La voz del subsecretario del Interior Guillermo Maciel se hizo sentir con claridad sobre un tema que fue oportunamente, un tema superado en corrupciones, hace ya algunos años, y me estoy refiriendo a la fuga del mafioso italiano (de la ‘Ndrangheta) Rocco Morabito, a mediados del año 2019, es decir hace cuatro años. El jerarca ministerial, puso este pasado miércoles 24 de mayo el dedo en el ventilador anunciando que cuatro funcionarios policiales -cuya identidad no dio a conocer- serían dados de baja, y que se abrirían más investigaciones administrativas sobre el caso de evasión (de Cárcel Central) más sonado de los últimos cinco años.

El anuncio de Maciel permitió saber que se concluyeron unos 28 sumarios administrativos -iniciados en junio de 2019- indicándose, además, que entre los sumariados -todos funcionarios policiales- hay integrantes del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Jefatura de Policía de Montevideo (cumpliendo tareas en Cárcel Central), y de la Guardia Republicana.

Y por si fuera poco el anuncio abordó detalles inherentes a las investigaciones internas, exclusivamente, que no atañen a la justicia penal, y eso es lo que nos sorprende y nos resulta, muy significativo, tomando en cuenta que tras un hecho de esa naturaleza, lo que se observa es que el trabajo de la justicia no va de la mano de la investigación interna, o lo que es más grave aún, que tanto la una como la otra, debieron esperar cuatro años para expedirse, porque no hay que olvidar, que por la fuga de Morabito, la fiscalía formalizó -hace algunos meses- solo a una persona, pero no propiamente por la fuga. Se trató de un capitán de la Republicana, por los traslados del detenido mexicano a Cárcel Central para verse con el italiano. Cosa incoherente, a sabiendas que a nivel ministerial se hubo iniciado unos 28 sumarios.

Retomando los detalles, se informó por ejemplo que, de 28 sumarios, unos 14 fueron exonerados de responsabilidades, puntualizándose que unos siete funcionarios cometieron faltas leves, tres faltas graves y cuatro más, faltas muy graves, decidiéndose para este cuarteto su destitución, es decir, como se menciona en el léxico administrativo, se les daría “la baja”.

Tal lo pronunciado por Guillermo Maciel "todas las investigaciones serán derivadas a la Oficina Nacional de Servicio Civil para hacer el trámite de destitución por las irregularidades constatadas”.

“Son todos funcionarios policiales de carrera. Cumplían tareas de supervisión y coordinación. Son los que eran encargados, de jerarquías máximas dentro de los controles que había que haber tenido. No se dieron indicaciones, por ejemplo, a los guardias que vinieron de la Guardia Republicana de qué debían hacer en el piso sexto, donde estaba Morabito. En este momento no estoy en condiciones de dar los nombres de los funcionarios que van a ser sancionados, porque primero tienen que ser notificados. Después de notificados, podrán ustedes tener acceso a los nombres de estos funcionarios. Se van a dar detalladas en las resoluciones (NdR: refiriéndose a las faltas) una vez que las personas involucradas estén notificadas. Se va a brindar el detalle en cada caso. Hasta el momento están todos en funciones esperando los resultados. Algunos, ya cumplieron el tiempo que tiene el sumario y se reintegraron en sus cargos. Ahora, en consecuencia, habrá que aplicar las sanciones correspondientes”.

Cinco situaciones irregulares

En determinado momento de la conferencia que dio al periodismo el subsecretario Maciel, puntualizó: “El abogado que hizo el sumario administrativo da cuenta expresamente que quedaron por fuera situaciones irregulares que no estaban constatadas en el sumario, por eso el ministro resolvió firmar cinco resoluciones para investigar cada uno de estos casos”.

Las situaciones irregulares que no fueron investigadas -que son cinco, según el ministro- también las catalogó de “muy graves”. A saber, según sus propias palabras: “La primera fue la aparición de una celda del sexto piso que estaba arrancada la reja y había una soga con nudos y con un arnés.Eso no fue investigado. La segunda fue la manipulación de las cámaras del sexto piso por parte de Morabito; hay filmaciones en las que se ve a Morabito moviendo cámaras. La tercera es que el fiscal Lackner pide en esa época las grabaciones de Cárcel Central y, en vez de enviarle las filmaciones, se retira el equipo que grababa, por lo cual la cárcel quedó sin cámaras filmando. Eso tampoco fue investigado. Días antes de la fuga de Morabito, Lackner pidió a la Dirección de Asuntos Internos el registro de las filmaciones y, en lugar de aportar los videos, se retiró el disco duro que los contenía y no se repuso, por lo cual las cámaras filmaban pero no almacenaban el material.La cuarta situación es la de un funcionario que no fue investigado y fue denunciado y señalado como el facilitador de herramientas para los presos. Ese funcionario no estaba entre los funcionarios sumariados. La quinta situación fue que en una de las visitas conyugales que tuvo el narcotraficante Gerardo Gónzalez Valencia a Cárcel Central llevó un pendrive que pidió entregar a Morabito a través del subdirector operativo de la cárcel, que tomó el pendrive y dio aviso a la directora de la cárcel. Ella lo incauta y lo eleva al INR, a sus jerarcas de la época, al director y a la subdirectora técnica. Ese pendrive no aparece, no sabemos qué contenido tiene, no sabemos el destino que ha tenido y eso tampoco fue investigado. Todos estos hechos, que son realmente graves, son los que quedaron sin investigar. Por eso ahora abrimos una investigación administrativa por cada uno de estos hechos, que es compleja, que va a llevar tiempo, seguramente no tanto como el sumario de 28 funcionarios, que hubo que hacerlo con todas las garantías del caso, con las vistas correspondientes”.

En definitiva, todo un verdadero circuito de irregularidades en las etapas de investigación, que visiblemente preocupan al Ministerio del Interior, del gobierno de hoy. Y todo sigue en ese orden, porque a nivel penal, salvo la identificación del oficial de la republicana, que fue formalizado por abuso de funciones, no por la fuga, sino por el vínculo con el detenido mexicano, las investigaciones no tuvieron repercusiones. Un manto de impunidad que sobrevuela el caso, con la esperanza de que, de aquí en más con el anuncio de estas cuatro bajas a concretarse, se pueda revertir la situación.

Desde el 2019, a nivel de la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do turno se hizo cargo, como se consignó en nuestros informes, el fiscal Ricardo Lackner, pero luego -enero de este 2023- se hizo cargo su colega Silvia Porteiro, y Lackner fue trasladado a la flamante Unidad de Cibercriminalidad de Fiscalía.

Sobre un caso complejo, así están planteadas las cosas; en el buen criollo, con mucho ruido, pero pocas nueces. A nivel ministerial se tiene fe de que las investigaciones avancen.

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