El diputado prófugo del Parlasur, por 641 días, ‘Pepín’ Rodríguez Simón sigue sin hacer declaraciones

Por Antimafia Dos Mil-9 de setiembre de 2022

Toda figura relevante de representación institucional, a nivel mundial, pero particularmente de Sudamérica, se pronunció luego del atentado fallido contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Líderes políticos del extremo ideológico, como ‘Lula’ Da Silva o Bolsonaro, realizaron sus pronunciamientos, algunos más afectuosos que otros. Algunos con más zozobra que otros. Hasta el máximo opositor político de Cristina, electoralmente al menos, Mauricio Macri, se pronunció sobre el violento hecho que podría haber tenido consecuencias nefastas para la región. También se pronunciaron cancilleres y parlamentarios del Mercosur. El jefe de la Delegación Argentina del Parlasur, Alejandro Karlen, publicó en su cuenta de twitter, un comunicado de la Delegación Argentina repudiando los hechos y revalidando los compromisos históricos en defensa de la democracia. Karlen en la publicación, adjuntó una foto con sus compañeros congresistas, pero extrañamente entre estos, no se encontraba el diputado Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón. ¿Será una casualidad?

“Pepín”, quien continúa ocupando su bancada ante el Parlamento del Mercosur, hasta el momento no se ha expresado públicamente respecto del atentado fallido contra su vicepresidenta. Un “Pepín” que continúa prófugo de la justicia argentina bajo el amparo del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, un gobierno que como se vio en las últimas semanas suele tener ciertas indulgencias con los prófugos. La misma indulgencia que hasta el momento han tenido ciertos sectores del Parlasur, que evitan darle un tratamiento, amparados de un código de ética y honorabilidad, al pedido de destitución de un prófugo de la justicia de uno de los países miembros.

Recordamos que actualmente “Pepín” está “escondido” en Uruguay a la espera de que se resuelva el recurso de amparo que presentó su defensa ante la justicia, luego de que esta le negara el pedido de refugiado político, en un largo y extenso proceso que lleva más de un año y medio.

Días antes del atentado, luego de que el fiscal Diego Luciani pretendiera su proscripción política, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un descargo desde su despacho en el edificio del Congreso de la Nación, intentando defenderse públicamente de lo que ella considero ni más ni menos, otro capítulo del insistente lawfare que se impone sobre los países de la región.

En su discurso, que cubrió numeroso aspectos, dedicó importantes minutos a enfatizar sobre la doble vara de la justicia, y la doble moral del espacio opositor de Juntos Por el Cambio, liderado por Mauricio Macri, que insisten permanentemente en la evasión de la vicepresidenta respecto de colaboración con la justicia en las causas que la investigan por diversos hechos; en este sentido es importante aclarar que más allá de la complejidad de las causas y de su resultado la vicepresidenta siempre estuvo ajustada a derecho, esto quiere decir que siempre que la justicia la requirió, estuvo a disposición en tiempo y forma. Sobre esto hizo especial énfasis al referirse a “Pepín “Rodríguez Simón quien esta requerido por la justicia argentina desde el 8 de diciembre del 2020.

“Pepín es el único dirigente político prófugo y no es peronista. Nosotros nos quedamos acá y nos sometemos a la Justicia. Ustedes tienen una citación y huyen. Pepín lleva más de 600 días prófugo”, dijo Cristina durante su descargo. Por supuesto que esto no alivia la presión legal ni moral que hay contra su espacio político, el peronismo, que incluye a personajes como el extinto Carlos Saúl Menem que encubrió sistemáticamente más de un atentado terrorista. Pero esto forma parte de otro discurso.

“Pepín” en aquellos días, previos al atentado, asomó su nariz desde su retiro “espiritual” en Uruguay, afligido por las acusaciones de la vicepresidenta. El parla diputado le ofreció una entrevista radial al periodista Jorge Fontevecchia, intentando tapar el sol con el dedo. “No soy un prófugo, soy un rebelde”, dijo “Pepín” tratando de imponer una base para construir su discurso. “Pepín” es abogado, y no solo, es uno de los asesores legales del expresidente Mauricio Macri. Tenía un despacho en la sede de gobierno durante su presidencia. Fue quien propuso los pliegos de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia que el macrismo puso a dedo. “Pepín” conoce la ley, e intenta doblarla hacia su lado, jugando con tecnicismos que no confunden a nadie.

El 8 de diciembre del 2020, la jueza María Servini lo declaró en rebeldía. Esto quiere decir que el imputado (Rodríguez Simón), falto al debido proceso legal. El tribunal lo citó a declarar y él no se presentó. La jueza ordena que el imputado sea traído al tribunal de forma compulsiva, hablando mal y criollo, lo mandó a buscar con la policía. Pero “Pepín” ya no se encontraba en el territorio nacional, había pedido permiso al tribunal para salir del país, con fecha precisa de regreso, pero simplemente no volvió. Al estar en una jurisdicción extranjera, en este caso en Uruguay, la jueza natural no puede sino -recurso por Cancillería mediante- detener al rebelde. Por lo cual, coloquialmente se lo considera prófugo. “Desde ningún punto de vista es un asilado ni perseguido político en el Uruguay, es un prófugo de la justicia argentina, y debe ser tratado como tal”, decía ya desde mayo del año pasado el abogado Gregorio Dalbón.

Por su parte la vicepresidenta afirmó: “Rodríguez Simón está prófugo, es el único dirigente político prófugo y no es peronista, es de ustedes los macristas. Ninguno de nosotros se fugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá en la Argentina a dar cuentas. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. Este señor lleva más de 600 días prófugo”.

Pero “Pepín” insiste en considerarse un perseguido político, y temer por su libertad, algo que aún es distante en tiempo procesal, dado que hasta el momento no se lo ha procesado por ningún delito, salvo el de ser declarado en rebeldía. Si es importante destacar que en Argentina hay un abuso sistematizado de la figura de la prisión preventiva, pero paradójicamente los magistrados que son acusados de estas maniobras son precisamente los “allegados” al espacio macrista. Mientras, más de 600 días han pasado, y los artilugios legales de “Pepín” parecen irse terminando.

“El único delito que se me imputa, no es apoderarme de un PBI, ni de la obra, ni de tener bolsos, a mí se me imputa una actividad política licita que es como asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, participar en la regularización tributaria de los empleadores del juego”, explica ‘Pepín’ a Fontevecchia, tratando de embarrar la cancha, y de blindarse detrás de los posibles delitos de otros imputados y procesados por la justicia argentina. “Yo tengo el derecho si considero que esta imputación es política y el único objetivo que tiene es privarme de mi libertad en forma irregular, y poniendo en peligro mi seguridad personal, tengo derecho, no la obligación, de pedir la protección internacional, que es lo que hice”. Lo cual, es cierto, pero eso no borra la imputación, ni que “Pepín” no esté a derecho, y por tal motivo se lo considere un evadido de la justicia. Solo como ejemplo, en Argentina, aquel que ha estado condenado se fuga de una cárcel, sin cometer otro tipo de ofensa, no constituye un delito. El delito que se le imputa al parladiputado, ni quiera está en etapa de procesamiento, hasta el momento el único delito comprobado en el que incurre, es el de estar evadido de la justicia, que lo convoca para investigarlo. Nada más.

¿Cuál es el temor de “Pepín”? ¿Correr la misma suerte que los empresarios vinculados al kirchnerismo, como Cristóbal López o Fabián de Souza? Los empresarios que denuncian haber sido extorsionados por Rodríguez Simón para que grupos políticos y económicos opositores absorbieran sus empresas.

“Yo estoy a derecho y estoy libre para la justicia Internacional”, dice “Pepín” otra vez intentando artilugios, que siguen sin borrar la cuestión de fondo. Que la justicia de su país, al que representa como parlamentario, lo requiere y él no se pone a derecho.

Luego vuelve a invocar los supuestos fueros parlamentarios. Y repite, lo que tantas veces a dicho en falsedad, que él nunca invocó sus fueros y que incluso renunció a ellos antes de asumir. Lo cual es una estupidez, teniendo en consideración que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema, firmado en julio de 2016, donde queda claro y confirmado que los parlamentarios del organismo internacional no gozan de los mismos fueros que los parlamentarios del Congreso de la República Argentina. Otra vez, el abogado prófugo, vuelve a tergiversar los conceptos y las informaciones.

Cristina, durante su descargo civil, exhibe evidencias que demuestran cierto vínculo entre el fiscal Diego Luciani y Rodríguez Simón, cuestionando las vinculaciones directas del fiscal con espacios ligados al macrismo; recordemos que hay varias imágenes dando vueltas por los medios, de Luciani y otros miembros del poder judicial, participando de los “torneitos” de fútbol que el expresidente Mauricio Macri organizaba en su quinta Los Abrojos. O la estrecha relación que el prófugo tiene con Carlos Rosenkrantz, el miembro de la Corte Suprema de Justicia que fue puesto a dedo por el macrismo -más allá de que luego fuera refrendado por el Congreso-, y que fue propuesto por el propio Rodríguez Simón. Lo que desde muchas perspectivas se puede entender como un círculo de influencias. Sobre estas acusaciones Pepín dice, asegura que no tenía relación directa con el fiscal Luciani, que ni siquiera lo conocía marginalmente.

Rodríguez Simón asegura que todo ciudadano tiene derecho a recurrir a los recursos de amparo que él ha utilizado, lo cual técnicamente es cierto, así como también es cierto, que el ejercicio de la función pública, exige ciertas pautas éticas. Rodríguez Simón reniega de un sistema de persecución política y judicial que él, en parte, ayudó a construir.

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*Foto de portada: chacopordia.com

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