REAPARECIÓ EL EXASESOR DE MACRI “PEPÍN” RODRÍGUEZ Y ESTÁ MUCHO MÁS COMPLICADO
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Interpol activó alerta roja contra el operador judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. El propio exfuncionario macrista declaró ante el Parlasur (cuya participación como parlamentario es casi nula) que lo recibió el pasado martes en una sesión especial donde se trató su expulsión por estar prófugo de la justicia argentina. Pepín reconoció que él no consiguió el estatus de refugiado en Uruguay. “El informe del CORE (Comisión de Refugiados) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo”, expresó ante sus colegas parlamentarios.
Tremendamente incómodo ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, Rodríguez declaró que se le denegó el estatus de refugiado por lo que se activó alerta roja de Interpol, ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini.
“A que el informe no me… O sea… no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver… o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico", trató de restar importancia, pero lo cierto es que se espera ese documento del CORE para terminar de definir su condición en Uruguay.
“En la exposición de Pepín quedó en claro que no es un perseguido político, sino que está prófugo en una causa común”, explicó Oscar Laborde, uno de los parlamentarios argentinos del Frente de Todos, y vicepresidente del Parlasur, que motiva la expulsión del abogado que ahora fijó domicilio en Montevideo.
El exfuncionario macrista está en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, donde emigró mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión de Mauricio Macri. Una vez radicado en Uruguay, Rodríguez Simón pidió asilo político al Ministerio del Exterior argumentando una “persecución en su contra” de carácter político.
“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, dijo Rodríguez Simón en mayo de este año.
Según los plazos, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, deberá firmar un dictamen y luego el pedido de expulsión pasará al plenario del Parlasur donde finalmente se decidirá sobre la continuidad o no de Rodríguez, algo que no sucederá antes de los dos meses según afirmaron los legisladores.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. El exasesor del Macri espera en Montevideo una decisión de la justicia de ese país que determine si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que una comisión especial ya dictaminara en contra de su petición de ser considerado en Uruguay como refugiado político.
La defensa del argentino entiende que hay una instancia de apelación ante la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, la que tiene a su cargo el trámite de extradición.
Consecuentemente, el bloque kirchnerista del Parlasur planteó el pedido de destitución del argentino en el Parlasur, y cuenta con los votos suficientes para concretarla.
Luego de recibir los descargos, la comisión de Asuntos Internos realizará un informe para el plenario que deberá votar la moción de expulsión presentada por el bloque argentino. Para que sea afirmativa, el bloque argentino deberá conseguir una mayoría especial de dos tercios. La iniciativa cuenta con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio en el Parlasur.
El argumento que esgrime la delegación argentina es “traición a la patria” y “no haber cumplido con los mandatos del cargo”.
En retrospectiva, la justicia Argentina recibió un informe “caliente” donde se evidencia un análisis del entrecruzamiento de los llamados telefónicos suyos y los demás imputados en la causa que lleva la jueza Servini, entre ellos Macri, el exjefe de asesores José Torello, el exvicejefe de gabinete, Mario Quintana, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, segundas líneas y empresarios como Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando Terranova, marcando una pauta de comportamiento como asesor presidencial que apuntaba una estrategia de acoso hacia opositores políticos.
Rodríguez, según ya señalamos por este medio, entró en la mira de la justicia por una causa en la que se lo investiga por delinear estrategias para disciplinar al sistema judicial. Esta causa, que fue radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y delegada en la fiscalía de Picardi, acumularía pruebas que llevarían a reconstruir el ataque a varios jueces del fuero laboral, en especial aquellos que reconocían paritarias y se pronunciaban en sus sentencias en contra de los despidos. Se registraron denuncias públicas (hasta en boca de Macri) y pedidos de juicio político que más tarde se extendieron a jueces y juezas de otros fueros. De esta causa se desprende la declaración testimonial del fiscal Gabriel de Vedia, que sitúa a Rodríguez Simón la mano encargada de expulsar a la exprocuradora Gils Carbó.
Según declaraciones para el periódico Perfil, el abogado del presidente y vicepresidenta argentinos, Gregorio Dalbón expresó que “hay que cuidarlo porque es muy importante para la causa” (por las presuntas presiones al Grupo Indalo), y agregó que “si habla caen todos, Marcos Peña, Macri, Arribas, Majdalani”.
Mientras tanto, desde el país de las maravillas, Mauricio Macri “solo quería cobrar impuestos a las empresas del juego”.
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*Foto de portada: Twitter