Ya estaba por demás dicho, desde el momento mismo de los hechos, en el territorio de la lof Quemquemtrew, de la zona de El Bolsón, en la región conocida como Cuesta del Ternero, de la provincia de Río Negro, que algo sucio, muy sucio, había por detrás de un episodio que en apariencia no dibujaba confusión, sino, el inexplicable y descontrolado -y criminal- comportamiento de dos hombres (que dijeron ser cazadores) al momento de atacar a balazos -con armas largas calibre 22- a dos mapuches: Elías Garay, de 29 años y Gonzalo Cabrera, de 22 años,  ocasionándole la muerte al primero y heridas graves al segundo. Ambos intrusos huyeron del lugar, perdiéndose entre los árboles, en una zona que, literalmente, estaba cercada por fuerzas de seguridad, desde hace ya dos meses, lo que llamó poderosamente la atención a todos aquellos que estaban sitiados en la lof y a todos aquellos que, desde las afueras de ese territorio en conflicto, no daban crédito a lo que allí estaba ocurriendo: que, a dos mequetrefes y vándalos se les hubiera dejado pasar, siendo que era una zona de tajante exclusión, a menos que, ellos, “los cazadores”, tuviesen un preferencial tratamiento (o vínculo con las fuerzas policiales) para lograr el acceso a una tierra blindada, con fines obviamente non santos, a juzgar por los hechos. Arrancando de allí, todo hace suponer, y a la vista de las novedades recientes, que los hechos tendrían autores materiales y autores intelectuales, solo que, por una cuestión de intereses, de estrategias, y de maldades -de vieja data- los involucrados: fuerzas policiales y “cazadores” no deberían verse vinculados y muchos menos involucrados, al menos para la versión oficial, porque no vaya a ser que (haya quienes) piensen -maliciosamente”- que desde filas estatales se planificó y se puso en práctica el plan de escarmentar (una vez más) a los mapuches, apelando a una muy turbia estratagema, de tinte mafioso, con el concurso de dos, llamémoslos sicarios, por más que ellos se definan como cazadores. Lo cierto es que los involucrados, identificados como Diego Ravasio y Martín Feilberg, ambos empleados de los hermanos Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco, los contratistas que tienen concesionado el predio fiscal -que pertenece al municipio de El Bolsón- específicamente para la explotación maderera, están ahora en el banquillo de los acusados, deslizándose, desde filas judiciales, que la identificación y posterior captura de los “cazadores” fue gracias al registro de un dron policial, lo que resulta en extremo desconcertante (o sospechoso, como se quiera interpretar) porque entonces, debido al registro, lo lógico hubiese sido que las autoridades, habiendo detectado la presencia de dos intrusos en el predio (donde se hallaba un asentamiento pacífico de la comunidad), de inmediato, hubiesen dado la orden de detenerlos.

Pero esto no pasó, porque los intrusos, de hecho, ingresaron en el terreno impunemente (actuando, como se dice, en una zona “liberada”) hasta toparse -cara a cara- con Elías y Gonzalo, con los resultados conocidos. No hay tu tía, el hecho presenta toneladas de fisuras y contradicciones, que solo pensarlas a uno le da náuseas, porque se pone al desnudo, que toda esta parafernalia antimapuche -que no es novedad por esos lares, desafortunadamente- tiene una sola raíz: el odio, el racismo más repulsivo que hoy se haya visto en esa región argentina (y que se ve también en otras zonas), la maledicencia, la intención mafiosa de cercenar vidas a troche y moche, para obtenerse tierras que favorecerán pingues réditos, la corrupción estatal y por si fuera poco, los mismos sentimientos de los hacedores de las campañas del desierto, de siglos atrás, que se mantienen vigentes, solapados y encubiertos, en la mayoría de las veces, aunque en ocasiones, son terriblemente descarados. 

Continuando, en torno a los muy graves hechos de Cuesta del Ternero, cuya visibilización mediática, obviamente, que no tiene la magnitud de otros hechos donde el abuso policial mafioso es explícito, fomentado por racismos dirigidos a los jóvenes de piel oscura o que residen en zonas suburbanas -están los casos recientes de Lucas González (en zona bonaerense) o de Lautaro Rosé (en la provincia de Corrientes)- debemos sumar algunas muy oportunas apreciaciones: por ejemplo, la del abogado Nelson Ávalos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de la región Noroeste de Chubut, quien afirma: “La gran duda es porqué en el puesto policial de Cuesta del Ternero los dejan pasar, se escuchan disparos y los dejan salir”; también, la de un dirigente indígena de la zona, quien redobla la duda: “Cómo puede ser que la Policía les haya habilitado el paso, si estaba bloqueado el camino y no se podía pasar ni la comida” ; y está además, la puntualización de Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche tehuelche de Río Negro: “Hay cosas que no tienen explicación, como el dron que sobrevolaba el lugar diez minutos antes del ataque. Si era de la Policía ¿para qué recorre el lugar antes del ataque? ¿Qué tiene que ver la Policía de Río Negro con esto? ¿Qué tiene que ver el empresario Rocco con el gobierno de Río Negro y con el de Chubut? 

A poco de registrarse los hechos, y seguramente mientras los autores materiales todavía se alejaban de la Cuesta del Ternero, en un vehículo Duna color rojo, dejando a sus espaldas el cerco policial y la masacre, y el cuerpo de Elias Garay tendido sobre el terreno (y que no puedo ser retirado, hasta bastantes horas después, en el curso de una ceremonia ancestral, bajo un clima de extrema tensión) los integrantes de la lof y los primeros representantes de organizaciones de DDHH y de defensa de los pueblos originarios que llegaron al lugar, asumieron con pesar, que el fantasma del sicariato no estuvo ausente; y ese pensamiento surgió casi de inmediato, porque habían circunstancias que solo por sentido común, fueron determinando interrogantes que apuntaban en ese sentido, la mayoría sin respuestas coherentes.

Y en ese contexto, sobrevinieron comentarios desde filas gubernamentales y en medios de comunicación hegemónicos, literalmente destinados a “embarrar la cancha” como se dice habitualmente: “Que fue un ajuste de cuentas en los miembros de la comunidad”; “que fue un tema personal”, etcétera, etcétera.

La imperiosa necesidad de desvirtuar los hechos, fue una de las consignas del oficialismo de la provincia, en todas sus formas, registrándose situaciones que no congenian ni con el respeto, ni siquiera con la dignidad humana: tal parece que la pérdida de esa vida (la de Elías Garay) no importó mucho, para las autoridades, ni tampoco para los empresarios, y lo que es peor, tampoco para la mayoría de la sociedad civil de la zona, porque se llegó al extremo de que una fiesta tradicional en curso, que tuvo que ser interrumpida por estos hechos, generó un suculento desmadre de ciudadanos locales,  los que incluso acometieron violentamente contra las comunidades mapuches, por haberse atrevido a suspender el evento, por la muerte de “un mapuche”. Vecinos airados, algunos ebrios, con cuchillos y armas de fuego, arremetieron contra los mapuches que estaban en la calle, protestando por lo que acababa de ocurrir en la zona de Cuesta del Ternero, cerca del hospital donde estaban atendiendo a Gonzalo Cabrera. Hubo corridas y pánico entre los mapuches, y hasta la madre del herido, María Luisa Huincaleo fue golpeada. Pero la nota más lacerante y que más pone en evidencia, la complicidad de los funcionarios del gobierno provincial, fue que el propio intendente -Bruno Pogliano, de Juntos Somos Río Negro- al día siguiente, tuvo el descaro de agradecer públicamente a los vecinos por haber despejado la vía pública. 

Esto es patético: se ha naturalizado el racismo; el odio a las comunidades mapuches y el desprecio a la vida humana. Esto ocurre en esa región de Argentina, pero, no se trata de un hecho aislado, todo hace parte de un plan orquestado para defender intereses financieros de multinacionales y grandes empresas, que ven, notoriamente, que los pueblos originarios, conviviendo en parques y regiones ideales para el turismo de alto vuelo, son una piedra en el zapato, para los emprendimientos económicos. Entonces, hay que actuar en consecuencia, de la mano de los gobernantes de turno.

Intereses espurios, defendidos por cobardes y criminales que hacen girones la democracia, que se defecan en el Estado de Derecho, y que tienen como cómplices a hombres y mujeres, en puestos de poder. 

Desde este lado del río, nos invade la vergüenza ajena; pero, la ira y la desazón, que nos embarga, por ser testigos de tanta infamia, nos da fuerzas para ofrecer dura lucha a esta criminalidad organizada racista, extendida, por el Río de la Plata y por el mundo.

Ya no hay palabras, para calificativos. 

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*Foto de portada: perfil.com / Elías Garay, fallecido

*Foto 2: laizquierdadiario.com / Martín Fielberg, uno de los detenidos

*Foto 3: diariojornada.com / Gonzalo Cabrera, herido

*Foto 4: tiempojudicial.com