El pasado jueves, fue entregado por el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, el octavo informe sobre las cárceles en Uruguay. Las cifras son alarmantes e históricas: solo en 2021 murieron 86 personas en los establecimientos carcelarios del país, de las cuales 45 fueron violentas. El hacinamiento es crítico, lo que configura junto a la vulnerabilidad de los derechos humanos, un estado penitenciario grave, según fue establecido en el informe.

Se trata de "la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay", la cual supera "ampliamente al mayor registro anterior, que fue en el 2010", con 53 muertes.

Las muertes dentro del sistema penitenciario uruguayo se pueden catalogar en dos grandes grupos: muertes violentas y por otras causas. Del total de muertes, 41 de ellas se deben a "patologías, enfermedades y otras causas naturales o indeterminadas". Dentro de esta última denominación, se sospecha de negligencia o de malas prácticas asistenciales a la hora de abordar una situación delicada de salud, que posteriormente derivó en fallecimiento, siendo nueve la cantidad de este tipo de casos.

El informe señala varios problemas, el más importante de ellos, la violencia, la cual se explica por "el hacinamiento existente, con superpoblación impactante", lo que sucede principalmente en las celdas en algunas unidades, que alojan "8 o 9 personas en celdas de tres plazas", a lo que añade la "falta de actividades de tratamiento".

Sorprendentemente, el documento admite que la convivencia en el estado crítico en el que están los centros penitenciarios, deriva en "acciones de sobrevivencia", que son a veces "terribles y violentas". "Cuando hay malas condiciones y falta de enseres básicos, se afectan las posibilidades educativas, sanitarias y de buen relacionamiento", afirma, admitiendo solapadamente una realidad de la cual el Estado es sin dudas responsable. Y destaca que en estos establecimientos se padecen carencias que hacen "inviables los tratamientos que se implementan".

Justamente la ausencia de tratamientos fue uno de los puntos destacados en el informe. Allí se menciona que el "'derecho al tratamiento' no se concrete" en la mayoría de los casos, por la "falta de personal" y "equipos técnicos".

Los recursos logísticos son escasos, lo que para el comisionado parlamentario conforman "un sub Estado dentro del Estado": faltan "vehículos, sistemas informáticos y de comunicación, locativos y presupuestales, equipos operativos para sus funciones educativas, sociales y seguridad". 

La falta de personal genera todo tipo de dificultades para trabajar en una verdadera rehabilitación. Son múltiples las manifestaciones de "agotamiento del personal", como "licencias médicas, ausentismo, renuncias, traslados, incumplimientos normativos y problemas diversos", describe.

También fueron motivo de alarma las dificultades que padecen los defensores públicos: "Se jaquea una función fundamental para garantizar los derechos humanos: la defensa ante una sede judicial y el seguimiento de la ejecución de una pena", debido a una "escasez de recursos humanos, estímulos, apoyos logísticos y presupuestales".

Otros temas, también señalados en el documento, acumulan la multiplicidad de señales que alertan de una crisis institucional en todos los niveles del sistema penitenciario, totalmente fracasado hasta este momento. La escasez de atención a la salud mental, sumado a la carencia de propuestas de educación formal, a problemas incluso de abastecimiento de agua, o el gravísimo flagelo de las drogas que ingresan constantemente de forma ilegal y que no tienen un freno ni una posibilidad real de rehabilitación para la inmensidad de casos de consumo problemático de estupefacientes, completan un cuadro nefasto desde todo punto de vista.

Y es que las cárceles en Uruguay, son el infierno que nadie quiere rehabilitar. Son un espacio de desecho de toda la gente que sobra en la sociedad; un submundo capitalizado por el sistema, que se nutre de personas vinculadas a sistemas criminales y las utiliza, para seguir generando capital.

Estamos ante una catástrofe, que recae sobre las 14.300 personas que, hacinadas, esperan siempre lo peor. Estamos ante una catástrofe que sinceramente nos avergüenza

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*Foto de portada: subrayado.com.uy

*Foto 2: reduy.net