Argentina hierve. Hierve por la ola de calor y por la hoguera de vanidades que armaron entre las distintas facciones del espionaje, que sirven contestatariamente al vaivén político del país.

El comisario, Hernán Casassa, quien oficia como perito contable, se presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, para ratificar el contenido de dos audios, donde habla sobre la mesa judicial armada por el macrismo en la provincia de Buenos Aires, para impulsar causas judiciales contra opositores políticos, en lo que la prensa título “La Gestapo macrista”.

Concretamente, un número de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, se reunieron con un grupo de empresarios y algunos agentes de inteligencia, para coordinar los pasos a seguir para poder condicionar judicialmente a algunos sindicalistas. En el video de una de estas reuniones, que fue presentado a la prensa y a la justicia, se ve al, en ese entonces, secretario de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, literalmente prometer que, si tuviera una “Gestapo propia”, podría acabar con los sindicatos. Cabe destacar que este video es sin lugar a dudas parte de una operación de espionaje, que será fundamental e imprescindible esclarecer quién la ordenó y por qué.

Casassa, afirma que en la mesa judicial del macrismo participaban activamente la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador de la provincia Julio Conte Grand. Esta mesa se reunía sistemáticamente, cada 15 días. El perito, también explicó los vínculos entre la exlegisladora, Elisa Carrio, Vidal y la Auditoria de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

El oficial también explicó que, este armado de causas judiciales no se limitaba a la mesa de “la Gestapo macrista”, sino que había una organización sistematizada para perseguir a opositores políticos, que se digitaba desde la Presidencia y desde las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Estas causas se alimentaban con informes confeccionados por la misma AFI, la oficina de Asuntos Internos y la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo (se refiere al exministro de seguridad Cristian Ritondo, ndr), buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí - y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis (informes comerciales, ndr), hablaba con la UIF, pedía información de todos lados”, explica Casassa. Su alerta respecto a Conte Grand, es que este ocupaba la procuraduría de la provincia, y el hecho de que se reuniera con la gobernadora exponía un serio conflicto de intereses y de superposición de poderes.

El oficial también explicó que las reuniones de la mesa judicial nacional eran organizadas desde el gabinete conducido por Marcos Peña y en otras ocasiones eran convocadas desde la AFI dirigida por Gustavo Arribas, el mueblero e íntimo amigo de Mauricio Macri. En los mails de convocatoria a las reuniones figuraban el ministro de Justicia, German Garavano y también el exjefe de asesores de la presidencia, José Torello y Pablo Cusellas, el exsecretario de Legal y Técnica. Todos estos funcionarios de primera línea que reportaban directamente a Mauricio Macri.

Los audios fueron presentados ante la justicia por el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez. Tanto Pérez como el propio Scioli, sufrieron una fuerte persecución judicial y mediática, durante la gestión macrista. En muchos de los allanamientos que les fueron realizados, participo el comisario Casassa, que por este motivo conoce perfectamente parte del entramado.

Casassa, utiliza en uno de los audios una terminología que revive los peores momentos de la historia argentina y latinoamericana. Dice textualmente, que la oficina de Asuntos Internos funcionaba como un “grupo de tareas”. Estos entramados de espías, ocurridos a mediados de 2017, tuvieron repercusiones reales y concretas contra funcionarios de gobierno y opositores políticos. Pero más allá del daño personal que a cada uno pudiera ocasionarle, completamente reprochable, lo verdaderamente dañado es la imagen y la credibilidad del sistema judicial.

¿Qué tipo de democracia podemos construir cuando el principal órgano de fiscalización es utilizado como un preservativo? ¿Dónde quedan los discursos de transparencia y las oficinas especializadas anticorrupción?

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*Foto de portada: cronicadigital.cl