“Gente con bandera argentina defiende a un inglés que está usurpando tierras”

El gobierno nacional de Alberto Fernández se hace el desentendido

En las últimas horas la agencia Télam difundió las imágenes del brutal ataque que recibieron los activistas que participan de la Séptima Marcha por la Soberanía hacia el Lago Escondido. Las agresiones fueron realizadas por un grupo de civiles, quienes montados a caballo y empuñando fustas y garrotes, arremetieron contra los manifestantes que pacíficamente realizan una caminata simbólica a través de distintos recorridos, para acceder al lago Escondido, cuya geografía está cercada por orden del magnate británico Joe Lewis, faltando a orden judicial, a diferencia de otros conflictos de usurpación donde se responde con toda la fuerza punitivita que depende del Ejecutivo. En la Argentina no solo no hay Estado de derecho, tampoco hay soberanía.

El gobierno argentino hace la vista gorda ante la constante ofensa del magnate británico, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri, que no solo usurpa tierras nacionales, sino que además presta sus instalaciones para que funcionarios argentinos, entre ellos varios jueces, y empresarios representantes de los principales grupos de presión del país, se reúnan allí faltando a toda ética profesional.

La marcha, organizada por la Fundación para Promover la Cultura del Agua (Fipca), entre otras, comenzó el día sábado partiendo desde El Bolsón, y se sumaron más de 500 personas. Esta marcha que se realiza anualmente es la séptima edición, y tiene siempre como fin arribar a las orillas del Lago Escondido, por medio de distintos caminos rurales y otros de montaña. La travesía es muy dura y compleja por las distancias y la accidentada y tupida geografía propia de la Patagonia. El Estado argentino debería garantizar el libre acceso al espejo de agua, e impedir que cualquier ciudadano privado cercene este derecho. Pero esto desde hace varios años no se cumple, ya que el Estado argentino, en distintos periodos de gobierno y de distinto color político, elige refugiarse en trabas burocráticas y conductas laxantes y evasivas de los tiempos procesales para no hacer cumplir la ley. Por esta simple razón, un grupo de activistas realizan anualmente un difícil y extenuante recorrido a pie, para reclamar por el derecho de todos los argentinos, así como el de todos los habitantes del mundo que quieran pisar el suelo argentino con libertad, como promete el preámbulo constitucional.

Durante la jornada de ayer, la columna que intentó acceder por el Camino de Tacuifí -el cual está cercado por una reja de hierro, luego de sortear el obstáculo puesto ilegalmente y contra orden judicial-, fue agredido por un grupo de patoteros que según los activistas responden directamente el magnate Joe Lewis y a su lacayo Nicolás Van Ditmar. En total ocho activistas - entre los que se encontraba el diputado y jefe del bloque del Frente de Todos en el Parlasur, Gastón Harispe-, y la fotógrafa de la agencia Télam Alejandra Bartoliche, fueron rodeados, amenazados, rociados con gas pimienta, y golpeados con fustas, palos y piedras arrojadas con gomeras por los pretorianos de Lewis. Además, se pudo visibilizar las desproporcionada, e ilegal, fuerza dispuesta por los patoteros privados, a través de imágenes captadas por un drone. En total 10 activistas tuvieron que ser atendidos por personal médico, por heridas de distinta gravedad. Algunos presentaron profundas heridas en la cabeza como consecuencia de las terribles agresiones.

Julio César Urien, representante de Fipca, repudió ante la prensa: “La actitud patotera, cobarde y violenta de los empleados rurales de Joe Lewis”, además aclaró que “vamos a realizar la denuncia penal contra todos los implicados”. No le tembló la voz al referir que “este camino es público y nosotros estamos decididos a defender nuestros derechos como ciudadanos. Hoy le hemos entrado a la cueva mafiosa de la Argentina, porque esto además de la corona británica, es un enclave mafioso y nosotros estamos dispuestos a defender lo que es de los argentinos hasta que se vaya este inglés usurpador”.

Las acciones de violencia ya fueron denunciadas ante la justicia, que deberá insistentemente condenar estos hechos de violencia que nada tienen de diferentes a los ataques racistas y clasistas de las Ligas Patrióticas que hace cien años reproducían las políticas de extermino del general Julio Argentino Roca y el terrateniente José Martínez de Hoz. Casi 200 años después, poco y nada ha cambiado.

Cabe recordar también que Van Ditmar es el administrador de la propiedad de Lewis y que la noche del 28 de marzo de 2011, se presentó montando a caballo escoltado por sus adláteres, ante la casa del juez Sodero Nievas para intimidarlo ante las investigaciones que se realizaban por la usurpación y destrucción de edificios públicos en el Camino de Tacuifí, donde el magnate británico emplazó su fortaleza. Van Ditmar fue también quien recibió a la comitiva de jueces que se reunió en Lago Escondió, en octubre del año pasado con un grupo de funcionarios del gobierno, vinculados a la Agencia Federal de Inteligencia, y representantes del Grupo Clarín. Este hecho está siendo investigado por la justicia, bajo el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dadivas; la causa apunta primeramente contra el juez Julián Ercolini. Paradójicamente, el día de ayer, la Cámara Federal porteña a cargo de Eduardo Farah, dictaminó que la causa continúe su trámite en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no en los de Bariloche, como se venía tramitando hasta ahora. Con todo lo que eso implica.

Foto: Télam

.

Artículos relacionados
Joe Lewis y el gobierno argentino: un alevoso connubio alrededor del Lago Escondido
En Lago Escondido fue insistente el atentado cometido contra el activismo
Lago Escondido en Argentina: matones de Joe Lewis amedrentan a manifestantes