Repercusiones tras la publicación de documento de Inteligencia filtrado, tras comisión secreta del Parlamento

Por Alejandro Diaz-15 de noviembre de 2022

La Comisión de Control y Supervisión del Sistema de Inteligencia del Parlamento uruguayo, recibió en el recinto al director de la secretaria de Inteligencia de Estado, abogado Álvaro Garcé García y Santos, para que en sesión secreta detallara los contenidos del Plan de Inteligencia Estratégico de Estado. Todo se desarrolló según lo pautado hasta que algunos días después el periodista Eduardo Preve -quien ejerce la dirección de los informativos de TV Ciudad-, publicó detalles de dicho informe. Inmediatamente desde la Secretaría de Inteligencia denunciaron una filtración, que en principio tendría como responsable directo a alguno de los legisladores que participó de la reunión. Aunque la información publicada hasta el momento no es de extrema sensibilidad -en el sentido de que no escapa a las tareas obvias y propias de un servicio de inteligencia promedio-, no deja de ser institucionalmente grave que se haya filtrado, sobre todo teniendo en consideración que a priori el contenido del escrito no presume un delito explícito, lo que podría justificar moralmente la filtración a causa de un bien mayor.

¿Qué motivaciones tendría un parlamentario para filtrar información clasificada de los servicios de Inteligencia? ¿Qué riesgos hay en juego?

Consideraciones para foráneos y desinformados

Uruguay no termina de atravesar un escándalo político institucional que instantáneamente surge otro. Todavía estaba fresca la tinta de los titulares por el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset por valija diplomática -que permitió se diera a la fuga-, cuando se masificó el audio donde el senador Charles Carrera prepotea -o extorsiona, según a quien se le pregunte-, a los familiares de Víctor Hernández, el muchacho que quedo en silla de ruedas tras ser baleado desde la comisaria de La Paloma; luego surgió la fabriquita de falsificaciones del jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano. Y ahora los propios legisladores, aparentemente, hacen pasarle un papelón al jefe de los espías. 

Es importante destacar que el gobierno de Luis Lacalle Pou, desde el inicio de su gestión, ha sido constantemente asediado por la oposición por carecer de una estrategia en materia de seguridad, en particular en lo que refiere al crimen organizado; y en este sentido las lamentables cifras récord de homicidios vinculadas a las luchas territoriales de las bandas de delincuentes, las muertes violentas dentro de los establecimientos penitenciarios, la proliferación de armas de guerra entre la población, sumados a la falta de saneamiento institucional, dan aire a las críticas. Al mismo tiempo, en el contexto mundial -en el que las grandes potencias se enfrentan tenazmente en todos los frentes- en el ámbito local, las flaquezas en materia de inteligencia, y en el manejo de documentación oficial, como la entrega indiscriminada de pasaportes al mejor postor, dejan muy mal parado al presente gobierno uruguayo.  

Los hechos

El pasado lunes 24 de octubre, Garcé se presentó ante la comisión bicameral para desarrollar el contenido del plan estratégico de la cartera que maneja. Según los testimonios trascendidos a la prensa y de público conocimiento, en la reunión secreta además del director de Inteligencia se encontraban los legisladores Raúl Lozano -quien es a su vez el presidente de la comisión-, Daniel Caggiani, Sebastián Andújar, Raúl Batlle, Mario Bergara, Graciela Bianchi, Micaela Melgar, Gustavo Penadés, Iván Posada, Luis Alberto Posse, Diego Reyes, Mariano Tucci, César Vega y Álvaro Viviano. Según públicó lr21.com, la senadora Kechichian dijo que Garcé no había llevado suficientes copias para repartir entre los comisionistas y tuvo que realizarlas en el momento. Algo, que ya estaría por fuera de los protocolos para el manejo de información confidencial. 

“Cualquiera que está en Inteligencia sabe que, si se hace un documento y lo va a repartir a uno, dos, tres, cinco o diez personas o instituciones, o lo que sea, tiene que tener trazabilidad, que se puede hacer en forma visible, invisible, con mil características distintas”, dijo al diario El País el exdirector de Inteligencia Augusto Gregori.

Tres días después, el 27, en el noticiero central de TV Ciudad, se materializó la filtración, en un informe muy breve, muy cuidado, más con la intención de evidenciar la filtración que de mostrar su contenido. Tan solo se hizo énfasis en que “Álvaro Garcé instruyó a la Policía a investigar posibles organizaciones, gremios o personas que inciten a la violencia, hechos que pueden generar violencia, usurpación de espacios públicos o privados, bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de las personas, bienes o servicios”, una situación que levantó revuelo sobre todo en los espacios de militancia social, teniendo en cuenta que tanto las Fuerzas Armadas del Uruguay, así como también la fuerza policial y ciertos espectros de la dirigencia política continúan sosteniendo una actitud negacionista del terrorismo de Estado, al tiempo que reivindican a ciertos personajes nefastos de la historia del país. 

Por su parte Preve, quien es el director de los informativos de TV Ciudad, ese mismo día 27 publicó vía twitter información complementaria e imágenes del texto nombrado: “El plan encarga a las agencias tareas de contrainteligencia, entre ellas la detección de actividades de agentes de otros Estados u organizaciones internacionales que representen una amenaza a la defensa nacional”. En materia nuclear: “Los lugares donde se emplea material radiológico, su inventario y condiciones de seguridad, así como planes de contingencia, se encargó al Comité Nacional de Seguridad Nuclear del MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería, ndr)”. Y también: “El Ministerio de Defensa deberá informar a la Secretaría de Inteligencia sobre las fuerzas militares de países vecinos, así como sus actividades en la frontera, sobrevuelo de sus aeronaves y navegación de buques en la zona fronteriza”. Tres ítems que teniendo en consideración la inminente Tercer Guerra Mundial nuclear, es más que lógico que el Estado Uruguayo tome medidas preventivas.

En otra tanda de twits, Preve refleja: “La Dirección de Inteligencia Estratégica debe investigar la presencia de extranjeros sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas y realizar análisis de posibles objetivos de actos terroristas”, así como también: “La Dirección de Investigaciones de la Policía deberá aportar información a la Secretaría de Inteligencia sobre la presencia (en Uruguay) de personas respecto de quienes existan indicios de estar vinculados con grupos u organizaciones terroristas”. A propósito, quizás Inteligencia podría (debería) buscar información sobre extranjeros y criminales organizados entre los archivos de Astesiano o de Alberto Lacoste. 

En otro punto, el Plan Estratégico expresa que: “Inteligencia busca saber también el número de pistas de aterrizaje no declaradas, la situación de la seguridad aeroportuaria y el sobrevuelo irregular de aeronaves en Uruguay. Esa tarea fue encomendada a la Dirección de Inteligencia Estratégica”, un detalle no menor, teniendo en cuenta el desfile de avionetas que hacen llover cocaína en los campos del interior del país. Un deporte que lleva ya varias décadas. 

El día 28 de octubre, ya con todos los medios replicando la información, Garcé envía una carta al presidente de la comisión, el senador y coronel retirado Raúl Lozano notificando sobre las faltas incurridas por alguno, o algunos, de los participantes de la reunión. Garcé cita el artículo 301 del Código Penal, referido al delito de revelación de documentos secretos, y al artículo 115 de la Constitución Nacional que prevé las sanciones para los miembros del cuerpo legislativo que incurran en esta falta. Falta que según Garcé “ha desnudado al país”.

Por su parte el presidente de la República Luis Lacalle Pou, entendió que esta filtración “es un sabotaje a la seguridad nacional”. 

La denuncia

Garcé, obviamente, que además de exigir una investigación interna en el Parlamento, recurrió a la justicia para iniciar una acción penal. La denuncia la recibió el fiscal de Corte Juan Gómez, y Dirección de depuración, priorización y asignación de denuncias (DPA) mediante, y la causa recayó en manos del fiscal de Delitos Económicos y Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, quien citará a los legisladores a prestar su declaración, teniendo en consideración que pueden no declarar. El primero en comparecer fue el cabildante Lozano que a la salida dialogó con la prensa expresando ciertas generalidades y sugirió que la filtración “pudo ser por irresponsabilidad, por falta de conocimiento”, lo cual es inaceptable institucionalmente hablando. También afirmó que está dispuesto a entregar su teléfono celular en caso de que la Fiscalía lo solicite “con las garantías del caso y en el supuesto que el resto también lo entregue”, lo cual aún no ha pasado, gesto también inaceptable, porque si la filtración hubiera ocurrido en otro ámbito institucional, pero de menor jerarquía, el peritaje de los medios de comunicación de los involucrados sería una prioridad. Así mismo, en diálogo con El País deslizó: “Es un plan estratégico, evidentemente es sensible, pero es un plan global, no va al detalle de cómo se implementa”, indudablemente intentando bajarle un poco el tono a la grave situación. Algo muy propio de la política uruguaya. 

Es importante destacar que el periodista Preve fue citado a presentar declaración al tribunal que atiende el hecho, pero no en carácter de imputado, sino en carácter de testigo. Sobre esto se refirió el exfiscal de Corte Jorge Díaz quien representa legalmente al periodista, y que afirmó “no se puede mutar la calidad de testigo a la calidad de imputado, si los hechos se conocían desde el primer momento como es este el caso”. Y reflexionó: “Preve no va a ser nunca imputado por su conducta, lo que nos da tranquilidad de espíritu en un estado democrático”. Y además consideró que “el documento que se termina publicando no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente, como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad nacional”.

Monerías

“Garcé, como digo un poco en broma, cometió un error de carácter cósmico o es un zapallo, o alguien le puso una cáscara de banana tremenda y el tipo la pisó con unos ímpetus terribles que dio una vuelta carnero en el aire”, dijo a El País en tono burlón, Augusto Gregori, en otrora director de Inteligencia.

Preve, hasta el momento, en ejercicio de sus derechos profesionales, se negó a revelar su fuente y tampoco entregó el documento original. Asimismo, según informó La Diaria: “El abogado que defiende a los legisladores frenteamplistas confirmó que hay diferencias entre el documento que se filtró a la prensa y el que el director de la Secretaría de Inteligencia dice haber entregado a los integrantes de la comisión”, algo que de confirmarse direccionaría la lista de sospechosos hacia las propias filas de Garcé y correría el ojo de la tormenta de los “santos” legisladores. 

Hay por lo menos tres diferencias: “La primera es que el texto que difundió Eduardo Preve, director del informativo de TV Ciudad, tenía 14 páginas foliadas, mientras que el que presentó Garcé en el Parlamento también estaba foliado, pero tenía 15 páginas. La segunda diferencia es a quién está dirigido el documento y la tercera es cómo figura el nombre de Garcé y su cargo: en uno figura el nombre completo y en otro no”. Informó en horas del viernes La Diaria.

El senador frenteamplista Enrique Rubio, consideró que, si el informe no coincide con las acusaciones de Garcé, “debería dar un paso al costado”. 

Ciego, sordo, mudo. “Los tres monitos japoneses de la sabiduría”, decía un personaje teatral refiriéndose a quienes no oyen, no ven y no hablan. “Yo no sé si se va a poder esclarecer –dijo Luis Lacalle Pou refiriéndose a la filtración- la verdad, quien hace este tipo de cosas, por lo general, lo hace lo suficientemente bien para que nadie se dé cuenta”. Una afirmación inaceptable para el principal exponente institucional del país. Con la misma lógica nunca se va a saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos, quienes estuvieron detrás de las quiebras fraudulentas de varios bancos, de quienes son los kilos de drogas que llueven del cielo, quienes administran el dinero sucio del narcotráfico o quien le abrió la puerta de la celda a Rocco Morabito.

La institucionalidad del país necesita depurarse, y para eso es necesario hacer una profunda autocritica del pasado -ese pasado que pretende terminar en un inexplicable abrazo “conciliador” entre Mujica y Sanguinetti- pero también sobre el presente. Los funcionarios de gobierno, indistintamente del color político, tienen demasiado arraigada la cultura del blindaje, de mirar la paja del ojo ajeno, y de acusar persecuciones políticas ante situaciones graves. Porque mientras juegan a la democracia, miles de jóvenes padecen las consecuencias de un sistema social que se apoya en una institucionalidad que contempla la constante violación a los derechos humanos dentro de los establecimientos penitenciarios. Un espacio donde el ciudadano está bajo tutela permanente del Estado. Un lugar, con cuatro paredes donde no se sabe cómo ingresa la droga, no se sabe cómo ingresan los teléfonos celulares, no se sabe cómo se asesinan entre si los detenidos, y no se sabe cómo se fugan los capomafia de la organización criminal de tipo mafiosa que participó de los atentados terroristas que definieron la historia geopolítica de Italia y de Europa. 

Hablando en criollo, en Uruguay sobre crimen no se sabe nada. 

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*Foto de portada: m24.com.uy