienes que son objeto de control y que pueden significar un riesgo de lavado de activos. Entre ellos, los vehículos de alta gama, aeronaves y embarcaciones aún no fueron incorporados a la lista; las operaciones por vehículos por año representan unas 500, pero, aunque se registran muy pocas operaciones al año por aeronaves y embarcaciones, sí están consideradas como operaciones de riesgo.

Incluso se está considerando en el seno de la institución antilavado de Uruguay, dejar a las obras de arte por fuera, es decir, dejar de considerarlas sujetos obligados y por lo tanto no controlarlas más, porque se considera que es poca o nula la cantidad de operaciones riesgosas en esta categoría, desde la creación misma de la Senaclaft. Es que, en palabras de Misa, “los narcos en Uruguay compran autos de alta gama, no compran cuadros de alto valor”.

Es hora de que las normativas se ajusten a la realidad, dijera la exministra de Justicia paraguaya Cecilia Pérez, y no que la realidad viva de acuerdo a “vacíos legales o lagunas”. En ese sentido, Gustavo Misa llama la atención ya que el sistema “no está funcionando y eso es lo preocupante”: en el año no se registran investigaciones penales sobre lavado de activos y no llegan más de 10 reportes de riesgo. Ello determina que además no sea posible entender si hay algún sector en particular que sea de especial riesgo.

Se desprende de estas afirmaciones que el lavado de activos es un hecho consolidado en Uruguay, un país con un puerto salida del continente sudamericano, que conecta con la triple frontera Paraguay-Brasil-Argentina -enclave fundamental de todo tipo de tráficos ilícitos-, que es la terminación fluvial de la hidro vía y tránsito a mercados internacionales de drogas, armas y hasta personas.

En Paraguay, aunque es otro el cantar, los vínculos del narco con Uruguay son estrechos. Esto quedó ampliamente demostrado en el famoso operativo A Ultranza PY, donde las autoridades de ambos países trabajaron en conjunto para investigar al grupo criminal de Sebastián Marset, el clan Insfrán, y el tráfico de cocaína y la estructura de lavado de dinero que habían montado.

En A Ultranza PY, se determinó que fueron traficadas más de 21 toneladas de cocaína. En los allanamientos masivos, se incautaron bienes por un valor de 100 millones de dólares, entre los que se cuentan cerca de 100 inmuebles, vehículos de alta gama, maquinaria agrícola y casi 5.500 cabezas de ganado.

En la estructura de lavado participaron empresas con empresarios de buena reputación, y no hicieron discriminación entre las instituciones útiles para ese fin: desde iglesias, empresas de logística, agrícola-ganaderas, entre otras. En los transportes de ganado, por ejemplo, trasladaban la droga entre los animales, lo que dificultaba los controles ya que además el olor a orina no permitía a los perros antidrogas detectar posible tráfico de estupefacientes.

Las instituciones utilizadas incluían además cooperativas, equipos de fútbol, grandes eventos en la iglesia Centro de Avivamiento que dirigía el “pastor” José Insfrán, supuesta producción de soja (que en realidad era una fachada, pero realmente no existía), encuentros de artes marciales mixtas y hasta libros.

Para que todo este entramado criminal pudiera funcionar, era necesaria e indispensable la participación de políticos como Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado del Partido Colorado que colaboró con los Insfrán: el pastor José Insfran Galeano, Yolanda Insfrán Galeano, Conrado Ramón Insfrán Villar y el líder del clan, Miguel Ángel Insfrán, entre otros integrantes del grupo criminal.

Dinero mal habido, no siempre es lavado

“Uno habla de lavado de activos, uno cree que el mundo del delito siempre busca lavar, pero no siempre lo busca. ¿Para qué lavar si se mueve en un mundo corrupto?”. El director del Banco Central de Argentina, Zenón Biagosch, fue un poco más allá de la concepción de que el blanqueamiento de capitales es la forma que eligen los delincuentes para manejar cuantiosas sumas de dinero de proveniencia ilegal.

“El que lava es un tipo que está operando en esa economía y está disfrutando su dinero porque logró corromper en diferentes instancias”, valoró el jerarca.

Durante su intervención, destacó que desde 2018 a 2022 hubo un crecimiento exponencial de los movimientos de dinero ilícito, lo que incluye crimen organizado, corrupción, evasión fiscal y cibercrimen. Las cifras son incalculables para el ciudadano común: en 2018 se contaron 11.600.000.000.000 de dólares (11,6 billones), mientras se espera que este año cierre con unos 21.700.000.000.000 de dólares (21,7 billones), cifras que influyen de gran manera en el PBI en este caso de Argentina, pero trasladado a cada país la lógica es la misma.

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*Foto de portada: sociedaduruguaya.org