Hace ya algunos días saltaron las alertas en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Por segundo año consecutivo, disminuyó la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que entienden que se debe a la poca cantidad de controles. Por esta situación, el titular de Senaclaft, Jorge Chediak, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley para crear desde cero una fiscalía especializada en lavado de activos, que solucionaría un cúmulo de dificultades que ahora, la justicia, no está pudiendo resolver.

Desde el 1° de enero de este año, los casos de lavado de activos -un delito de “cuello blanco” por excelencia-, se encuentran bajo la órbita de la Fiscalía de Estupefacientes. La decisión, que tuvo como origen el acuerdo entre la Senaclaft y el Ministerio del Interior, comenzó a regir bajo la ley de Rendición de Cuentas, por la necesidad de aumentar los controles de este tipo de delitos, que cada vez pasan más desapercibidos.

El asesor de la Senaclaft, Gustavo Misa, que concurrió junto a Chediak el pasado jueves ante la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, llamó la atención de los legisladores sobre la falla en los controles de lavado de activos. “Vimos un marcado descenso en el cumplimiento normativo”, advirtió, explicando que “no en cuanto obligaciones importantes, pero sí en la sumatoria de incumplimientos”.

En setiembre de 2021, el titular de la Senaclaft había advertido a la Cámara de Diputados que de 6 mil delitos vinculados a lavado de activos, en 2019, hubo solo 44 imputaciones por ese ilícito, 37 por asistencia al lavado, cinco por posesión y tenencia de activos, y dos por ocultamiento. No hubo un solo imputado por conversión o transferencia de bienes, delitos que podrían ser detectados con mayores controles e investigación. Y las condenas fueron mucho menores, según expresó.

Para el Fiscal de Corte, Juan Gómez, estos delitos no deben ser investigados por la Fiscalía de Estupefacientes, porque no hay suficiente personal para hacerse cargo de todos los casos, porque esta Fiscalía se encuentra en Montevideo y debería hacerse cargo de los delitos en todo el país, y principalmente porque el delito de lavado de activos siempre está conectado a otro que se debe cometer previamente, y el Código Penal establece en su artículo 32 que los delitos conexos deben ser investigados de forma conjunta.

Misa advirtió que “es muy difícil poner el tema sobre la mesa si no logramos investigaciones penales”. En la actualidad, solo se investiga un 1% de casos derivados de ilícitos, que configurarían lavado de activos.

En resumen: con la disposición actual, se generan problemas en la operatividad de la Justicia.

Por este motivo, desde la Senaclaft, con aprobación de Presidencia y del Fiscal de Corte, se presentará un proyecto de ley para crear una Fiscalía que pueda abordar las investigaciones específicas sobre lavado de activos.

Un abordaje que se hace necesario, y que hasta ahora no fue posible encarar.

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*Foto de portada: endimages.s3.amazonaws.com