El exjerarca de gobierno niega las imputaciones con sólidos argumentos en diálogo con ADM

Fue ratificada este lunes 5 de setiembre la imputación contra el exministro de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, por un supuesto cohecho pasivo agravado. Así lo confirmó el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos y Crimen Organizado.

El 15 de febrero de 2022, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua fue detenido en Paraguay con una orden de la policía federal del Brasil, por ser sospechoso de mantener vínculos con el narcotráfico. A través del Operativo Turf, fueron incautados celulares de Marqués de Padua, donde se constató que había estado en contacto con Giuzzio desde enero de 2021.

El Ministerio Público decidió imputar el pasado 12 de agosto al exministro con la carátula de ‘cohecho pasivo agravado’, lo que en la jerga se conoce como sobornos o coimas. La acusación se basa en que Giuzzio habría favorecido a Marqués de Padua para realizar negocios con el Estado sin pasar por licitación, como está establecido en la normativa legal vigente de Paraguay.

En ese contexto de denuncia penal, que ha generado polémica no solo por quien representaba la figura del exministro, sino por los móviles que habrían llevado a realizar dicha denuncia, es que Arnaldo Giuzzio dialogó con Antimafia Dos Mil, realizando su descargo y expresando su punto de vista acerca de lo acontecido.

“Creo que esta imputación penal que se hace en contra de mi persona es parte de una lucha política y no una lucha jurídica. Hay un enfrentamiento político en contra de la criminalidad organizada. Por primera vez se está poniendo en zozobra probablemente a la persona más poderosa y cabeza de una organización que se dedica al tráfico de cigarrillos y al contrabando, en toda la región. No hace mucho fue declarado ‘significativamente corrupto’ por el departamento de Estado americano y a pesar de eso, él sigue campantemente haciendo política y pretende ser hoy presidente del partido político más importante de nuestro país que es el Partido Colorado”.

La clara referencia al caso del expresidente paraguayo Horacio Cartes, tiene que ver con que el pasado 26 de enero, Giuzzio, siendo ministro del Interior, presentó una denuncia contra Cartes por “lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito en la función pública y declaración falsa” ante la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) del Paraguay.

“Desde mi punto de vista, la imputación es un pretexto para ingresar a través de un mandamiento judicial a mi domicilio y obtener o conocer elementos que nosotros como exfiscal, como exsenador, como exministro de Senad y como exministro del Interior contaba en el interior de mi propiedad, en lugares resguardados, poniendo en peligro la fuente y la información de mucho tiempo atrás, y también a las personas que confiaron en mi persona en su momento”.

Y agrega: “En el fondo lo que querían era eso, conocer que lo que teníamos nosotros en nuestro poder sobre Horacio Manuel Cartes Jara. ¿Por qué decimos eso nuevamente? Porque se llevaron elementos, se llevaron documentos, entre ellos carpetas enteras, en donde estaban parte de la investigación contra el expresidente Horacio Cartes, referentes a sus movimientos financieros, a sus movimientos contables, su declaración jurada, las denuncias que habíamos presentado en Seprelad, nuestra presentación ante el Senado en enero, nuestra presentación ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Y eso coincidentemente se dio ocho días antes de nuestra imputación y el allanamiento”.

“Creemos que efectivamente es así porque, primero, el allanamiento se hizo ocho meses después del hecho. El hecho hay que recordar fue en la teoría del Ministerio Público entre el 26 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, fecha en que supuestamente -según la teoría- yo presté un vehículo de una persona que estaba ligada a supuestos hechos de narcotráfico. Dos, porque la imputación se presentó antes que el desarrollo del allanamiento, lo que significa que lo que se iba a encontrar en el allanamiento ya no importaba para la imputación”.

Los efectos incautados durante el allanamiento ocupan nueve hojas de acta. Giuzzio entiende que, en esa actuación, los fiscales demostraron “arbitrariedad”, “temeridad y el mal ejercicio en sus funciones”. En su descargo a este medio, manifiesta que entre otras cosas llevaron “grabadoras digitales, microcassettes, cassettes de antes, una serie impresionante de pendrives que no sabemos qué contenía y mucha otra información que estaba en esos pendrives, datos que absolutamente nada puede revelar en relación al hecho que estaban investigando”.

“¿Qué llevaron aparte de eso? Llevaron procesos, causas, que son de mis clientes, fotocopias de sus expedientes para saber en qué yo estaba, qué yo estaba haciendo, violando así directamente todo principio de reserva y confidencialidad cliente-abogado, y son varias las causas. Y lo peor de todo es que eso está expresamente mencionado en el acta de allanamiento, no pueden decir que esto se obvió por que no estaba individualizado. Individualizaron así, directamente, expresamente, carpeta ‘operación Michael Jackson’, ‘investigación Horacio Cartes’”, asegura.

Giuzzio presentó su renuncia a la cartera del Interior el 22 de febrero. Al día siguiente, según señala el exministro, Gilberto Enciso -gerente de la empresa Black Eagle y quien le alquiló el coche blindado-, fue citado a declarar. El 4 de abril, el abogado de Giuzzio se presentó ante el Ministerio Público para solicitar copias de las actuaciones de la carpeta fiscal, pero este pedido fue rechazado el 7 de abril, alegando que no existía una investigación en su contra.

El 12 de agosto se realiza la imputación contra Giuzzio por parte de los fiscales Alicia Sapriza y Osmar Legal. El 17 de agosto, a través de su defensor legal Guillermo Duarte Cacavelos, Giuzzio presentó una recusación para retirar del caso a los fiscales, en el entendido de que le negaron las copias del expediente donde ya se le estaba investigando desde los días en que renunció al Ministerio del Interior, solicitando se designe “a un agente fiscal que entienda en el proceso con la objetividad y legalidad requeridas para dicho fin”. Se supo que finalmente, el Tribunal de Apelación rechazó su recurso.

“Por otra parte, los fiscales tuvieron un comportamiento sumamente poco ético, desleal mínimamente, y también ilegal, porque nos privaron de acceder a copias de la carpeta fiscal, de la investigación que ellos estaban llevando a cabo y negaron la intervención del abogado que me está representando. ¿Por qué decimos que es arbitrario e ilegal? Porque ya el 23 de febrero de este año, al día siguiente de mi dimisión como ministro del Interior, ya empezaron a enviar oficios solicitando la comparecencia de testigos, pidiendo informes a la Dirección de Migraciones, al propio Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Senabico, todos nominados”.

Marqués de Padua es dueño de una concesionaria de vehículos blindados, chalecos antibalas, donde además brinda servicios de mantenimiento de los blindajes de los vehículos. A lo largo de varios meses, el hombre mantuvo un contacto vía WhatsApp con Giuzzio y le brindó servicios vinculados a su negocio, Black Eagle Group S.A. - OMBU S.A., que lo compartía con Gilberto Enciso.

La investigación está a cargo de Osmar Legal y Alicia Sapriza, fiscal de crimen organizado, y se le dio cauce a través del Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción. El delito por el que se le imputa pertenece al artículo 1°, inciso D, de la ley 6379/2019, que refiere “contra el ejercicio de las funciones públicas tipificadas como: cohecho pasivo agravado”.

Posterior a la imputación, los fiscales Sapriza y Legal, realizaron un allanamiento en el domicilio de Giuzzio el 16 de agosto sobre las 8 de la mañana. El comisario Luis López acompañó las diligencias, que terminaron en nueve hojas de efectos incautados del domicilio del exministro.

Dice Arnaldo Giuzzio: “La orden -de allanamiento, ndr- no puede interpretarse como una   autorización genérica para buscar lo que sea o a la suerte, es una habilitación legal dirigida a buscar indicios sobre un hecho específico (en   este   caso   sustentar un   supuesto cohecho).  Sin   embargo, incautaron y   lo   dejaron por escrito, muchos documentos    que   nada tenían   que ver con   el objeto del procedimiento, en abierta violación al art. 36 de la CN -Constitución Nacional, ndr- cuya mala actuación es también causal para una denuncia por mal desempeño, según el art. 15 inc. A de la ley del JEM -Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados-”.

“Damos por sentado que es un enfrentamiento político, no jurídico. Pero de todas formas tenemos que hacer una defensa jurídica por lo menos para formalizar los que ellos hicieron”.

“Contestando algunas preguntas, primero: ¿sabía el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que el señor Marcus Vinicius estaba involucrado en algún hecho que lo relacione con el crimen organizado antes de los hechos atribuidos en la imputación? Yo te puedo decir, no. No teníamos antecedentes; el Paraguay, de hecho, hasta ahora no los tiene, de que hubiese estado involucrado. Eso, por una parte. Por otra parte, indagando en los antecedentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, encontramos que no se había dado ninguna licitación anterior a mi gestión relacionada a la compra de chalecos o blindajes de vehículos o mantenimientos de vehículos, tanto en la policía como en el Ministerio del Interior. Tampoco se dio durante el periodo de mi gestión ninguna licitación de esta laya porque primero, no había luego recursos, y también porque obviamente no estaba presupuestado”.

“Porque esto es para el futuro, consultamos -yo recuerdo en algún momento- cómo va la proyección de incorporación de bienes y servicios para el Ministerio del Interior y la Policía. Tampoco estaba previsto para el año 2022 abrir una licitación o hacer un llamado convocando a empresas para la provisión de chalecos antibalas tácticos y también blindaje de vehículos o mantenimiento de blindaje; es decir antes, y durante de mi gestión no se dio ninguna licitación y tampoco estaba previsto para el año 2022”, explica Giuzzio.

“Con todos estos elementos cae por tierra la configuración del tipo penal de cohecho pasivo agravado. Nunca existió ese préstamo, nunca tuvimos nosotros esa intención. Fue un hecho fortuito porque nosotros con la familia ya estábamos de viaje en el interior del Brasil, cuando mi vehículo sufre un desperfecto, que ya iba a ser irreparable en ese momento, a pesar del esfuerzo que hicimos con mecánicos locales ya en territorio brasileño. De modo que tuvimos que devolver el vehículo a Paraguay para enviarlo al taller, pero mientras tanto teníamos que continuar el viaje. De urgencia –en forma fortuita- llamé a la única persona que yo tenía conocimiento que arrendaba vehículos en Ciudad del Este y no cualquier vehículo, sino un vehículo blindado. Me comunico con esta persona que resultó ser Marcus Vinicius a quien solicito un vehículo para continuar mi viaje, arrendado obviamente. Él me dice que se va a comunicar conmigo una persona y me va a hacer firmar los documentos. Fue así que firmamos un contrato de arrendamiento de un vehículo blindado”.

“¿Y por qué un blindado? Un mes después se dio el tema de Marcelo Pecci, que demuestra que independientemente a que yo me mueva en otro país, yo sigo siendo ministro y tengo que tener medianamente una seguridad personal y también para la familia. Entonces arrendamos un vehículo familiar, no suntuoso, sino familiar, blindado. El monto está consignado en el contrato. Pero con eso no termina: firmamos un pagaré. Un pagaré es un documento de garantía de pago de un servicio, o por la entrega de un producto, un bien. En este caso al no pagarle yo en ese momento, garanticé el pago de ese servicio con un pagaré, firmado y que está hoy como constancia en la carpeta fiscal”.

“Todos estos elementos dejan sin efecto y sin lugar a dudas de que efectivamente aquí la Fiscalía lo que pretendía era no imputar solamente, sino ingresar a mi casa para llevar toda la documentación que tenga relación con el caso del señor Horacio Manuel Cartes Jara y todo el circuito de gente, esa red de gente que hoy opera para su beneficio”.

“Por eso rechazamos totalmente la imputación”, concluyó Giuzzio.

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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil