Seis meses antes de tiempo, el fiscal de Corte Jorge Díaz, renunció a su cargo. El pasado martes entregó su dimisión al presidente Luis Lacalle Pou, dejando en su puesto al hasta entonces fiscal adjunto Juan Gómez (cuya especialización eran los delitos de homicidio) quien ingresó a su cargo en febrero de este año. A los medios, Díaz dio un saludo emocionado e hizo un racconto efectista de sus casi diez años de desempeño. Entendemos que su renuncia no es un hecho que debamos considerar aislado, sino que hace parte de una gestión, que ya desde sus inicios, no hizo más que cosechar más sombras que luces, y en la que la pérdida de independencia de los fiscales en su labor, fue el punto neurálgico de un proyecto que en definitiva no hizo otra cosa que hacer perder el valor operativo de los magistrados, para hacer prevalecer sin titubeos, la función del fiscal de Corte (de Díaz) como dueño y señor en el campo de juego. Un proyecto, que en la práctica resultó beneficioso para concretarse acuerdos o pactos, con elementos del crimen organizado de niveles económicos elevados y de ciertos ámbitos, bajo tutela expresa de la cúpula del Ministerio Público, con todo lo que ello implica. Los resultados fueron inevitables y resultaron ser la clave, para que un cúmulo de situaciones (presuntamente non santas) salieran a la luz pública, con el correr del tiempo, como presagio de un proyecto que hoy por hoy, es más pasible de críticas que de elogios. Jorge Díaz ahora ha dado un paso al costado, pero su gestión ha sembrado dudas y las investigaciones están a las puertas mismas del Ministerio Público. Lo que sobrevendrá luego, verdaderamente lo ignoramos; pero intuimos, con pesar, que el daño ya está hecho y hubo pocas voces que lo profetizaron, siendo una de ellas la voz del hoy extinto exfiscal Enrique Viana. Hoy por hoy, la renuncia de Jorge Díaz es, de hecho, un eslabón más de la cadena de circunstancias y situaciones derivadas de su gestión, del CPP y de la ausencia de independencia de los fiscales, en el desempeño de sus tareas. Pero además, la renuncia suya, nos lleva de la mano a considerar que en sí misma, creemos que no sea ni más ni menos que la “clave” de una corrupción anunciada, por cierto, una vez que se constaten las irregularidades que están siendo denunciadas a nivel parlamentario, dándose intervención a la Justicia.
Díaz venía mascullando la renuncia desde el año pasado, dijo a la prensa, en una conferencia donde explicaba sus razones de abandonar el barco antes de tiempo, pero al no haber aún una figura que “realizara la transición”, en ese momento “renunciar habría sido un acto de deslealtad institucional”.
Los objetivos que alega haberse trazado en estos años de gestión son la reforma procesal, que según sus palabras apuntaría “a un sistema más eficaz y garantista que el anterior”, la construcción de un nuevo estatuto para los fiscales, instrumentado a través de instrucciones generales, redefinir los objetivos de la Fiscalía y hacer que dejara de ser una unidad ejecutora del MEC (Ministerio de Educación y Cultura).
“Es hora que en definitiva le dedique la pasión y energía a trabajar en un proyecto en la actividad privada”, consideró el exfiscal, que tenía ‘urgencia’ por comenzar su nueva función.
Díaz, acérrimo defensor del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) -entrado en vigencia el 1° de noviembre de 2017-, que calificó como “eficaz y eficiente”, oportunamente, se enfrentó públicamente con quien fuera uno de los más tenaces opositores del CPP: en entonces fiscal Enrique Viana, a quien sancionó y posteriormente trasladó de funciones de fiscal Letrado en lo Civil a una fiscalía de menores, porque en su función de defensa de los intereses generales presentó en reiteradas ocasiones recursos contra el Estado y contra empresas que atentaban contra el beneficio y la salud de la población: contaminación por plomo en sangre, instalación de la megaminería Aratirí, el contrato de la pastera UPM con el Estado, entre otras denuncias. Pero lo que los enfrentó definitivamente fue la postura de Viana de denunciar públicamente que el nuevo CPP eliminaría la independencia técnica, una de las bases esenciales de la función de los fiscales. La sólida y muy bien fundamentada posición de Viana, hizo que éste renunciara a su cargo público, el 1° de noviembre de 2017, mismo día que entró en vigencia el CPP.
Ya lo dijo hace algunos años el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y actual titular de la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, sobre la aplicación del CPP por parte de los operadores judiciales: “van a causar daño. Los propios jueces y fiscales van a cometer inmoralidades y arbitrariedades. ¿Por qué, sino, salieron corriendo magistrados y fiscales a contratar seguros? Saben que van a equivocarse y que van a tener que pagar de sus bolsillos”.
El fiscal Díaz fue denunciado por Enrique Viana en 2020, acusado de instruir a testigos sobre cómo tienen que declarar en los juzgados penales -en esa ocasión Viana declaró a medios locales que “con tal conducta se violan preceptos constitucionales y normas legales, procesales y penales”. También en 2020, los diputados de Cabildo Abierto Enrique Lust y Guillermo Domenech, pidieron formalmente ante el Poder Ejecutivo su destitución por violar la independencia técnica de los fiscales, y por intromisión en la vida política.
Pero eso no es todo. La acusación más grave en su contra surgió hace pocos días, cuando en una comparecencia ante el Parlamento del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Lust apuntó directo a lo que se configuraría como un caso de corrupción: el fiscal Díaz “le lavó” 11 millones de dólares al sindicalista Marcelo Balcedo, de Argentina. “Balcedo trajo 15 millones de dólares robados de Argentina, no sabía cómo justificarlo, se los quitaron, le dio 4 millones de dólares a la Fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió 11 millones”, aseguró el cabildante.
Además, acusó a Díaz de negociar “por plata” con los delincuentes. Las graves acusaciones sucedieron durante la interpelación al ministro Heber el 28 de setiembre pasado, apenas una semana antes de que Díaz presentara su renuncia como titular de la Fiscalía General de la Nación.
En definitiva, Díaz ha trazado un camino de casi diez años de función pública donde cosechó denuncias y señalamientos a su desempeño, denuncias por responder a lineamientos políticos, denuncias por corromper la función pública de la Justicia, en el rol de los fiscales, denuncias por corrupción en el negociado “clasista” de quiénes van presos y quiénes no -con dinero de por medio-, y denuncias por lavado de dinero, apenas unos días antes de abandonar un barco que estaba cerca de terminar su travesía.
Si el conjunto de irregularidades de Díaz no llama la atención, es imposible que la denuncia por lavado de dinero pase desapercibida, mucho más cuando días después el ahora exfiscal deja su cargo. Y es imposible además evitar la pregunta que rompe los ojos: ¿Cuál es la motivación real para que a pocos meses de cumplir su mandato entregara su renuncia? ¿El Fiscal Juan Gómez, seguirá -a rajatabla- bajo la misma línea que Díaz, con su mismo guión?
Solo el reclamo público, la investigación seria, las voluntades políticas y la mano dura de la Justicia podrán echar luz sobre este asunto. ¿Será solo cuestión de aguardar el curso de los acontecimientos? ¿O será solo un espejismo, nuestro, el de suponer que en algún momento saldrán a la luz las verdades? Un verdadero enigma, por ahora.
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*Foto de portada: diariodeleste.com