Gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou sacudido por narco buscado internacionalmente

Por Antimafia Dos Mil-24 de agosto de 2022

En medio de la interpelación por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el gobierno de Luis Lacalle Pou destituyó al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien se habría reunido con el abogado de Marset y vicepresidente del Club Nacional de Fútbol, Alejandro Balbi Della Valle para “acelerar” los trámites. Esta reunión derivó en que Lacoste realizara gestiones ante Policía Científica para conseguir la expedición del pasaporte.

El despido se llevó a cabo durante la presentación de la interpelación que hiciera el senador frenteamplista, Mario Bergara, el pasado lunes 22 de agosto en sesión especial de la Cámara de Senadores. El legislador interpelante resumió el concepto que llevó a toda la bancada del Frente Amplio a encarar a los ministros Luis Alberto Heber del Interior, y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores: “Hay un narcotraficante fugitivo y la expedición del pasaporte fue funcional a sus intereses”.

La enorme preocupación de una doble recaída de la institucionalidad uruguaya ante un narcotraficante de peso internacional, pone en serias dudas que el Estado uruguayo no esté convirtiéndose en un narcoestado. Primero el narcotraficante italiano Rocco Morabito, líder de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, se escapó de la ex Cárcel Central de Montevideo, saliendo sin ningún tipo de dificultad ni impedimento, con total negligencia del sistema penitenciario uruguayo y sin ninguna medida de protección específica para su caso, a pesar de saberse ampliamente que es un hombre de alta peligrosidad, y señalado por Interpol como el segundo más buscado en Italia. Y ahora Sebastián Marset, un narcotraficante devenido en empresario, productor musical y hasta jugador de fútbol, recibe ayuda desde el Estado para escapar de la prisión de Dubai, donde permaneció durante un mes por ingresar al país con un pasaporte falso.

La defensa por parte del ministro Heber, fue que existía un decreto –el 129/2014- sobre la expedición de pasaportes, que obliga únicamente al Estado a revisar los antecedentes en Uruguay, pero no así en el extranjero. Y la enorme incongruencia que pesa en la realidad, es que Marset estaba requerido por Paraguay, por ser líder de un clan que traficaba drogas y lavaba dinero.

“Estamos ante un escándalo de proporciones que afecta la reputación y la credibilidad de Uruguay”, comenzó Bergara en su descargo.

Bergara, agregó con preocupación que “en este momento, en algún lugar del mundo está suelto un narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario y señalado por varios delitos, con investigaciones abiertas en varios países”.

Marset, “hoy continúa prófugo de la justicia internacional gracias a que obtuvo un pasaporte, en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad”. Y cuestionó: “El pasaporte fue emitido en condiciones difíciles de entender por su celeridad”.

“La obtención del pasaporte uruguayo fue un elemento clave para obtener la liberación en Emiratos y a partir de allí moverse y permanecer inubicable, mientras en Paraguay ocurría la mayor operación antidrogas de la historia”, refiriéndose a la operación A Ultranza, que desbarató el clan Insfrán que lideraba Marset junto al criminal paraguayo Miguel Ángel Insfrán.

Está claro que lo que sucedió facilitó a Marset el escape de la justicia, y que quienes lo hicieron “fueron funcionales a los intereses de esa persona para evitar ser deportado”. Su liberación por ayuda del Estado “no solo se afecta la reputación del país sino la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las instituciones”.

“La necesidad de explicaciones no es del FA, sino de la sociedad uruguaya”, puntualizó.

Aun sabiendo las particularidades del caso, las autoridades uruguayas no tuvieron una actuación acorde a la importancia internacional de un criminal de las características de Marset. Incluso hubo funcionarios uruguayos en Dubai, que, encontrándose frente al uruguayo de 31 años, “pidieron indicaciones de cómo actuar a la cancillería”. Esto generó que Bergara planteara que “resulta difícil de comprender cómo en estas circunstancias la Cancillería desconoció la opinión de los profesionales que estando cerca proponen una razonable cautela”.

El abogado de Marset, Alejandro Balbi, fue quien retiró el pasaporte en las oficinas de Cancillería en Uruguay, luego de haberse reunido con la viceministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache.

Recordemos que Carolina Ache es sobrina de Eduardo Ache, exsenador del Partido Colorado y expresidente del Club Nacional de Fútbol, el mismo club deportivo del que Balbi es vicepresidente.

En respuesta a estas acusaciones, Ache se manifestó a través de sus redes sociales: “Niego rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marset”, aseguró.

“El doctor Balbi en ningún momento me solicita ningún trámite; si me lo hubiese solicitado, no hubiese accedido, pero él no me lo solicita, y están las pruebas de todas las actuaciones de Cancillería, que yo en este caso, de este pasaporte, no di absolutamente ninguna instrucción de priorizar, agilizar nada en ningún sentido”, fue su explicación frente a los cuestionamientos de Bergara.

Entre las preguntas que el senador realizó a los responsables de la entrega del pasaporte al narcotraficante prófugo, consultó sobre los roles de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en coordinación con Cancillería, también sobre si el Ministerio del Interior reportó que pesaba una investigación sobre Marset en conjunto con la DEA norteamericana y autoridades judiciales de Paraguay, qué rol jugaron las autoridades del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores en la expedición del pasaporte, por qué brindaron un pasaporte con validez de 10 años, por qué el Estado uruguayo tenía urgencia en entregar el pasaporte y no lo envió por valija diplomática como se suele hacer en estos casos.

Lo cierto es que ambos interpelados, insistieron en la legalidad del procedimiento para entregar el pasaporte e inculparon a anteriores administraciones del Frente Amplio porque fue en esos años en que se modificó el decreto que regía hasta ese entonces, y se consignó que solo se tomarían en cuenta los posibles antecedentes del ciudadano uruguayo que hubieran sido generados en el país y no en el exterior, para realizar la tramitación del pasaporte.

El Frente Amplio, en concordancia, manifestó públicamente que las respuestas de ambos ministros, no fueron aceptables: “No se hicieron cargo del cúmulo de errores”, manifestaron, y agregaron que las explicaciones brindadas en la sesión frente a la Cámara de Senadores fueron “absolutamente insatisfactorias e inaceptables”.

De hecho, la bancada opositora “retiró la confianza” a Heber y a Bustillo, e hizo una solicitud para que toda la bancada de senadores lo hiciera, para dejarles la puerta abierta, es decir, incitarlos a la renuncia.

En declaraciones a los medios locales, el Frente Amplio señaló: “Resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022, fecha en que se dio la requisitoria internacional, a pesar de estar siendo investigado por la propia policía”, arremeten.

“Que no pueden pasar desapercibidos por este Cuerpo los contactos que existieron durante el mes de noviembre entre los Subsecretarios de ambas Carteras, así como la reunión mantenida entre la Subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache, y el Dr. Alejandro Balbi, representante del actual prófugo de la justicia, lo cual fue reconocido en Sala”.

“Que el ministro Heber reconoció la existencia de un mail oficial instando a acelerar el trámite; Que el argumento esgrimido en relación al decreto 129/2014 es inadmisible dado que de ninguna forma obligaba a expedir este pasaporte; que, en ningún caso, ni con el Decreto de 1993 ni con las modificaciones introducidas en el 2014, debió expedirse el pasaporte a Marset, puesto que ambos Decretos daban margen a las autoridades para negarlo”.

“Que la interpretación de la legislación llevada adelante por las autoridades ministeriales condujo a un resultado vergonzoso; que las autoridades convocadas debieron asumir su responsabilidad política en lugar de esgrimir meros argumentos administrativos y burocráticos; que representa una preocupación adicional no entender la afectación que este lamentable episodio representa para la reputación internacional del Uruguay y para la credibilidad ciudadana en nuestras instituciones; que, en todo el transcurso de la interpelación, las autoridades no se hicieron cargo del cúmulo de errores cometidos”.

“Dichos ministros no cuentan con la confianza de este Cuerpo, por lo cual corresponde que den un paso al costado”, concluye la misiva.

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Foto de portada: subrayado.com.uy

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