Sumergido, literalmente, en un verdadero océano de preguntas (la mayoría sin respuestas sobre las responsabilidades del Estado y sobre el papel de las autoridades) Daniel Hernández, desde el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha, como vocero de su hermano Víctor (hoy parapléjico) tiene como cometido primordial -en diálogo telefónico con Antimafia Dos Mil- además de difundir lo acontecido, reclamar públicamente, que los operadores justicia (de la Suprema Corte de Justicia) definan, convincentemente, cuál es la resolución judicial respecto al episodio de violencia, en el que su consanguíneo fue la víctima, en la entrada de su casa, en el balneario rochense uruguayo, en el mes de noviembre de 2012.

“Víctor fue baleado mientras que el subcomisario de ese momento, de La Paloma, celebraba su cumpleaños en la casa. Víctor vivía frente por frente. En la noche siente unas detonaciones de arma de fuego. Sale a la puerta a mirar y cuando va a ingresar de vuelta al domicilio siente dos disparos más y cae desvanecido, producto de un tiro del frente. Víctor desde ese momento está pidiendo justicia. Ya van a ser, en noviembre, 10 años del hecho, que no tiene ni siquiera un fallo de primera instancia. Hay un delito muy grave, hubo un ocultamiento muy grave de parte de la Policía de Rocha, del Gobierno de turno también. Víctor entró muy grave al Hospital de Clínicas. Lo operaron, estuvo muy mal, en CTI unos días, después salió de CTI. Pasó a piso en el Hospital de Clínicas y estuvo ocho meses internado haciendo fisioterapia. La bala le destrozó la columna y quedó parapléjico. En el momento de irse de alta, tuvimos la visita del exsenador de la República, Charles Carrera. Se le dijo a Carrera como para solucionar esto, y Carrera en buenos términos ingresa a Víctor al Hospital Policial dándole un cargo de policía como oficial, subayudante, que figura en la historia policial de ingreso a Sanidad Policial. Víctor, en ese entonces, pasó tres años dentro del Hospital Policial, desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016, haciendo fisioterapia. Confirma el exministro Bonomi, que fue el que hizo la autorización para que entrara al Hospital, con un acto irregular totalmente, porque es una persona civil. Ellos alegan una situación humanitaria, que a nosotros nos da un reconocimiento del hecho tácito. La Justicia de Rocha eso no lo ve, entonces tenemos todo un tema muy complejo a resolver todavía”.

Así planteado el hecho, a prima facie, ciertamente preocupa, y de constatarse todo un cúmulo de irregularidades y delitos (entre ellas el abuso de funciones, el encubrimiento y la impunidad para el responsable de los disparos) la institución policial estaría prácticamente contra las cuerdas, respecto a la forma en que se desarrollaron, no solo las instancias de la agresión con el arma de fuego (manipulada al parecer dentro de la vivienda del subcomisario) sino además respecto a las instancias judiciales en torno al caso, y fundamentalmente, en lo que concierne a las eventualidades responsabilidades que se pudieran establecer o no (judicialmente hablando) sobre quien efectuó los disparos, uno de los cuales causó lesiones a Víctor Hernández.

“Esperamos Justicia por Víctor. Es un tema muy complicado, muy complejo, y se tiene que resolver. Ya van 10 años de injusticia. El señor Carrera cuando lo ingresó con ese grado de oficial, a nosotros nos cita razón de que el hecho es… se hace responsable, asume esa responsabilidad, pero queda por ahí nomás. Esto no puede quedar así. Hace 10 años que Víctor está luchando porque se haga Justicia. Esperemos que en algún momento la justicia de Rocha actúe como corresponde y llegue a un fin esto. Ha pasado mucho tiempo. Acá en La Paloma todos somos Víctor Hernández”.

Los pasos que han dado los hermanos Hernández, con posterioridad al episodio, y que procuran aclarar aguas y que se haga justicia, no han sido pocos, ni han pasado inadvertidos. Sus requerimientos fueron escuchados en los medios locales (alternativos) como por ejemplo La Paloma digital, en el canal 8 de Rocha, en radio Centenario de Montevideo, y en todo lugar donde se les abrieron las puertas, en esa búsqueda incesante de llegar a la “verdad de los hechos” para que los culpables reciban las sanciones previstas en el Código de Proceso Penal vigente, siempre ajustado a un Estado de Derecho, igualmente vigente.

Especialistas en pericias balísticas del área policial y allegados cercanos del Ministerio del Interior, de la administración Luis Lacalle Pou, fueron también informados de los hechos, pero hasta el momento no se han registrado pronunciamientos. Y en todo este periplo de consultas y de difusión del caso, se coincide -casi unánimemente entre las personas que fueron puestas en conocimiento de la situación - que por la naturaleza de las circunstancias que sobrevinieron al momento de los disparos, y entre noviembre de 2012 y el año 2016, las irregularidades (y los delitos) fueron numerosas. Irregularidades de diverso tenor que fueron en paralelo a una serie de audiencias judiciales que hasta la fecha no arrojaron fallo alguno, lo que también podría configurar una nueva irregularidad.

“Además, Víctor, se encuentra en una situación muy crítica con el tema de silla de ruedas, está muy precario. Aparte de todo esto tiene el posible desalojo de donde él vive haciendo la situación humanitaria mucho más grave, y hubo muy poca respuesta del Estado. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Se sabe que es un fierro caliente que a este gobierno le toca. Escuchando las palabras del señor presidente, 'nosotros nos hacemos cargo', ellos no son responsables de nada, pero sigue estando este hecho impune. Nosotros apelamos a la humanidad, al Estado de derecho de la República, a las leyes. Somos ciudadanos de bien. Siempre creímos en la democracia, en mantener una línea recta en todas las actitudes que llevamos adelante. Tiene que haber una respuesta como votantes de este país, de que las cosas no sigan pasando, que intenten hacer las cosas como se tienen que hacer, derecho”, concluyó.

Es más que evidente, que todo el caso de Víctor Hernández presenta facetas sumamente desconcertantes, y hasta se diría, reñidas totalmente con los protocolos policiales y si se quiere judiciales, alrededor de un hecho de sangre que por lo fortuito que haya sido no lo exime, bajo ningún concepto, de estar sujeto a los procedimientos habituales, que obviamente no habrían sido contemplados en lo más mínimo. Pero, por si fuera poco, todo el tiempo transcurrido -casi una década- hace que todos estos hechos, por sí mismos, se distancien más de una verdad, y se aproximen más al olvido, y a la impunidad, siempre y cuando no se actúe rápidamente y con transparencia y voluntad desde los organismos competentes. Y es ese punto el que nos pone frente al desafío, de hacer nuestro aporte, para clarear y no para enturbiar.

Visto así, nos consta consignar, que tanto el hermano de Víctor, como vecinos y personas que conocen a él mismo y a su familia, recientemente llevaron adelante una intervención ciudadana en el balneario La Paloma. Residentes de la zona dedicaron una jornada para la colocación de carteles y afiches, en postes de luz y árboles, dando a conocer la necesidad de que se haga justicia, y con celeridad, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Víctor Hernández,

Una vecina participante de la movilización nos argumentó: “Yo soy vecina y amiga de Víctor, soy de las que estamos poniendo cartelería, para que la justicia sienta que estamos moviéndonos para que haya un fallo. Diez años de encubrimiento y nadie ha dado un veredicto del caso. Víctor Hernández precisa saber a qué se va a atener, porque encajonaron el caso y precisamos que las justicia actúe. Por eso se está empapelando La Paloma”.

Nos sobran preguntas, inclusive para la parte perjudicada, pero las haremos, oportunamente. Y por cierto, a simple vista, se avizoran eventuales irregularidades (en la órbita judicial y a nivel del procedimiento policial), y en caso de constatarse, las denunciaremos, oportunamente, para sumarlas a esta primera difusión que hacemos del caso, desde nuestra página. Las aristas de este caso, que se remonta al 2012, son extremadamente complejas y mínimamente nos llevan a profundizarlo para ir definiendo caminos viables y ajustados a Derecho para llegar, como corresponde, no solo a hacerse justicia, sino a la verdad, porque en el resumidero de los hechos, hay una persona baleada, parapléjica y que, en estos momentos, con todo su derecho, reclama lo que la Justicia debía haberle dado hace años, respuestas.

Pero no las tuvo, ¿por qué y cómo? Serían entonces las primeras interrogantes, al Poder Judicial.

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*Fotos de la familia Hernández y de La Paloma digital