“Dejen de agarrar plata de los giles, corruptos"

En horas de la madrugada de este miércoles, se produjo un nuevo atentado contra la policía en Rosario. Un grupo de personas aún no identificadas –que se movilizaban en un vehículo oscuro- arrojaron una bomba incendiaria contra un patrullero, una camioneta tipo pick-up doble cabina, que estaba estacionada frente a la comisaria 15, en Sarmiento y Ameghino en el sur de la ciudad. El móvil pertenece al cuerpo de la Policía de Acción Táctica, que fue creada en el 2014, para operar en “zonas urbanas complejas”. Las llamas, que destrozaron completamente el patrullero, alcanzaron otro vehículo particular que había en el lugar. Una vez contenido el fuego, ya durante los rastrillajes, fue hallada una nota intimidatoria con un mensaje, cuanto menos complejo: “Dejen de agarrar plata de los giles, corruptos”. Pese a los daños materiales, no se registraron heridos, pero la ciudad enfrenta una escalada de violencia con una imagen institucional desvalorizada.

Este no es el primer ataque incendiario del año contra la fuerza pública. Ya a fines de enero se había producido un ataque similar contra una serie de vehículos que se encontraban estacionados en la comisaria 12, en el barrio de Ludueña, en zona oeste. Por aquellos días también fueron arrojadas bombas de tipo molotov contra las sedes de dos prestadoras de salud privada vinculadas a los sindicatos de Comercio y de Recibidores de granos, ubicadas en pleno centro de la ciudad. La particularidad de estos dos fue que el ataque ocurrió a plena luz del día, ante la mirada de los transeúntes. En ninguno de los casos se registraron heridos. 

Frente a estos hechos de violencia quirúrgica, la ciudad vive una ola de inseguridad y una sensación de hartazgo generalizada ante la inoperancia institucional, que resulta en acciones donde la ciudadanía actúa por “mano propia”, en hechos pequeños como puede ser la detención de un ratero -que ha generado golpizas y malos tratos, sin repercusiones legales-, o casos más extremos como los que se registraron semanas ataras, cuando un grupo de vecinos hicieron una pueblada contra un bunker de drogas en barrio Empalme Graneros, al norte de la ciudad, luego de que un niño fuera asesinado y otros tres fueran heridos, durante una balacera en un conflicto “entre narcos”. Oportunamente, en un comunicado de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció el despliegue de fuerzas militares en el territorio, supuestamente para “urbanizar los barrios populares”.

Rosario está atrapada entre las balaceras y los mensajes intimidatorios que la atormentan desde hace años. Hechos desperdigados contra sectores privados y públicos por igual, pero seguramente con perpetradores y motivos diversos. Violencia que se exacerba ante la fragilidad institucional producto de la corrupción, la colusión y la inoperancia. En tiempos donde el discurso de la militarización como política de seguridad está en boca del debate público, investigar y clasificar adecuadamente cada uno de estos hechos –tarea que debemos compartir entre todos-, será fundamental para no arribar a conclusiones donde la prevención del delito y la seguridad ciudadana sea confundida y encasillada con una suerte de ley del Talión. No sea que, como dijo Gandhi, “ojo por ojo, el mundo se quede ciego”.

Foto de portada: Diario Uno

Foto 2: Redacción Rosario