Los controles para prevenir el delito de lavado de activos en Uruguay sufrieron algunos cambios a partir de la aplicación de la Ley de Urgente Consideración. Desde la promulgación de la LUC, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) presentó un proyecto para modificar el decreto N°379/018 que regula la actual Ley Integral Contra el Lavado de Activos (*). El proyecto, que está circulando entre los actores involucrados, pretende recabar sus comentarios.

Los cambios en la normativa de lavado de activos afectan a inmobiliarias, zonas francas, escribanos, abogados, contadores, asociaciones civiles, entre otros actores incluidos dentro de lo que se conoce como sujetos obligados del sector no financiero.

La consultora KPMG señala en un informe que uno de los cambios implica que si el movimiento financiero se realiza por un medio electrónico o utiliza como intermediaria a una institución financiera, “se habilitará al sujeto obligado a aplicar medidas de debida diligencia simplificada”, lo que significa que se flexibilizarían los controles y seguimiento a los sujetos que realizan movimientos financieros permanentes, siempre que los clientes sean residentes del país o de países regulados por estándares internacionales. Esto siempre y cuando no se presente un factor de alto riesgo.

Otra modificación es que hasta ahora el decreto establece controles para toda operación financiera que se abone en efectivo cuando este implique el pago de una parte de un préstamo, de la que la otra parte se abone por crédito con garantía hipotecaria. La propuesta es que ese saldo tenga menos controles si no supera las 80 mil Unidades Indexadas (UI), que a la fecha son casi U$S 9.500.

Además, lo que hoy es un tope para que los controles a algunos sujetos obligados sean más fuertes (debida diligencia intensificada), se pretende eliminar. Hasta ahora el umbral es de U$S 300 mil para abogados, escribanos y contadores, entre otros.

(*) Ley N°19.574

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*Foto de portada: cade.com