Funcionarios macristas y empresarios organizaban causas judiciales contra los sindicatos

Por Alejandro Diaz-5 de enero de 2022

En los últimos días se publicó un video, “hallado” por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde un grupo de funcionarios macristas y algunos empresarios de la construcción y sujetos cuya identidad aún no ha sido revelada, mantenían una reunión en la sede del Banco Provincia en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde organizaban el armado de causas judiciales para enfrentar a los gremios sindicales. Pese a que el hecho tuvo lugar el 15 de junio de 2017, los videos fueron exhibidos recién ahora.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien está revisando la actuación de los espías bajo la gestión de Macri, dijo: “En la provincia había una mesa judicial que buscaba destruir el movimiento sindical”. Además agregó: “El video es en el Banco Provincia. Había tres personas de la AFI, yo puedo especular por qué lo grabaron. Se grababa de todo”.

Más allá de las afirmaciones de la interventora, quedará por comprobar quién ordenó aquella filmación, y quién ordenó archivarla hasta ahora. Porque si hay algo que uno no puede evitar pensar, es en el oportunismo político.

Durante la reunión que se ve en el video, los funcionarios macristas aseguraban a los empresarios estar en condiciones de coordinar con la fiscal y el juez una “estrategia judicial”, avalada por el gobierno nacional y el gobierno provincial, para avanzar contra las dirigencias sindicales, en particular contra los de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción Argentina). Quien plantea el proyecto es Marcelo Villegas, en ese presente ministro de Trabajo de la gestión de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dice textualmente Villegas: “Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

La mentalidad fascista, nazista en su sentido más explícito vive en la mente de algunos funcionarios de gobierno. Estas declaraciones, merecen un apartado por sobre la grave situación que describe el video. Grupos de tareas, listas negras, torturas, violaciones en masas, asesinatos, fusilamientos, cámaras de gas, desapariciones, exterminio, genocidio, entre tantas otras características que se agrupan bajo el rótulo de crímenes de lesa humanidad, son la consecuencia directa de la existencia de estructuras de inteligencia militar o paramilitar como lo fue la Gestapo, como lo fue la Triple A, como lo fue la Avanguardia Nazionale, como lo fueron las Ligas Patrióticas, como lo son hoy en día ciertos sectores de las fuerzas policiales de América Latina, pertenecientes a los Carabineros chilenos, a la ‘maldita policía’ argentina, a la policía nacional colombiana, o de la policía militar brasilera.

¿Qué tipo de medidas judiciales y disciplinarias deben recaer sobre este tipo de funcionarios y empresarios? Actualmente personajes siniestros de la historia, y de la actualidad argentina, como Carlos Pedro Blaquier, son investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra obreros y estudiantes para mejorar sus posiciones económicas, políticas y sociales. Esta mentalidad, lamentablemente arraigada a la cultura, existe a causa de la impunidad que gobierna en el país.

En la reunión donde el exministro Villegas explicaba los términos del acuerdo, se encontraban el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial Juan Pablo Allan, el exsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi y el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante. Por parte de los empresarios se encontraban Marcelo Jaworsky, director general de COPETRO; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Fernando Sacrachi, director de ACIP, y Fabián Cusini, presidente de AGRINECO. Además, en la reunión había otras seis personas, tres de las cuales serían, según la interventora, miembros de la AFI. Estos son Diego Dalmau Pereyra, jefe de Operaciones de Contrainteligencia de la AFI; Sebastián Di Stefano, director de Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, director de Terrorismo de la AFI. ¿Tres pesos pesados en una reunión explorativa?

Los empresarios allí presentes debían hacer su parte. Villegas les explica que en primera instancia debían entregar en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, una serie de notas donde expresamente se quejaran de la conducta de los sindicalistas, debían incluirse palabras como “extorsión” y “amenaza”. Era fundamental que estas notas no fueran ingresadas por mesa de entrada, sino que debían ser entregadas en mano a Villegas. Una vez establecidos estos antecedentes, los empresarios irán a la justicia a presentar la correspondiente denuncia, en un tribunal acordado. Entonces el juez pediría informes al Ministerio de Trabajo y Villegas le entregaría las notas y los registros elaborados de antemano.

“El esquema es el siguiente: necesitamos reconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabrotas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas”, estas textuales palabras fueron la explicación de Villegas, sobre el modus operandi. Repito, Marcelo Villegas es, en ese presente, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y agrega: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar”.

Luego, Villegas deja en claro que esto no es un acto de corrupción de un funcionario desviado, sino de que hay una línea de trabajo, una decisión política para afrontar las tensiones laborales entre las patronales y las organizaciones sindicales, de manera ilegal. “Hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un vice ministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”.

“La guerra es el fracaso de la diplomacia”, dijo el exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Dingell. “Si nosotros no aprovechamos esto ahora es lo peor que puede pasar. En 50, 60 años más no se va a solucionar. El destino, el futuro, nos puso en este lugar. Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar garantizándoles, dando la contención que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar”, afirmó en su momento Julio Garro. “Hemos estado en el 2016, 2015, 14, 13, en 400 millones de asados, comidas y de lo único que se hablaba era de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno. Lo estamos haciendo”, agregó. Esto es justicia por mano propia. Esto es la negación no solo de la diplomacia y de la democracia, esta es la negación de cualquier idea de Estado. Es fundamental consideran que Garro tiene bajo su órbita de control a la Policía Municipal, un funcionario dispuesto a abandonar la legalidad en pro del “destino”. “Hay que hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa”, dijo, no dejando lugar a las dudas sobre sus métodos, sus intenciones y por sobre todas las cosas, sobre sus valores morales.

Pocas semanas después se produciría la mediática detención de Juan Pablo ‘Pata’ Medina, el histórico dirigente de la UOCRA de La Plata, que tiene bajo su control la zona de ensenada. Medina tenía, para ese entonces, una reputación propia y algunas causas judiciales abiertas. Su detención fue tapa de todos los diarios, y la gestión de María Eugenia Vidal, la uso como estandarte en su cruzada de “transparencia”. Las revelaciones de los videos de la ‘mesa judicial’, favorecen la situación del sindicalista, al menos por ahora.

La situación es tragicómica, los empresarios supuestamente damnificados por los ‘aprietes’ de los gremialistas, se transforman en extorsionadores, y ahora se encuentran bajo investigación de una nueva instancia que es producto de otra operación de espionaje. Esta serie deja en evidencia más que las irregularidades e ilegalidades de una casta política, las falencias del sistema judicial.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la AFI para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, publicó en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández. La causa hasta el momento está siendo llevada adelante por el juez Ernesto Kreplac, titular del juzgado Federal en lo Penal y Correccional n°3 de la Plata, quien levantó la feria judicial y ordenó los primeros allanamientos.

Mientras tanto, desde el entorno de la exgobernadora María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, siguen sin realizar declaraciones públicas.

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*Foto de portada: nodal.com.ar

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