Jueves 18 Abril 2024
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COLUMNA ANTIMAFIA

El diputado de Cabildo Abierto denunció que el empresario uruguayo Gonzalo Aguiar, asesinado hace algunos meses, no solo habría cometido delitos, sino que además, estaría vinculado a altas jerarquías del gobierno uruguayo. Por este motivo el legislador fue amenazado de muerte. No lo aislemos.

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trianguloPor Jorge Figueredo- 30 de octubre del 2017

No es causalidad lo que está sucediendo en nuestro país en los últimos años. Una guerra criminal, entre narcotraficantes del Brasil y Paraguay por el control de los negocios ilícitos, que ya costo cientos de vidas. Este aumento de la violencia de las organizaciones criminales va de la mano con la corrupción muy extendida en las instituciones encargadas legalmente de combatirlas, como la Policía Nacional, SENAD, Ministerio Publico y hasta el Poder Judicial.

Los últimos hechos de muerte por encargo, con trasfondo narco, ocurridos en Asunción en el mes de enero de 2017 y en estos días con la muerte de un niño y de su padre -quien se habría suicidado- y que según los informes policiales, se trataría de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, es un signo aterrador para nuestra siempre incipiente institucionalidad democrática. Lo grave no es solo porque el crimen organizado puede hacer lo que quiera y en la forma que desea, nada menos que en la capital, sino porque lo ocurrido revela que los criminales se sienten cada vez más fortalecidos para golpear en cualquier lugar del país por la corrupción de las instituciones , que va muy ligado al apoyo que reciben de la mafia, quien es la que realmente se beneficia de los diversos negocios ilícitos: tráfico de drogas, armas, trata de personas, secuestros, extorsión, etc.

Hay que destacar que la fortaleza de la criminalidad organizada al servicio de las mafias nacional e internacional se da dentro de un contexto donde tenemos una clase política -salvo excepciones- carente de una mínima conciencia de la grave crisis económica, social, de seguridad, de aumento del crimen organizado y de corrupción en el país. Donde el gobierno de Cartes ha ofrecido las mejores condiciones económicas, financieras, administrativas hasta legales para que la mafia se sienta cada vez más fortalecida y sin miedo para utilizar a sus sicarios: para asaltar, robar, extorsionar, amenazar, asesinar no solo a elementos del crimen organizado con quienes compite, sino a todo aquel que se oponga a sus oscuros propósitos de consolidar un poder absoluto y dictatorial en el Paraguay.

El Gobierno de Cartes ha sido y es un violador reincidente de la Constitución Nacional. Ha hecho uso y abuso de su poder sin que nadie hasta el momento le haya puesto limites, desde el parlamento, pasando por el poder judicial o el Ministerio Publico. Desde militarizar la zona norte del país, violar las normas constitucionales que hacen al control económico-financiero de las obras publicas a ser licitadas y adjudicadas por ejemplo con la ley de alianza público-privada, hacer caso omiso a las normas de nuestra carta magna de protección al ambiente, con el decreto de aumentar la explotación forestal de las propiedades, cuya conducta sería pasible de considerarse hecho punible, condición para ser enjuiciado políticamente y luego sus antecedentes, remitirse a la justicia ordinaria, si viviéramos en un auténtico Estado de Derecho.

Si el Estado paraguayo carece de políticas estratégicas de combate al crimen organizado y las mafias , el Paraguay se va a encaminar peligrosamente a convertirse, no en un narco-estado, que ya lo sería actualmente; tampoco en un Estado fallido, si no en un Estado-mafia.¿Qué se entiende por Estado-mafia? : “Por Estados-mafia pueden entenderse Estados afectados por un doble fenómeno: las conexiones entre organizaciones criminales e instituciones, representadas por hombres incriminados por corrupción o por mafia, y el uso, continuado o frecuente, de prácticas criminales por parte de las instituciones mismas. “

Esta connivencia, connubio o matrimonio, esta contigüidad no solo de las instituciones del Estado con las organizaciones criminales, sino de determinados ambientes empresariales y políticos con la mafia pueden destruir nuestra actual democracia.

No tenemos en la actualidad, políticas de Estado sólidas de combate a las mafias, y un ejemplo claro, es que continuamos insistiendo con herramientas jurídicas del siglo pasado, que han fracasado en todos los países donde la criminalidad organizada y las mafias han sido fuertes.

Es por eso como sostuviera el ex fiscal Antimafia de Italia, Pietro Grasso, en un congreso de seguridad ciudadana que organizó el Ministerio de Defensa, la Policía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Colombia dentro de las estrategias para luchar contra el crimen en su país.“Entre la solución militar y la represión judicial, me inclino por la segunda opción, porque otorga mejores resultados para desmantelar la criminalidad. “

“Para lograr este resultado, sobresale la recolección de la evidencia que se traduce en condenas definitivas. El instrumento más importante que hemos utilizado son los colaboradores de justicia. ¿Cómo funciona este método? En su momento, algunos de ellos hicieron parte de organizaciones mafiosas y ahora nos suministran información de vital importancia. “

Es decir, se equivocan quienes creen que a la mafia se la combate con medidas meramente militares, realmente se lo ataca, sobre todo aplicando metodologías modernas de investigación que deben ser establecidas en el Código Procesal Penal, así como establecer sus principios en la Constitución Nacional.

En Italia, cuna de la mafia Siciliana, en la década de los 70 nace el derecho premial que consiste en una legislación por el cual la pena correspondiente a un delito se le puede aplicar un premio consistente en la despenalización. “El derecho penal premial responde a una política criminal que puede observarse desde el punto de vista tanto científico como político. “ Ha sido emblemática la ley sobre los arrepentidos. Los pentiti son los colaboradores de la justicia, teniendo en cuenta la contribución otorgada a la policía o a la autoridad judicial en la individualización de responsables de los delitos de terrorismo o en la lucha contra las asociaciones mafiosas. También se aplican medios y técnicas modernas de investigación como la del Agente Provocador, Agente Encubierto, Informantes, Arrepentidos, el Infiltrado, Protección de Testigos, Entrega Vigilada, escuchas telefónicas, Entrevista con fines de investigación en las prisiones, el decomiso y embargo de los bienes incautados, en el combate a las mafias no solo en Italia sino también en los Estados Unidos, Alemania, España, Colombia, Francia, etc.

El crimen organizado, la corrupción y la mafia forman un triángulo de la muerte que ya ha causado muchas víctimas en el Paraguay, como la de los periodistas Santiago Leguizamón, Salvador Medina y Pablo Medina., entre otros. Sobre todo este último fue asesinado por que con sus investigaciones puso al descubierto no solo las actividades criminales de los narcotraficantes sino sobre todo las relaciones de políticos del departamento de Canindeyú con el crimen organizado, y que en el futuro podría haber revelado incluso las actividades mafiosas de personalidades de la alta esfera política y económico-financiera del país.

Ante esta terrible realidad el Estado paraguayo debe empezar a pensar y aplicar técnicas de investigación y operaciones encubiertas modernas, así como establecer a nivel legislativo el derecho premial de emergencia. Crear unidades especializadas en crimen organizado dentro del Ministerio Público, jueces antimafia, la policía judicial especializada en crimen organizado, sobre todo para combatir a la mafia económico-financiera, empresarial y bancaria.

Si no lo hace, el Estado paraguayo se convertirá en un Estado-mafia al servicio de la mafia empresarial, económico –financiera, y todos los paraguayos seremos prisioneros del sistema criminal del cual forma parte.

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*Foto de portada: www.paraguay.com