Por Jean Georges Almendras-22 de enero de 2021

Una ya declarada ingerencia de operativos de lavado de activos en el submundo del narcotráfico internacional hacen que a diferentes niveles las autoridades de diferentes paìses del mundo, en particular de América Latina, instrumenten urgentes medidas para contrarrestar este tipo de prácticas. En ese marco, el Uruguay no está al margen de este panorama y en tal sentido la administración de gobierno con el Dr. Luis Lacalle Pou, como titular del Poder Ejecutivo, ha promovido acciones tendientes a poner énfasis en materia de prevención del lavado de activos mediante modificaciones a la ley integral antilavado del año 2017. En este particular contexto la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluyó los cambios necesarios. Para conocerlos y para profundizar sobre el particular es que Antimafia Dos Mil puso proa a la Torre Ejecutiva manteniendo un muy interesante diálogo con el Secretario de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) Dr. Jorge Chediak, quien además fue integrante de la Suprema Corte de Justicia. Un diálogo en el que además de abordar particularidades sobre los controles antilavado de activos, se abordaron aspectos estrechamente relacionados con el narcotráfico (“en Uruguay el volúmen concreto de las operaciones o de la permeabilidad a este tipo de operaciones está muy por debajo del promedio de la región”), encarando tambièn el caso Rocco Morabito (capo mafioso de la ‘Ndrangheta, detenido en Uruguay y fugado de Cárcel Central) sin dejar en el tintero el tema del periodismo bajo la mira del crimen organizado, tomando como ejemplo de esta desleal y cobarde práctica en contra de la libertad de prensa, el asesinato en el Paraguay (en octubre del 2014) del periodista de Antimafia Dos Mil, Pablo Medina.

Las modificaciones que la LUC hizo en materia de control antilavado apuntan a que los sujetos obligados del sector no financiero (mayoritariamente escribanos públicos, contadores, inmobiliarias, casinos y rematadores, entre otros) podrán aplicar “medidas simplificadas de debida diligencia” cuando la operación se realice por “medios de pago electrónicos” como transferencias bancarias, en el sentido de que se entiende que hay un menor riesgo de lavado de activos en los casos en que el dinero para la transacción venga desde el sistema financiero.

EL Dr. Jorge Chediak abordó este punto con una muy precisa explicación: “La situación que al inicio de este gobierno se plantea por parte de los colectivos que representan a sectores muy importantes de los sujetos obligados como son los escribanos y contadores. Estamos hablando por ejemplo de los dos colectivos de 50% de los sujetos obligados o quizás un poco más, refería a los costos y la utilidad de determinado nivel de contralor en una situación en donde los controles de las operaciones y del movimiento del dinero son sucesivos y repetitivos, es decir no se hace uno solo, no se hace exclusivamente control por el sistema bancario cuando por ese medio ingresan al circuito uruguayo o a la jurisdicción uruguaya los movimientos en efectivo, sino que luego en cualquier operación donde intervengan. El caso típico de ventas de inmuebles en donde interviene una inmobiliaria tiene que hacer el análisis de riesgo y el debido cumplimiento, si hay elementos que tomen riesgos en la operación, el análisis sobre todo el origen de fondo y de beneficiario final, lo propio lo tiene que hacer el escribano que intervenga. La realidad, se señalaba, era que determinado nivel de controles que tiene su costo, tiene su costo en horas y a veces también en dinero, porque el debido cumplimiento a nivel de debida diligencia identificada no es sencillo, no son unos pocos datos sino que requiere mucha actividad de parte de los sujetos obligados. Lo que se señalaba era que sin afectar la eficacia de los contralores, podía tenderse a hacer una racionalización de esos controles para facilitar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. En ese sentido, nosotros por eso lo señalábamos y fue lo que dijimos cuando comparecimos en ambas Cámaras, porque era como siempre se compareció en Cámara de Representantes y en el Senado de la República, era que lo que se estaba plasmando era una pequeña modificación de la normativa, de una normativa muy vasta, de una ley integral contra el lavado de activos de cerca de 100 artículos, de un decreto reglamentario de esa ley de más de 100 artículos. Aquí se hacía una modificación básicamente en ese sentido aún, ¿creando qué? Creando una presunción simple, que puede decaer ante cualquier indicio de riesgo de la operación, de bajo riesgo, sin los medios de pago que vienen a través del sistema bancario. ¿Y por qué? Porque ya ha habido un control al ingreso de esos fondos de parte de los bancos. Esa presunción simple permite que la inmobiliaria o el escribano permanezcan en la debida diligencia simplificada, siempre que en su análisis no haya ningún elemento de riesgo. La piedra angular que es el análisis de riesgo de los sujetos obligados, análisis de riesgo que lo es tanto del cliente como de la operación en concreto, ese análisis de riesgo hay que seguir haciéndolo. La modalidad o los parámetros para hacer ese análisis de riesgo siguen siendo los mismos, salvo esta pequeña presunción de bajo riesgo cuando no se utiliza dinero en efectivo. Pero todas las otras presunciones de riesgo -que el dinero provenga de jurisdicción de baja tributación o de bajos controles, que participe una persona políticamente expuesta, que la operación sea atípicamente complicada, por ejemplo las triangulaciones, y que sea compleja la modalidad en que se paga, incluso si ello excede la media de la normalidad de la operación de que se trate-, cualquier otro elemento que eleve la consideración de riesgo debe ser tomado en cuenta. Allí decae la presunción y hay que ir básicamente a una diligencia, una debida diligencia intensificada. Porque además señalábamos que si bien hay tres tipos –la simplificada, la normal y la intensiva-, en los hechos hay dos, porque la normal no es normal -porque estadísticamente es muy minoritaria y de alguna manera y seguramente eso lo podemos analizar con un afán defensivo-, cuando hay un elemento de riesgo casi automáticamente el profesional o la empresa pasa de la debida diligencia simplificada a la intensiva y pide todo”.

-¿Se trató de una mera simplificación de controles?

“Básicamente de eso se trató, de una mera simplificación de controles después de un análisis en el sentido y ratificando el compromiso del Uruguay, de todo el Gobierno uruguayo, creo que de todos los uruguayos, de luchar contra estos fenómenos y además de cumplir con las directivas internacionales, las recomendaciones internacionales. Lo que se analizó es que existía un pequeño margen oscilante según los sectores, pero existía un pequeño margen en el cual estábamos sobrecumpliendo las recomendaciones internacionales, es decir, no nos estábamos ateniendo al mínimo de las recomendaciones internacionales sino que estábamos excediendo parcialmente o en algunos sectores esas recomendaciones, entonces se podía racionalizar los controles, algunos controles, que fue lo que se hizo en esta pequeña modificación. Por otra parte, la parte institucional o la parte normativa, es una de las fortalezas en el Uruguay. No fue donde se nos hicieron las observaciones más importantes, sino que en realidad se concentraron más en lo operativo, en aquello en donde el Uruguay suele tener alguna complicación que es en la aplicación de la normativa, en la aplicación efectiva de los controles. En ese sentido la directiva del Gobierno, y por supuesto la de la Senaclaft es de mejorar todo lo posible la eficacia, la eficiencia de esta secretaría. Para eso estamos trabajando, para hacer controles de mejor calidad y focalizarlos, vuelvo a reiterar, en los sujetos obligados que presenten mayores vulnerabilidades”.

-Conversábamos que el tema del narcotráfico es un tema que preocupa mucho a la Secretaría, y que estábamos en un ámbito de amortiguación. ¿Cómo podemos explicar eso?

“En Uruguay el volumen concreto de las operaciones o de la permeabilidad a este tipo de operaciones está muy por debajo del promedio de la región. Sí se puede señalar que estamos en una región complicada, que por supuesto de alguna manera mejora en los estándares de comparación, pero la realidad es, como en general ha sido tradición del Uruguay, que nuestros índices de corrupción son de los más bajos de las tres Américas después de Canadá, nuestros índices de independencia judicial son de los mejores de las tres Américas después de Canadá, y nuestra permeabilidad concreta -no la potencial sino concreta- a fenómenos como la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos, es baja, incluso en relación a lo que se podría esperar dado nuestro volumen y nuestra densidad de población. Lo que no quiere decir que estemos mejorando, porque en realidad no es así. Los fenómenos han ido empeorando, por lo cual no se trata para nada de bajar los brazos sino mejorar la eficacia en los controles y en la medida de lo posible. Creo que básicamente la Secretaría de Inteligencia y la coordinación de todas las agencias que en el Estado se dedican, que somos unas cuantas, ahora que formamos parte de la mesa y que nos reunimos y por los protocolos hemos visto que tenemos que pedir salas especiales al efecto porque las salas del piso décimo son, con los nuevos protocolos de distanciamiento son muy chicas. Esa coordinación de esfuerzos y ese intercambio de información creo que va a ser fundamental para la mejora del control”.rr

-Para la Senaclaft Rocco Morabito, que formaba parte de la ‘Ndrangheta, ¿Ha pasado inadvertido? ¿Qué impresión se tiene? ¿Qué lectura se hace del caso Morabito especìficamente, y de su fuga de una cárcel de Montevideo?

“Nosotros habíamos deplorado esta situación, lo habíamos hecho ya desde nuestra anterior situación institucional porque para nada ha quedado bien parado el Uruguay. Es la típica situación que no debió haber acaecido, que se debió haber prevenido y sin duda todos los indicios apuntan a la existencia de corrupción en los controles y de los funcionarios encargados del establecimiento carcelario, que además es un establecimiento pasado de moda, mal ubicado y absolutamente carente de las medidas necesarias para este perfil de delincuente. La verdad que resulta bastante inexplicable que salvo lo que decíamos, la existencia de corrupción, que este hecho haya acaecido en las condiciones que ha acaecido. Allí la verdad que los tiempos que augurábamos cortos del nuevo Código del Proceso Penal no se han dado, la investigación ha sido muy larga. Esperemos que llegue a buen puerto lo antes que sea posible y que se llegue hasta las últimas consecuencias, lo descontamos en el análisis de las responsabilidades. Realmente, yo me atrevería a señalarlo, fue un papelón internacional del Uruguay, que no nos hizo para nada bien y de lo cual no estamos para nada orgullosos”.

-¿Se puede hablar quizás de responsabilidades políticas aparte de las responsabilidades netamente reglamentarias o de violación de normas para que se concrete la fuga? ¿Hay una responsabilidad política también?

“Yo desde la posición institucional, ni de la anterior, ni de esta, haría ningún tipo de análisis en ese sentido, pero sí señalar que desde las responsabilidades profesionales y funcionales surgen grandes déficit en esta situación, bastante previsible. Había habido además, para peor, algunos indicios de que este tipo de situaciones se podía dar. No fue la primera, usted lo sabe mejor que yo, no fue la primera en Cárcel Central, para los que peinamos canas. Era esperable. Había un perfil muy definido de delincuentes de muy baja peligrosidad que podían ir a Cárcel Central, y este perfil no era para ese establecimiento carcelario. Cuando se nos preguntaba de parte del Poder Judicial decíamos, eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. El juez no decide, decide el tiempo de detención pero no decide per se el establecimiento concreto carcelario, eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. La verdad es que, vuelvo a reiterar, no debió para nada haber sucedido”.

-Yo soy periodista, Pablo Medina era un periodista asesinado en Paraguay. ¿Qué visión se tiene desde su puesto institucional de la persecución, la amenaza y la muerte de periodistas? Colombia, México, Argentina con algunos casos emblemáticos. En Uruguay no han matado periodistas por denunciar temas de narcopolítica pero en Paraguay han matado casi 20. ¿Qué lectura tiene de un periodismo de denuncia libre, que denuncia a narcotraficantes con el Estado y que la respuesta es el asesinato?

“La situación como siempre es de deplorar que estos fenómenos acaezcan, y resaltar la importancia de un periodismo de investigación independiente, lo mismo que señalábamos respecto de jueces intachables e independientes como primera barrera para la exposición pública de estos fenómenos y la lucha frontal contra los mismos. Y sí, seguimos exentos como señalábamos, de bajas, de asesinatos tanto de periodistas o de jueces o de fiscales. Vamos camino a ser una isla en la región. El fenómeno nos ha ido rodeando. Es otro tema de muchísima preocupación. La necesidad del apoyo irrestricto en la medida de lo posible tanto al periodismo independiente como a la justicia en la misma condición, porque son indispensables, si vamos a acometer con éxito la lucha contra estos fenómenos que además -en eso hay como un paralelismo con la pandemia-, ni siquiera uno puede aspirar a derrotar totalmente estos fenómenos sino que a lo que se puede aspirar idealmente es a acotarlos en la mayor medida que sea posible. Lo que pasa que, vuelvo a señalar, a veces la percepción uruguaya de que las cosas no nos van a pasar, nos termina jugando en contra. Yo recuerdo como observación personal que siendo un estudiante de derecho muy joven estaba absolutamente convencido que en Uruguay no podía haber una dictadura militar, acá no puede ser, esta historia es para otros países. Y bueno, así nos fue. Por eso recalcar la situación controlada, incluso en esta situación tan grave que usted menciona, pero mantener en la mayor medida de lo posible la atención, los controles y la actividad de las agencias que luchamos contra ellos porque vacunados o cien por ciento efectivos no estamos, y en cualquier momento nos puede pasar. También, y en el mismo sentido para no eludir, si diez años antes, a cualquiera de los que estamos vinculados, sea desde el periodismo o desde el Poder Judicial o desde la policía a estos fenómenos, se nos hubiera planteado la posibilidad de que en Uruguay salieran cuatro toneladas de cocaína en un mismo viaje, hubiéramos pensado que se estaba delirando, que era una posibilidad imposible de concretar acá, y sin embargo esa es la realidad. Por ahora controlados, de la misma madera que la pandemia, seguir cuidándonos porque en realidad se puede descontrolar en cualquier momento, esa es la realidad”.

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*Foto de portada y foto 2: Antimafia Dos Mil / Érika Pais