Se han contabilizado más de dos centenares de casos de desaparición forzada

Por José Guzmán -3 de octubre de 2017

¡Basta de desaparecidos en democracia¡ se gritó en varias ciudades de la República Argentina el pasado 1 de Octubre. Por Santiago Maldonado y por todos los desaparecidos post dictadura.

Pese a la campaña de confusión de los medios de comunicación, Santiago Maldonado está desaparecido. Ni perdido, ni extraviado. Aun así, no es el primer desaparecido en democracia, ni tampoco el primero después de Jorge Julio López. La continuidad de la práctica represiva de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente en todos los gobiernos durante los últimos 34 años. Hoy se sumó una nueva víctima a la lista de más de 215 casos de desaparición forzada en democracia, esta vez la de Santiago.

Desde el martes 1ero de agosto Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, luego de la brutal represión de Gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Las fuerzas de seguridad responsables de la represión fueron los Escuadrones de Gendarmería N°34 de Bariloche, N°35 de El Bolsón, N°36 de Esquel, el Escuadrón de Ramos Mejía y Rawson, encabezadas en forma personal por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti.

¿Quién es Pablo Nocetti? Este funcionario, fue abogado defensor de genocidas procesados por crímenes de lesa humanidad en juicios realizados en Entre Ríos y La Pampa. Sostuvo que aquellos procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político” y atacó la legalidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura.

¿Qué es una desaparición forzada? De acuerdo con la definición de la ONU, una desaparición forzada es la detención de una persona por parte de “agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto”, y que luego “se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad” negándoles así la protección de la ley. Este delito específico tiene en la Argentina, de acuerdo con el Código Penal (artículo 142 ter), una pena de entre 10 y 25 años.

¿Qué antecedentes existen? Los antecedentes más claros de desapariciones forzadas son aquellos producidos durante la última dictadura militar (1976-1983), período en el que miles de personas fueron secuestradas y desaparecidas sin ninguna protección legal y sin dar información sobre su paradero. Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país.

Pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales (tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, y la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas) los casos de desaparición forzada se han seguido acumulando con los años.

Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido los años 1994 (17 casos), 1997 (12 casos), 2001 (13 casos), 2003 (13 casos), 2006 (13 casos) y 2009 (13 casos).

Esto implica que durante los seis años del gobierno de Alfonsín se produjeron el 7% de las desapariciones forzadas; durante los diez años del Menemismo el 33%; en los 3 años en que gobernó De La Rúa 9%; en la gestión de Duhalde también el 9%, y durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjeron 39% del total de desapariciones.

Estos datos evidencian que en el anterior gobierno desaparecieron al menos 90 personas. Entre estos podemos mencionar los emblemáticos casos de Iván Torres (Chubut-2003), Sergio Ávalos (Neuquén-2003), Julio Lopez (La Plata. Bs. As.-2006), Luciano Arruga (Bs. As.-2009), Luciano González (Chubut-2009), Mario Golemba (Misiones-2008), y Daniel Solano (Río Negro-2011).

La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017. Allí fue desaparecido Luciano González de 41 años en 2009, detenido por el GEOP en Cerro Centinela, en el marco de un operativo de cacería en el poblado de Corcovado (Departamento Futaleufú), por la muerte de un policía y en un hecho represivo similar al de Cushamen. Sus restos fueron hallados e identificados en 2013 y el caso sigue impune.

Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, como una corporación encubridora son el eje conductor. En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru, (durante el gobierno de Carlos Menem), y de Iván Torres, (durante el gobierno de Néstor Kirchner), la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores.

En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan “Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo “blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte.

Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.

En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizaron por agentes del Estado, en combinación con grupos económicos, sobre conocidos referentes de organización sindical de base, que luchaban contra situaciones de explotación laboral.

Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une la continuidad del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio de la dictadura, expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado con renovada impunidad..

Hace varios años los pueblos originarios vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión, además del robo constante de sus tierras por parte de empresarios como Benetton. En todo el territorio, estos crímenes se incrementan cada vez más.

¿Hubo condenas para los responsables? Existen condenas para los responsables involucrados en la desaparición de algunos de estos jóvenes, como es el caso de Gorosito, en el que tres policías fueron condenados a 12 años de prisión, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que exigió un nuevo juicio, después de que en el primero se absolviera a los policías.

Las condenas no se produjeron, sin embargo, en todos los casos. La figura de desaparición forzada existe en el Código Penal sólo desde 2011, por lo que muchos casos ahora considerados como tales no tuvieron necesariamente esa carátula.

Un caso paradigmático es el de Iván Torres, quien desapareció en Chubut en 2003. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la desaparición forzada en 2011 y lo intimó a investigar para “establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables”. Sólo en 2016 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a dos policías a 15 y 12 años por el caso, y absolvió a otros seis.

El caso de Luciano Arruga, por ejemplo, se mantiene sin dilucidar a más de ocho años de su desaparición. Aunque se probó que fue atropellado cuando cruzaba la avenida General Paz, no se determinó aún qué pasó en las horas previas. Se sospecha que el cruce se dio porque escapaba del asedio policial. En 2015, sin embargo, el ex policía bonaerense Julio Torales fue condenado a 10 años de prisión por haber torturado a Arruga cuando estuvo detenido en una ocasión anterior.

Existen otros casos en los que las investigaciones siguen abiertas, como el de Solano, en el que hay siete policías procesados pero no se hizo aún el juicio; o el caso de Garrido y Baigorra, en el que no se identificaron a los culpables y se destituyó al juez que tuvo la causa, luego de una condena por parte del Corte Interamericana.

En este sentido el CELS concluye: “Persiste una resistencia por parte de las autoridades de iniciar las investigaciones bajo esta figura, ya que en general su primera definición consiste en esperar un tiempo específico para ver si en realidad la persona no está perdida o si no fue secuestrada por agentes privados. Estos obstáculos fuertes que se interponen principalmente en los primeros momentos de las investigaciones, que son los días esenciales, suelen conllevar pérdidas significativas de elementos probatorios que serían cruciales para determinar el paradero de la persona”.

Una de las funciones básicas del Estado es proteger los derechos de los individuos contra los abusos de cualquier índole. Cuando se vulnera esto el Estado deja de cumplir su función inicial iniciándose un proceso lindante a la anarquía en la sociedad.

«Si no descubrimos y utilizamos métodos de contener los actos antisociales en una sociedad, o de desarrollar una forma de sociedad capaz de contenerlos, ciertamente seguiremos siendo víctimas de aquellas soluciones autoritarias que otros están tan dispuestos y deseosos de aplicar.» (Colin Ward, «Anarchy in action).

Este estado de derecho es aquel en el cual no deberían realizarse detenciones aleatorias sin evidencia firme contra un individuo. El caso Jones Huala es uno de ellos. Entonces en la argentina democrática del siglo XXI hemos retrocedido más de 30 años en nuestra historia y peor aún nos hemos dejado vapulear por el poder que maneja la política: el poder económico, una vez más.

¿Acaso nos enfrentamos a un nuevo plan cóndor frente a nuestras narices y estamos tan sedados por los medios hegemónicos que no podemos reaccionar? ¿Latinoamérica sufre la destrucción una vez más de su estructura social política en pos del beneficio de unos cuantos?

“Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio, provienen invariablemente de gente que no está peleando” (George Orwell)

Estas preguntas nos deberíamos formular cada uno de nosotros si nos consideramos ciudadanos pensantes en pleno estado de derecho, y si esto no fuera así debemos comenzar a cambiar la pregunta sobre los hechos acontecidos y modificar el ¿Por qué sucede esto? Hacia un ¿para qué sucede estas acciones, con qué finalidad? Ya que detrás de todo este nosotros (y me incluyo en esto) somos peones en una jugada de ajedrez en la cual el 1 % de la humanidad está decidiendo las próximas jugadas; ese ínfimo porcentaje que domina el planeta y nuestra conciencia.

Aún estamos a tiempo de patear el tablero y reaccionar. La tierra ya lo ha hecho, debemos seguirla y revelarnos frente a una sociedad sacada de la imaginación de Orwell y su Big Brother.

*Fotos: Antimafia Dos Mil