Los exdirectores del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Hugo Achugar y Sergio Mautone, serán indagados junto a otras siete personas, entre las que se encuentran funcionarios de las gestiones del Frente Amplio y empresarios. La investigación gira en torno a un faltante de más de siete millones de pesos, vinculados a las actividades del CONAEF (Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales) que funcionan dentro de la órbita del MEC; pero además, las autoridades judiciales contemplan una posible defraudación fiscal.

La investigación comenzó a partir de una denuncia administrativa presentada por la ministra María Julia Muñoz, una semana antes de abandonar su cargo en febrero de 2020. El informe, que fue levantado por la actual gestión, a cargo de Pablo Da Silveira, estimaba un faltante superior a los siete millones de pesos en las cuentas bancarias del CONAEF, quien en la práctica administra el Fondo de Incentivo Cultural, el cual tiene como principio crear un sistema de financiación para artistas, productoras y otros promotores culturales. A este espacio pueden acceder empresarios y comerciantes a través de donaciones que, certificación mediante, podrán ser descontadas, de manera porcentual, del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas, que recauda la Dirección General Impositiva.

Entre las irregularidades investigadas por la fiscalía, se contemplan la emisión de certificados, sin que las empresas beneficiarias hayan efectivizado los depósitos correspondientes en las arcas del CONAEF. Las indagatorias, que comenzaron durante la jornada de ayer, se extenderán hasta el próximo martes 22.

En dialogo con El País, el exministro Achugar, quien ocupó la cartera de cultura entre el 2008 y el 2015, alego desconocimiento sobre los detalles del asunto, al referir que “no hay nadie en un ministerio que esté preparado para todas las cosas que pasan allí”. Así mismo afirmó rotundamente que el faltante de dinero no se registró durante su gestión.

Vehículos contrabandeados desde Brasil, eran “legalizados” en Uruguay

Desde las oficinas de la Fiscalía de Corte, informaron sobre la detención de 17 personas, seis de ellas funcionarios del Estado, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de Cerro Largo, Leticia Siqueira, la cual intenta aportar claridad sobre más de 100 vehículos, entre los que se encuentran motocicletas de alta cilindrada y automóviles de alta gama de distintos modelos, que eran traídos desde Brasil, para luego ser “legalizados” en Uruguay, y finalmente comercializarlos.

Los allanamientos se realizaron en Montevideo, Piriápolis, Ciudad de la Costa y Melo, con el apoyo de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento de Automotores de la Dirección de Crimen Organizado, quienes trabajaron en conjunto con INTERPOL.

Según refirió el abogado de uno de los detenidos, Eduardo Sasson, en dialogo con el diario El País: “Las motocicletas que compraban los sujetos estaban con una orden de un remate judicial y en función de eso las empadronaron”, que de comprobarse abrirán una nueva línea de investigación en las responsabilidades institucionales.

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*Foto: museozorrilla.gub.uy