En los últimos meses la comisión bicameral del Congreso de la República Argentina, realizó una investigación llamada “Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”. La misma, gira en torno a una larga y seria lista de denuncias y causas judiciales que se limitan al periodo de la gestión de la Alianza Cambiemos, de la cual Mauricio Macri fue su principal promotor.

El informe lleva las firmas de los diputados Leopoldo Moreau, José Manuel Cano, Sebastián García de Luca, Cristian Ritondo, Luis Tailhade, Eduardo Valdez y la diputada Blanca Osuna. Por la cámara alta participaron los senadores Juan Carlos Marino, Oscar Parrilli, Oscar Castillo, Claudio Doñate, Sergio Leavy, Gerardo Montenegro y la senadora Pamela Verasay.

Sobre este informe se refirió el periodista y filósofo Rocco Carbone en el sitio 'Cohete a la luna', quien desde hace un tiempo viene analizando la actualidad política argentina, desde donde desarrolla las “lógicas mafiosas”, como el autor define a la cultura criminal de un sector de la política.

“Citaré algunos párrafos relevantes y con cursivas llamaré la atención sobre ciertas palabras que merecerán ser comentadas: ‘Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y, en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales, espiadas ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas (…). Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; Brusa Dovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del norte argentino; Gas Natural Licuado-GNL (…) incluyendo la que sufrió la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (…). El método que se usó, conocido universalmente como lawfare o guerra jurídica, consiste en el ataque contra opositores (…) a través de la manipulación del Poder Judicial (…) en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.

Carbone prosigue en la transcripción: “Las acciones concretas con que se materializó, fueron: seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras (…). Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales. Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos (…). Este espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo (…). Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa’”.

El investigador del CONICET y profesor universitario, analiza estos párrafos desde el desarrollo lingüístico y simbólico de las palabras utilizadas en el informe: “El texto de la Comisión Bicameral, al hablar con mucha precisión de la estructura mafiosa en cuestión, se refiere a los servicios de inteligencia con el adjetivo ilegal (…). Hablar de ilegalidad o de espionaje ilegal nos hace incurrir en un error conceptual que opaca la comprensión real del fenómeno mafioso. Los servicios de inteligencia macrista operaron desde/en el Estado (y no de forma paralela sino adentro), que representa el grado más elevado de legalidad pues concierne a la ley, tiene su fuente en la ley. Esos servicios fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia (por Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, funcionarixs estatales) y se incorporaron al organismo en 2016. Usaron los recursos del Estado para llevar a cabo sus operaciones, recibieron un salario estatal por su trabajo y Macri emitió un decreto (gestualidad propia de la ley) para proveer a esa estructura de recursos”.

Este concepto es importante destacarlo sobre todo en un marco histórico, donde tradicionalmente los servicios de inteligencia del Estado han operado de manera criptica, fuera de cualquier forma “democrática” de control, y no solo en actividades de espionaje y sospecha, sino también en un plano comercial/empresarial y por sobre todas las cosas, político.

Desde la SIDE paralela de Raúl Guglieminetti, o las bandas de secuestradores conformadas por comisarios vinculados a las embajadas extranjeras, pasando por el bochornoso papel jugado por los servicios de inteligencia durante la época de los atentados, los escuchadores del “Fino” Palacios, el infame Stiusso, los infiltrados que recolectan informes a mansalva, como quedó demostrado con Américo “El Pelado” Balbuena, sumados a un Sistema Judicial que continúa rechazado una reforma estructural, combinado a un poder político adicto, en sintonía con grupos de presión cada vez más influyentes como la “Patria Contratista” o los monopolios mediáticos, hacen a los nichos de corrupción estructural donde el Estado es infiltrado y usurpado, tomado por la violencia y sostenido por la manipulación.

Estos entramados delictivos complejos, llamémosle mafiosos, como los supo definir en algún momento Domingo Cavallo en el mismo salón del Congreso hace más de 25 años, son desde entonces (y probablemente desde antes) un componente estructural del Estado Argentino. Aunque celebramos desde este espacio los avances judiciales o institucionales que pudiera haber, no podemos limitarnos a una sola gestión.

En este sentido, reflejo el pedido que hace Carbone respecto a la necesidad, imperiosa, de “investigar la completitud del Estado mafioso”. Carbone enumera tres dimensiones que se intersectan para definir “la razón mafiosa desplegado por el macrismo”: La organización de la estructura represiva (incluido el accionar de la justicia por medio del lawfare), la organización de la teoría de la información y la comunicación (referida a la concentración de medios al servicio de dicha estructura) y por último, la instauración de la economía criminal legal e ilegal (donde Carbone enfatiza en la dependencia financiera de los organismos multilaterales de crédito como el FMI).

Necesitamos congresistas que representen los intereses del pueblo, y no a agendas políticas. Necesitamos jueces y fiscales independientes, no sin ideologías, pero sí sin condicionamientos. Las políticas públicas en materia de criminalidad organizada o política criminal que se desprenden del Ejecutivo deben, forzosamente, plantear la reformulación de los equipos de trabajo que han quedado obsoletos respecto a la complejidad del fenómeno criminal mafioso.

Será necesario comenzar un proceso de integración regional y global para combatir un modelo corporativo de criminalidad organizada que opera sin fronteras.

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*Foto de portada: www.velezsarsfield.com