El pasado domingo 28 de noviembre fue encontrado el cadáver de una mujer amarrado de pies y manos en una casa abandonada en Calama, por lo que se busca dar con el paradero de él o los responsables. Ayer se conoció la identidad de la mujer, Javiera Rojas Veas (42), ambientalista que participaba de varias luchas en la zona y que se oponía a distintos proyectos contaminantes como termoeléctricas y embalses. Hay dos hombres detenidos por la PDI, y el caso está siendo investigado para determinar las motivaciones del asesinato.

De acuerdo a lo antecedentes preliminares, en el lugar donde fue encontrada, antiguamente funcionaba un punto de venta de drogas, por lo que fue demolido por las autoridades, pero algunas habitaciones seguían en pie.

Personal policial constató el hecho de que estaba atada de manos y pies, y la fiscal de turno dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la Policía de Investigaciones.

Ante el hecho, las diputadas Marcela Sandoval y Catalina Pérez oficiarán, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a Fiscalía, para designar "a un fiscal especial para que se investigue no solo por femicidio, sino también por presunta persecución a una activista ambiental", dijo Sandoval.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez calificó de "indignante" la muerte de Rojas: "En 2019 se fue a Calama a cuidar a su madre. Espero se investiguen las causas de su asesinato. Exijo justicia", comentó el legislador en su cuenta de Twitter. 

En tanto, la senadora y excandidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, expresó que la muerte de la activista "debe ser investigada en profundidad y con prontitud. Su caso no puede quedar en la impunidad. Mis condolencias a su familia y compañeros en la defensa del medio ambiente".

Javiera era conocida por su lucha, y participaba activamente en causas ambientales, luchando contra la Termoeléctrica de PRIME y el embalse La Tranca, que era también la lucha de un pueblo perdido entre las montañas en la comuna de Combarbalá, en el valle y río Cogotí, que fluye entre las laderas perdidas de ese norte chico que verdea por donde fluyen sus aguas, y junto a ella, la dignidad de campesinos y campesinas que defendían las tierras de El Durazno, localidad amenazada, bajo la lupa siempre inclemente del latifundio pisquero.

La Agrupación Ecológica Valle de El Durazno, formada en contra de la construcción del embalse, y entonces presidida por Rojas, aseguró que la instalación supondría inundar la mitad de la localidad.

“Demostramos que esta obra pública no era necesaria, que favorecía a dos empresarios, y que el argumento de que el embalse era una obra para enfrentar la sequía y los efectos del cambio climático, eran una falacia, solo se buscaba ampliar la superficie de monocultivo para la agroexportación”, dijo la entonces presidenta de la Agrupación, Javiera Rojas, al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en 2018.

Según difundieron medios independientes, Rojas también se manifestó contra el proyecto central de respaldo de Combarbalá, de la empresa Prime Energía, una filial de la operadora de inversiones EnfraGen Capital, con sede en Nueva York. A su vez, es una empresa conjunta entre la estadounidense Glenfarne Group LLC y la firma suiza Partners Group Holding AG.

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*Foto de portada: lagacetaambiental.com