Entidades millonarias bajo la lupa de la Senaclaft

Numerosas instituciones religiosas del Uruguay, registran activos valuados en miles de millones de pesos e ingresos por centenares de millones, gran parte producto de donaciones –considerando que son sujetos sin fines de lucro-, lo que las convierte en sujetos obligados de fiscalización, frente a la Secretaría Nacional de Lavado y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay (Senaclaft).

Tales son los casos de la Iglesia Mormona, que presento activos por 1.500 millones de pesos, e ingresos por 435 millones de pesos; o la Arquidiócesis de Montevideo (dependiente de la Iglesia Católica), que presentó activos por 1.400 millones de pesos, e ingresos superiores a los 80 millones de pesos. Es importante contemplar que, el astronómico monto de sus activos se contempla en gran parte por el valor de los inmuebles que poseen, en muchos casos de una gran riqueza patrimonial e histórica.

En febrero de este año* la Senaclaft presentó los primeros resultados sobre la fiscalización que está realizando sobre 62 organizaciones religiosas sin fines de lucro, que superan los valores patrimoniales y de ingreso mínimos que establece el organismo antilavado para considerarlos sujetos obligados de control, por un lado superar los 2,5 millones de activos en unidades indexadas (unos 13 millones de pesos) o registrar ingresos superiores a los 4 millones de unidades indexadas, aproximadamente 22 millones de pesos. Estas organizaciones están expuestas a entrar en los circuitos de lavado de dinero, principalmente por el flujo de donaciones, las cuales muchas veces son difíciles de controlar.

En este sentido el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, dijo al diario El País, “Sería ilógico pretender que la Iglesia Católica Apostólica Romana llevara un control de debida diligencia de todas las microdonaciones que se realizan por los fieles en el transcurso de las misas”. A lo que hay que contemplar también el carácter social, informal y muchas veces marginal en el que se desenvuelven las actividades de muchas agrupaciones humanas y religiosas. Así mismo, otros organismos en riesgo como universidades -tal es el caso de la ORT- han tomado la decisión de bancarizar todo el flujo de ingresos en materia de donaciones y aportes extraordinarios, más allá de que no inmuniza el riesgo de filtración de dinero de origen ilícito, estas medidas funcionan como una primera barrera.

Fiscalía especializada

Días atrás, en rueda de prensa, Chediak, informó que mantuvo una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez y un asesor del gobierno chileno –especialmente enviado al fin-, para determinar los lineamientos para la creación de una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la cual comenzaría a funcionar a partir del primer trimestre del siguiente año.

La Fiscalía especializada, operaria a partir de montos superiores a los 150 mil dólares. “La idea es que básicamente trabaje holgadamente, de la misma manera que fue el criterio con los Juzgados de Crimen Organizado. No se puede tener juzgados especializados muy recargados porque entonces no cumplen con su función: la función es darles prioridad a estas causas. Entonces hay que acotar el número de causas efectivas por año que la fiscalía especializada tenga”, afirmó Chediak. Por debajo de este monto, continuaran operando las fiscalías penales.

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*Foto de portada: consolataamerica.org