José Luís Cabezas tenía 35 años cuando en la madrugada del 25 de enero de 1997 lo secuestraron, lo golpearon, lo esposaron, lo hicieron arrodillar, lo mataron de dos balazos en la nuca y lo incineraron dentro de su automóvil en una cava de dos metros de profundidad, cerca de la ciudad de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Era padre de tres hijos y trabajaba como fotógrafo para la revista Noticias.

Con la muerte de Cabezas comenzó en Argentina uno de los procesos judiciales más importantes de la última década del siglo pasado. Fue un caso que atravesó las estructuras de la sociedad en sus aspectos más sensibles, a la vez que dibujó una imagen de sus debilidades institucionales.

La revista Noticias había investigado durante varios años las denuncias sobre los delitos económicos de Alfredo Yabrán, su relación con la dictadura cívico militar, con funcionarios de los gobiernos democráticos y con la jerarquía de la Iglesia Católica. También le seguía los pasos a la bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, la maldita policía de triste memoria. Cabezas, empleado de la revista, fue el fotógrafo que le sacó la única foto conocida a Yabrán, que casi un año antes había sido portada del medio gráfico y que lo puso en la mira del poderoso empresario.

Yabrán era consciente de sus numerosos enemigos, desde el entonces ministro de economía, Domingo Cavallo, hasta diversos empresarios que dejó en el camino con su brutal manera de hacer negocios. De ahí su temor a ser fotografiado, razón de ser de la extraordinaria custodia personal que lo rodeaba y el ejército de casi setecientos hombres que protegía sus empresas.

¿Por qué Cabezas? Se han tejido muchas teorías al respecto y varias pueden acercarse a la verdad. Pero hay una que es indudable: porque era fotógrafo y obtuvo una fotografía del hombre que había dicho que 'sacarme una foto es como pegarme un tiro en la cabeza'. La foto es un documento completo, un testimonio de la verdad. Es un instrumento que vuelve visible lo oculto, no hay palabras que puedan desmentir lo que quedó plasmado en una foto.

Hoy parece imposible encontrar la respuesta a esa pregunta, porque Yabrán se suicidó momentos antes de ser detenido, su muerte extinguió la acción penal y el caso en su contra se cerró.

Durante las investigaciones previas al juicio -con sus más y sus menos- se comprobó que en el homicidio de Cabezas habían participado hombres de la bonaerense y delincuentes comunes contratados por el jefe de seguridad de Yabrán y que la zona había sido liberada por el comisario de Pinamar. El método utilizado fue muy similar a los de los grupos de tareas de los años '70. Pero no fue fácil llegar a esa conclusión. Antes de alcanzar la verdad de los hechos que terminaron con la vida de Cabezas, fue necesario superar los engaños, mentiras, encubrimientos, rastros aparentes, testigos falsos y otros desvíos de la investigación que amenazaban con dejar impune el peor crimen contra un periodista desde la recuperación de la democracia.

En el juicio oral y público celebrado en el año 2000 fueron condenados a reclusión perpetua Gustavo Prellezo -considerado por los jueces autor de los dos disparos- Aníbal Luna y Sergio Camaratta -partícipes necesarios del crimen- todos ellos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, junto con Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Alfredo Yabrán y autor intelectual o instigador directo del mismo. Por su parte, los integrantes de la banda 'Los Horneros' fueron considerados partícipes necesarios y condenados a la pena de prisión perpetua.

En un juicio posterior también fue condenado a reclusión perpetua el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, por liberar la zona para el homicidio. Pero en el año 2003 la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, cambió la calificación del delito y casi ningún condenado llegó a cumplir 10 años de cárcel.

Los recuerdos de ese 25 de enero en que nos despertamos con la noticia de la muerte de Cabezas permanecen en nuestra memoria porque evocaron otros parecidos que se creían superados. El terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar de fines de los años setenta y principios de los ochenta había hecho desaparecer alrededor de doscientos periodistas.

Pero a la vez es imposible olvidar, el verano de 1997, porque fue el año en que la sociedad argentina empezó a manifestar, en forma cada vez más clara, su cansancio por la impunidad, por una policía brutal y corrupta y por un poder judicial que seguía protegiendo a quienes habían matado, y mataban, desde el Estado.

La vieja lucha de nuestros pueblos por el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad van de la mano y son las dos caras de una misma moneda.

La muerte de Cabezas fue un claro caso de necropolítica, es decir la auto atribución que se hacen los hombres del poder para decidir quien vive y quien muere.

El mensaje intimidatorio para la prensa no podía ser más claro: con el poder no se juega. O, dicho de otra forma, se utilizó la vieja fórmula de matar a uno para controlar a muchos.

"No se olviden de Cabezas", fue el pedido de sus padres leído junto a su tumba el día de su sepelio. Es también la consigna que quedará para siempre en la historia de nuestro país. Fue el grito que la sociedad utilizó para pedir justicia. Justicia que se vuelve muy difícil de obtener cuando el poder real se conserva a salvo mediante hechos que mantienen a raya las investigaciones acerca de la forma en que el mismo se construye o actúa.

La muerte es uno de esos hechos. La complicidad de parte de las instituciones es otro. Y el encubrimiento del poder judicial cierra el círculo.

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*Foto de portada: noticias.perfil.com