En el marco de un nuevo aniversario por el asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada, la revista Antimafia Dos Mil se encuentra realizando una cobertura especial desde suelo paraguayo. Allí está presente nuestro director, el periodista Jean Georges Almendras.

Año tras año, desde aquel fatídico 16 de octubre de 2014, cuando ocurrió el atentado a Medina y Almada, nos convocamos y convocamos al periodismo internacional y a la audiencia en general, a prestar particular atención a la tierra guaraní. Una tierra que desde hace décadas es arrasada por la violencia, en un contexto social y político, donde distintos actores confluyen en un mismo presente sumiendo a una población entera y su historia, en una cultura dominada por la corrupción estructural, la violencia estatal y paraestatal, el abandono institucional y la institucionalidad del abuso. Una tierra plagada de contrabandistas, narcotraficantes, fascistas, militares y paramilitares que sodomizan a una población mayoritariamente campesina y marginal. Una tierra donde los índices de pobreza, precariedad laboral, explotación infantil, trata de personas y hacinamiento disrumpen con la fastuosidad, la opulencia, la vanidad y la soberbia de una casta política enriquecida por la sangre de los “nadies”.

En el último año, quizás a causa de la pandemia global que magnifica cada problema, Paraguay arde. En un lapso de dos semanas, en un contexto de elecciones municipales, se han sucedido numerosos atentados contra distintos referentes políticos municipales, en particular en los departamentos del norte de la región oriental (Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú), destacando los asesinatos a manos del sicariato de los candidatos a concejales Bartolomé Morel Gauto y Néstor Echeverría, en especial por la saña con la que fueron ejecutados. También en los últimos días, en Pedro Juan Caballero, fue atentado un grupo de cuatro personas entre las que se encontraba la hija del gobernador de Amambay; todos murieron bajo fuego graneado de fusiles de guerra AK47 y AR15, en manos de sicarios. Esta zona de frontera está, desde hace lustros, a merced del narcotráfico. En esta región, las bandas de narcotraficantes, se entrecruzan con estructuras políticas tradicionalmente corruptas, para alcanzar un nuevo estado de situación, que la prensa ha titulado 'narcoestado'.

Este narcoestado es una consecuencia de las estructuras criminales que se consolidaron a partir de la dictadura de Stroessner. Las oligarquías y castas militares explotaron la franja agrícola ganadera, así como también consolidaron el monopolio sobre las rutas del transporte, donde el producto legal e ilegal del Paraguay fluye hacia el mundo, gracias a la consolidación de estructuras criminales especializadas en el contrabando y la flexibilización fiscal e impositiva emanada de los gobiernos corruptos.

Este narcoestado paraguayo gozaba de cierto equilibrio, siempre con características de corrupción endémica, que permitía una dosificación de la violencia en un territorio controlado por las instituciones del narcoestado. Pero desde hace algunos años la influencia de las bandas narcocriminales del Brasil, el Comando Vermelho (CV) y en especial el Primer Comando Capital (PCC), se han intensificado, y la estructura del narcotráfico ha mutado por completo. En el 2016 un grupo de asalto comando asesinó al jefe narco Jorge Rafaat Toumani, quien regenteaba la zona de Pedro Juan Caballero; este atentado rompió con un status quo entre los actores políticos criminales. Una de las principales características de estas organizaciones brasileras, es su fuerte presencia en las cárceles; a decir verdad, su nacimiento es dentro de los servicios penitenciarios. Esta modalidad se replicó también en las cárceles paraguayas, lo que ha dado lugar a fenómenos nunca antes vistos: cruentos motines, asesinatos sanguinarios, y decapitaciones son cada vez más frecuentes. En enero de 2020, ocurrió una fuga masiva, donde aproximadamente 90 presos, vinculados al PCC, escaparon por un precario túnel en la Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero, tirando por la borda el accionar represivo del Estado. En marzo la secretaria nacional Antidrogas (Senad), capturó a 23 miembros del PCC que estaban reunidos en asamblea en la zona de Pedro Juan Caballero.

La presencia de estas formas organizadas y violentas repercute directamente en la calidad del sistema penitenciario, y los guardias cárceles, expuestos a estas estructuras, en el mejor de los casos, y viciados de estas conductas, en el peor de los casos, adoptan cada vez más comportamientos opuestos a la naturaleza de su función. En enero de 2021, un grupo de guardiacárceles en protesta por el incumplimiento de sus haberes, amenazaron, no solo con tomar medidas violentas sino, con liberar a los reclusos alojados en el penal. Estos comportamientos degradantes de los agentes del servicio penitenciario, se repiten también en las demás fuerzas dependientes del Ministerio del Interior.

Quizás uno de los puntos más alarmantes en torno a las fuerzas de seguridad sea la terrible fama que está cosechando la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC). Este grupo comando mixtura a miembros de las Fuerzas Armadas (operando dentro del territorio con todo lo que eso implica); a miembros de la Policía Nacional y también agentes de la Senad. Esta Fuerza especial está operativa desde el 2013, con el objetivo de identificar y anular al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que es una guerrilla formada a partir de los movimientos campesinos, y que según estimaciones tendría unos 200 miembros operativos. El EPP se ha adjudicado una serie de secuestros extorsivos entre los que destaca el del exvicepresidente Óscar Denis, quien fue secuestrado el 9 de setiembre de 2020, y hasta la fecha aún no ha sido liberado. Pese a la gravedad de esta situación, insignificante parece ser, ante la violencia que se desprende de las bandas narcocriminales y ante la violencia del propio Estado.

Días antes, el 2 de setiembre de 2020, durante un allanamiento irregular de las FTC en un campamento del EPP, fueron asesinadas dos niñas argentinas de 11 años, que se encontraban de visita en el lugar, por ser parientes de miembros reconocidos del EPP. Lo terrible del caso, fue no solo el asesinato de ambas menores por parte de miembros de las FTC, sino su encubrimiento, ya que quisieron deshacerse de los cuerpos, pretendiendo camuflarlas con uniformes militares buscando que la fisionomía de una niña de 11 años se asemeje a la de un guerrillero, con el solo cometido de justificar la balacera. Algo insólito para una Fuerza Especial estatal. ¿Qué clase de estúpido profesional podría confundir una cosa con la otra? Pero la realidad, es que ambas niñas presentaban claros indicios de torturas y vejaciones, dejando al descubierto, el sadismo y la morbosidad, de las estructuras criminales militarizadas herederas de la piel del estronismo. Otra niña, prima de las asesinadas, Lichita Villalba, de tan solo 14 años, continúa desaparecida.

Y estas conductas violentas en uno y otro lado del narcoestado, se sostienen en la mirada impávida de una casta política, económica y criminal que lava sus ropas en los ríos de sangre que fluyen desde el Amazonas hasta el Delta del Plata.

El 13 de julio de 2020, cuando la pandemia aún era una novedad y peor, una incertidumbre, y mientras el mundo estaba frenado, las fronteras cerradas, los caminos tapiados y las calles desoladas, así, en medio de un clima apocalíptico, sin ninguna traba, sin ninguna demora, Mauricio Macri subió a su avión a crédito y aterrizó en pleno suelo paraguayo para ser recibido por su par Horacio Cartes. Ambos exmandatarios, ambos inescrupulosos empresarios, ambos transeúntes del mundo futbolero, ambos constantemente sospechados por la justicia, ambos miembros de una cofradía que defiende el derecho a estar por encima de la ley.

Días después, Horacio Cartes, expresidente de la nación y líder de la facción Honor Colorado dentro del Partido Colorado (PC), junto con Mario Abdo Benítez, actual presidente, hijo del secretario privado de Stroessner y líder de Colorado Añete, también dentro del PC, dieron inicio a la Operación Cicatriz. Una maniobra política que pretende reparar las fisuras del narcoestado, que en palabras del dirigente José Alberto Alderete se sintetizarían de la siguiente manera: "En la historia, principalmente en la transición democrática y en la democracia plena que hoy vivimos, el Partido Colorado ha sido opositor y gobierno a la vez", algo tan complejo de entender y explicar, cómo el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha.

Este acuerdo, que aportó estabilidad política sobre todo en el Congreso, fue y es, la base de la construcción legal de los intereses que importan a la casta, como por ejemplo la ley que fue promovida desde el gobierno, en agosto de este año, en materia de lavado de activos, con la cual el oficialismo, hermanado a la oposición, decidieron excluir a las tabacaleras y a los clubes de fútbol, de ser sujetos obligados de control, contra estas actividades delictivas, típicas de la criminalidad organizada de tipo mafioso.

La industria del tabaco en Paraguay, ocupa un lugar prominente en materia de contrabando, siendo uno de los principales productos del mercado ilegal de la región. Cabe recordar que la principal empresa de Horacio Cartes es la Tabacalera del Este S.A., la cual es la de mayor envergadura en el sector. El caso del fútbol como pantalla fiscal, es harto conocida, basta ver la cantidad de personas, jugadores y empresarios vinculados al mundo del fútbol, que figuran en las escandalosas listas de los Pandora Papers, y otros hechos similares, como para entender la naturaleza de los contratos millonarios.

El gobierno del Paraguay maneja estos estándares de calidad en materia de lavado de activos, días antes de recibir en el país la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se dedicó durante dos semanas a recorrer distintas etapas del entramado institucional del país, para diagnosticar las falencias respecto de los sistemas fiscales dentro de los procesos de financiamiento del terrorismo.

Mientras tanto, la justicia investiga (y reflexiona quisquillosamente) los tiempos procesales de las causas que involucran a funcionarios, empresarios y amigos de amigos, de la casta para sostener la impunidad. Como el caso del exsenador cartista Óscar Daher, que pese a tener condenas en delitos de tráfico de influencias y delitos económicos, delitos que son parte necesaria de las estructuras criminales que atiborran las cárceles de jóvenes y las calles de muertos, cumple condenas mínimas o tan solo simbólicas. Estos delitos de cuello blanco son evitados sistemáticamente por los sistemas judiciales, al igual que las complicidades políticas, inherentes a la liberación de zonas, que permiten la violencia generalizada en primera instancia y la violencia política en segundo término

En medio de esto, un nuevo aniversario del asesinato de Pablo Medina y de Antonia Almada se gesta como un oasis de paz y de justicia en medio de una cultura degradada. Paraguay es una tierra complicada, donde hombres y mujeres valientes, afrontan la corrupción estructural institucional y humana.

En las últimas semanas decenas de manifestaciones y protestas se suceden en el país. Protestas que apuntan contra la narcopolítica y contra el Estado-mafia. Protestas de estudiantes, activistas, trabajadores, campesinos, docentes, periodistas y pocos representantes de las instituciones, que intentan poner un freno al narcoestado.

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*Foto de portada: ultimahora.com