Todo un escándalo, que concierne al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público
Diez años después, el proceder del hoy Senador Charles Carrera bajo la lupa parlamentaria, judicial y pública
Gastó 260 mil dólares por encubrir un agravio policial sin precedentes
Por Antimafia Dos Mil-14 de agosto de 2022
“Nosotros siempre quisimos que se pudiera llegar a un resarcimiento por daños y perjuicios. Es una persona en silla de ruedas. Creo que tenemos pruebas más que suficientes”.
Daniel Hernández se siente optimista con las últimas novedades en torno al caso de su hermano Víctor. Casi diez años pasaron desde aquel 12 de noviembre, cuando un mes y poco antes de la navidad de 2012, Víctor salió al portón de su casa ubicada frente al inmueble policial de La Paloma -aledaño a la comisaría, y propiedad del Ministerio del Interior-, alertado por sonidos de disparos. Cuando llegó a la vereda, una bala que se disparó desde la casa, donde se celebraba el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, impactó en su columna, dejándolo primero al borde la muerte y después, para siempre sin movilidad en sus piernas. El daño a su columna conllevó gran pérdida en su calidad de vida, y años de internación. El calvario de Víctor comenzó esa noche, y hasta hoy, nadie se hizo responsable.
La denuncia penal que presentó la familia en los juzgados de Rocha está a pocos meses de prescribir. En noviembre se cumplen 10 años del incidente y de no haber respuestas, el delito quedaría sin efecto. Y los responsables, libres.
El hoy senador Charles Carrera fue una figura clave en el caso. Tiempo después del hecho, se reunió con la familia Hernández, en su rol de director general de Secretaría del Ministerio del Interior, cuando Eduardo Bonomi era el titular de la cartera. El pasado domingo 7 de agosto Carrera fue denunciado en el programa Santo y Seña -que se transmite por canal 4 de Uruguay-, por encubrir a los agentes e internar de forma ilegal al joven en el Hospital Policial, haciéndolo pasar por policía.
El senador Jorge Gandini adelantó este miércoles que los gastos de tickets e internación insumieron para el Ministerio del Interior 260 mil dólares.
En el programa también se hizo público parte de un audio de 2012. La grabación corresponde a una reunión que mantuvo la familia de Víctor con Carrera y con la responsable de Asuntos Internos Estrella González. En ese audio, Carrera instaba a Hernández a que los hechos no se hicieran públicos.
Otra de las figuras relevantes del caso y que aún sigue en funciones es Marcos Martínez, cuyo cumpleaños se festejaba cuando la bala salida desde la casa hirió a Víctor. Martínez actualmente es comisario de Lascano, municipio del departamento de Rocha.
Semanas atrás, el 13 de julio de 2022, el Ministerio del Interior a través de Asuntos Internos presentó una denuncia penal ante Fiscalía contra Carrera por abuso de funciones. Y como en efecto dominó, Carrera anunció que presentaría una denuncia contra Marcos Martínez.
Mientras tanto, Martínez continúa al frente de la comisaría. Según las palabras del actual ministro del Interior Luis Alberto Heber: “No está probada su vinculación penalmente como para tomar otro tipo de medida”, fundamentó en conferencia de prensa.
La bancada del Partido Nacional convocó a Heber al Parlamento para brindar explicaciones sobre el caso. La senadora Graciela Bianchi habló con la prensa sobre el asunto: “El Ministerio del Interior, según ese informe (transmitido por Santo y Seña, ndr), en julio hizo la denuncia correspondiente sobre un hecho gravísimo y la Fiscalía, que yo sepa, no citó a nadie a declarar”, espetó Bianchi, acusando al pasar, a la justicia, con palabras de desconfianza. Que la denuncia “no duerma en los laureles como en los casos que les conviene”, lanzó.
Y agregó: "Las pruebas que se mostraron son de convicción suficiente, que es lo que necesita un fiscal para pedir la formalización (…). Hay algo muy grave que tenemos que saber si es cierto o no”.
Por su parte, la mesa política del Frente Amplio respaldó a Carrera por su respuesta ante los cuestionamientos del abuso de funciones. Su presidente, Fernando Pereira, indicó que en su momento Serpaj y Ielsur habrían solicitado “ayuda humanitaria” –según palabras de Carrera- y que la respuesta fue darles tickets de alimentación e internación en el Hospital Policial.
“Es una acción que es tomada a pedido de organizaciones que trabajan en temas humanitarios”, argumentó Pereira. Lo mismo hicieron otros integrantes del Frente Amplio en sus respectivas redes sociales.
Como es de esperarse, destapar una olla que tiene como componentes un hombre baleado, policías en una fiesta de sexo y consumo de drogas, políticos, y dicen algunas fuentes que empresarios rochenses de alto poder, viene como anillo al dedo para hacer campaña electoral. Lamentablemente, tuvieron que pasar diez años para que el tema fuera tomado con seriedad y trascendiera los cercos políticos y judiciales que le impidieron ver una resolución favorable a la familia y al propio Víctor, víctima accidental de un festejo desenfrenado en el domicilio propiedad del Ministerio del Interior, donde residía y cumplía años el subcomisario de la zona, lugar donde en horas de la madrugada fueron removidas las pruebas, y desde allí, prácticamente silenciado el caso.
Argumentos de Charles Carrera
En su Twitter personal, el senador hizo su descargo respecto a las acusaciones que pesan sobre él, en un caso que ha sido signado por el silencio, las irregularidades y la falta de respuestas.
“En 2012, mientras ocupaba el cargo de director general del Ministerio del Interior, tomé conocimiento de un reprochable hecho ocurrido en Rocha, que involucraba a funcionarios policiales. Se presume que el mismo se originó desde la casa de quien era Subcomisario de La Paloma”, comienza su alegato público el ahora senador, que omite referir que la casa en cuestión, no era un domicilio personal, sino que es una propiedad aledaña a la comisaria de La Paloma, y por tal motivo bajo regulación del Ministerio del Interior, que él integraba.
“El suceso ocurrió mientras había una fiesta, desde la cual dispararon un arma y una bala impactó en un ciudadano, causándole una herida de entidad, que provocó que aún hoy viva en situación de discapacidad”.
Carrera admite los hechos, admite la balacera, admite que “se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva”. Carrera admite la “aparente” responsabilidad del Estado, admite que la investigación inició en el fuero administrativo y en el fuero penal, pero que los tiempos de estos “no son compatibles con las necesidades inmediatas de las personas”. A pocas semanas de que los delitos prescriban por el paso del tiempo, Carrera admite, paradójicamente sin apurarse, que la justicia y la política en este país andan a rastras, mientras la impunidad marcha en punta.
“Igual que hace diez años, ahora desde mi rol de Senador de la República, acompaño toda acción tendiente a la transparencia del Ministerio del Interior y la investigación de todos los casos en los que el accionar policial no sea ajustado a derecho”, dice desde la comodidad de su “banca en Twitter”, el senador que en ningún momento pidió que el recinto tratara un hecho extremadamente grave, como lo es no solo la violencia ilegal de un miembro de las fuerzas de seguridad, sino también una serie de hechos tendientes a encubrir los hechos, reduciendo los daños políticos y penales, sobre una gestión de gobierno connivente con el delito. ¿Quiénes más estaban en la “fiestita” del comisario aquel 12 de noviembre del 2012?
Víctor Hernández quedó en completo estado de vulnerabilidad a merced de un Estado desviado. “Tras varios meses de internación y tratamientos de fisioterapia, dada su situación de salud y la aparente responsabilidad del Estado, se resolvió que recibiera atención en Sanidad Policial para que pueda continuar con su tratamiento”, dice Carrera.
¿Entre quienes resolvieron la concreción de un delito?, ya que fue necesario la adulteración y falsificación de documentación para que Víctor fuera recibido como si fuera un agente de policía, en el Hospital Policial. Agrega Carrera: “Allí recibió durante tres años la atención de calidad necesaria para continuar con su rehabilitación. Todas las actuaciones del Ministerio del Interior tienen documentación que las respalda y son públicas para la población”.
“Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto: no accedo a ningún tipo de chantaje”, Carrera admite. Admite que, en el audio, grabado en 2013 (donde sostiene una conversación con la familia de Víctor) se sintió “chantajeado”. Y esto es fundamental, porque de ser así, de haber sido, Carrera, víctima de un chantaje, debería haberlo denunciado en su momento, puesto que siendo funcionario público está obligado. “Cuanto menos ustedes hablen lo del hospital, mejor”, dice Carrera en el audio a los familiares. “Anda a cagar, te lo digo delante de tu madre, yo no tengo obligación de darte nada”, le dijo Carrera en el audio al hermano de Víctor.
A la carrera, el senador intenta patear la pelota, intenta alegar una persecución política. “No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública”, dice.
Mientras tanto, la familia de Víctor lleva casi diez años remando en arenas movedizas, luchando contra el hambre, la falta de atención, las múltiples irregularidades en la investigación, el encubrimiento, y la falta de respuestas de la justicia.
Daniel, hermano de Víctor, habló en esta jornada con Antimafia Dos Mil, y evaluó las repercusiones de los últimos días: “Encontraron material nuevo que dice que Carrera tuvo un claro abuso de funciones, abuso de poder, por darnos tickets de alimentación siendo civiles. Lo justifica como una situación humanitaria”, dijo, y agregó: “Yo te diría que lo podría haber hecho por un medio público. Si Víctor estaba de alta, en vez de llevarlo al Hospital Policial lo llevaba a un lugar público, le daba si quiere ticket de alimentación en una órbita pública, por MIDES, por Desarrollo Social, alguna cosa para gente pobre, buscarle por ese lado”. Y se preguntó: “¿Por qué lo hizo sobre el Ministerio del Interior, dar ticket por el Ministerio del Interior? Es una prestación de la Policía Nacional, de Bomberos. No tenemos nada que ver con eso. Es un disparate”.
Daniel también contó que su hermano se encuentra más animado con los nuevos movimientos en torno a su situación. “Está esperanzado, realmente yo creo que esto viene bien. Estamos cerca, no te digo cerca de mañana, pero si esperamos diez años yo creo que en unos meses lo más probable es que estemos con un final decoroso”, fue su opinión.
Las denuncias ya están planteadas. Hay responsabilidades claras y otras que no pasan del rumor, del comentario, de la conjetura y la especulación. Lo cierto es que, aunque el caso se hizo público y sacudió hasta la cúpula del actual Ministerio del Interior -por conveniencia o no, pero el caso se movió- hay preguntas que siguen sin contestarse: ¿por qué Carrera no impulsó una investigación más profunda de los hechos y por el contrario realizó maniobras ilegales para subsanar una situación que le cabía como responsable? ¿A quiénes encubrió? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó realmente en aquella dependencia policial donde mientras se festejaba el cumpleaños del subcomisario se escapó un tiro que casi termina con la vida de Víctor Hernández? ¿Son ciertas las informaciones de las fuentes, que aseguran que las fiestas eran semanales, y circulaban prostitutas, consumo de cocaína, empresarios y hasta personas vinculadas al tráfico de drogas? ¿Por qué se presenta recién ahora una denuncia y se publica un audio donde se escracha a Carrera casi 10 años después?
Y, además, ¿por qué hubo lentitudes, irregularidades y omisiones en los procedimientos judiciales y del Ministerio Público, que hicieron que por diez años no se dictasen resoluciones sobre un hecho grave desde la raíz?
Y en definitiva, ¿por qué en este caso, particularmente, la impunidad fue el común denominador más descarado de todas las instancias, a lo largo de diez años? ¿Por qué todos los deberes y obligaciones institucionales se pasaron por alto, se dilataron o sencillamente se distorsionaron, al parecer, con el único cometido de barrer bajo la alfombra un hecho de extrema gravedad, que tuvo como víctima a un ciudadano rochense honesto y trabajador, cuya familia fue literalmente destruida, gradualmente? .
Muchas preguntas, pero hasta ahora, pocas respuestas.
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*Foto de portada: antimafiadosmil.com