Legisladores quedaron estupefactos luego de una visita sorpresa al penal de Las Flores

Por Antimafia Dos Mil-5 de agosto de 2022

“Después de recorrer el pabellón de ‘reparos’, el de ofensores sexuales y la cocina del penal santafesino de Las Flores, cada una de las diputadas y los diputados que fuimos, tuvimos la certeza que las cárceles no pueden rehabilitar a nadie y que, al contrario, degradan y humillan a cualquier persona, cualquiera haya sido el delito cometido”.

Así se expresó el diputado provincial Carlos Del Frade, luego de una visita no programada al penal, realizada en compañía de otros miembros de la comisión de Derechos y Garantías, las legisladoras Lionella Cattalini (quien preside el cuerpo), Agustina Donnet y Matilde Bruera; también el legislador Juan Cruz Cándido; y la Defensora Oficial, Jaquelina Balangione, quien coordinó la visita.

El penal de Las Flores, es un reflejo del restante sistema penitenciario de la provincia de Santa Fe. Las cárceles están desbordadas, aproximadamente hay 7.800 personas detenidas, siendo que la capacidad total de plazas disponibles es de casi 6.000. “Lamentablemente, para mí que he recorrido cárceles toda mi vida nada de lo que vi es novedoso, aunque sí espantoso. Hay mucha sobrepoblación en Santa Fe. El nuevo sistema penal triplicó la población en pocos años”, declaro a El Ciudadano, la diputada Bruera. La superpoblación carcelaria, es un fenómeno repetido en toda América Latina. La expansión del narcotráfico, la falta de políticas en materia de crimen organizado (agiornado a los tiempos actuales), las reformas judiciales que permiten juicios abreviados, el abuso de las prisiones preventivas, la falta de saneamiento en las fuerzas de seguridad, solo por enumerar algunas, son los cimientos de un problema de larga data, estructural que la política no ha tenido la facultad de resolver, en el mejor de los casos, o de falta de voluntad, en el peor de los casos.

Estupor parlamentario tras entrar en una carcel 2

Sobran presos, faltan lugares, “la situación de alojamiento es infrahumana”, dijo Cattalini. Además, agregó: “Las condiciones de detención que vimos denotan una total falta de inversión por parte del Poder Ejecutivo. Lo que vimos es el resultado de la no gestión, más grave aun teniendo en cuenta que existe una Ley marco de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario con presupuestos que no han sido ejecutados y obras para ampliar plazas -que habían prometido inaugurar en octubre de este año- pero que recién están empezando, según lo que pudimos observar hoy”.

"Vengo recorriendo las cárceles desde el principio de la democracia y no se avanzó en nada”, dijo Del Frade al diario Página/12. “Que se sigan manteniendo los buzones (celdas unipersonales, particularmente pequeñas, ndr), es una cosa increíble". Las condiciones de aislamiento extremas, como el régimen de cárcel duro italiano, impuesto a los capos mafia condenados por delitos especialmente graves –como atentados terroristas, secuestros extorsivos o asesinatos múltiples- tiene como principal precepto resguardar la seguridad de los demás detenidos, además de romper el vínculo afiliatorio con la organización criminal. Pero, al mismo tiempo, este régimen extremo resguarda completamente las necesidades materiales del detenido, y provee acompañamiento sanitario de manera permanente".

“Hay una gran discusión de fondo que es, qué tipo de sistema carcelario queremos, qué justicia queremos y dar una discusión muy sincera con la gente, que una cosa es la justicia y otra es la venganza”, propone Del Frade, a la vez que afirma: “Cuando no tenés agua para tomar, ni luz eléctoo90,rica, cuando los colchones están mojados y comes mal, la cosa se hace grave. Destruye cualquier intento de resocialización”.

Por su parte Balangione afirmó, de Santa Fe, que “el sistema va de mal en peor, pero la sociedad tiene que saber que al empeorar adentro también se empeora afuera, hay que ver otros modelos, que sean más eficaces en la respuesta a la ciudadanía y que bajen los niveles de violencia y conflictividad social”.

Reclutamiento

“Pasamos de 3.500 presos a 9.300 en ocho años y la sociedad es más violenta”, explica Balangione a Rosario 3. El contexto del narcotráfico, ya a esta altura desbocado, cambió completamente la fisionomía delictiva de la ciudad. Los jóvenes ya no solo están expuestos a las marginalidades materiales, educativas y culturales de una sociedad que los relega; sino que además quedan a merced del reclutamiento por parte de las bandas narcopoliciales, que cada vez más complejas, absorben más territorios, más negocios y más jóvenes. En este sentido, la defensora reflexiona sobre el hacinamiento: “Hay superpoblación y mezcla en los pabellones de personas que cometieron delitos (o sospechadas, porque hay muchas sin condena) de distinta índole”. Y complementa diciendo, que están entreverados “muchachos muy jóvenes con delitos primarios, con hombres que ya tienen una carrera” delictiva muy frondosa. Una joven que cometió un arrebato, y tiene una pena de pocos meses, comparte el espacio con un delincuente de amplia trayectoria y organizado.

El incumplimiento por parte del Estado, del aprovisionamiento de bienes e insumos básicos, po0ñlas cárceles, con completa anuencia del sistema penitenciario y judicial.

Informe anual del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal

Al día siguiente de la visita no programada, la Defensora Oficial, Balangione, realizó la presentación del informe anual sobre el estado de situación del sistema penitenciario, ante la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe.

“En 2021, el 45% de las personas privadas de libertad, tanto en prisiones como en comisarías no tenían condena firme en Santa Fe”, detalla el informe. En este sentido hay que contemplar que la sobrepoblación carcelaria, sumado a la excepcionalidad de la prisión preventiva, convertida en norma, creó la situación de detención cuasi permanente en comisarías y otras dependencias policiales. Respecto de esto la defensora, remarca la consideración de que el sistema penitenciario está pensado para la reinserción social de los detenidos, dándole “una finalidad a la pena en encierro. Para esto son las cárceles. Los ámbitos policiales están para otras cosas”.

Entre el periodo 2020-2021, se registraron 66 muertes (62 hombres y 4 mujeres) dentro del sistema de detenciones, 52 de ellas dentro de los institutos penitenciarios, las restantes 14. Del total 44 fueron catalogadas como muertes violentas. Una cifra tremenda, contemplando que toda persona detenida, están bajo tutela absoluta del Estado, y que, por tal motivo, la responsabilidad de las instituciones estatales, y de sus funcionarios, es directa. Las sanciones y penas por estas responsabilidades brillan por su ausencia, expandiendo de esta manera el arco de responsabilidad en torno al sistema carcelario, y llegando a los despachos de aquellos que miran la situación desde lejos.

Las 22 muertes restantes, fueron descriptas bajo el rotulo ‘no violentas’, lo que abarcaría “padecimientos físicos no determinados, enfermedades crónicas o prevalentes”. Sobre esto, en el informe se lee, “el grave deterioro de las condiciones materiales de vida, la inadecuada alimentación, la carencia de agua potable, la falta de higiene, la presencia de vectores, la dilación o la ignorancia ante pedidos médicos, la falta de seguimiento en el control de medicamentos, la inadvertencia y falta de estudio en problemáticas de Salud Mental entre otros factores tanto materiales como humanos, resultan determinantes para el desarrollo de enfermedades que desencadenan en muchos casos en esas muertes ‘no violentas’”.

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*Foto de portada: ellitoral.com