Carlos Martín Beristaín, psicólogo: “Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones”

Por Alejandro Diaz-6 de diciembre de 2022

Tras ocho años de investigaciones por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en México, la verdad permanece oculta. Pequeños y efímeros avances han chocado contra un muro de contención, aparentemente infranqueable, construido desde el poder, a través de las instituciones del Estado mexicano, las cuales se encuentran completamente infiltradas por la lógica del crimen organizado de tipo mafioso. El cambio de gobierno, que traía consigo aires renovadores, hasta el momento no ha cumplido con las expectativas, al menos en lo que respecta a la desaparición de los estudiantes de Iguala. Recientemente -y luego de una serie de situaciones complejas, que incluyen la renuncia del fiscal especializado a cargo de la causa-, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -que acompaña el proceso judicial a pedido de los familiares desde el 2015-, recientemente dió una conferencia de prensa donde anunció el final del mandato, que hasta el momento se había extendido numerosas veces. Esta medida, drástica sin lugar a dudas, puede entenderse como un movimiento estratégico para renovar la presión internacional sobre el caso.

Desde su asunción, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los familiares de los estudiantes desaparecidos a buscar la verdad. Una verdad que pretendió ser ocultada detrás de la “Verdad histórica”, escrita desde las altas esferas políticas y militares desde el día uno, tendientes a tergiversar los hechos, y salvaguardar del ojo público, no solo las desapariciones de los jóvenes, sino el trasfondo delictivo organizado con el cual los estudiantes se cruzaron aquella noche del 26 de setiembre de 2014.

La ‘Verdad histórica’, afirmaba que los 43 normalistas, luego de ser detenidos y asesinados por los pandilleros de Guerreros Unidos -tras considerarlos miembros de pandillas rivales-, trasladaron los cuerpos al Basurero de Cocula, donde los incineraron; los restos, luego fueron embolsados y arrojados al río San Juan. Esta ficción, construida a partir de la corrupción y la tortura, fue una “verdad” que se fue desdibujando con el paso del tiempo, pero que hasta el momento lleva ocho años cumpliendo su cometido: alejarnos de la verdad.

Hechos rumbo al octavo aniversario

Entre los principales implicados en las maniobras desviantes se encuentra el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, oculto en Israel, vaya a saber uno bajo qué tipo de amparo. Lo cierto es que Zerón se vio implicado en el desvío de la causa, luego de que se filtraran una serie de videos donde se lo ve al propio Zerón junto al entonces jefe de Antisecuestros Gualberto Ramírez y otros funcionarios de la Fiscalía, interrogando bajo apremio a los primeros detenidos en la causa que llevaba adelante el por entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien terminó él mismo siendo detenido el 19 de agosto de 2022, acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

En los primeros días de abril de este año, el periodista Carlos Loret de Mola publicó un artículo en el periódico El Universal, donde afirmaba que el subsecretario de Derechos Humanos de la Gobernación, Alejandro Encinas, viajó de manera oficial (aunque secreta) a Israel para ofrecerle un trato a Zerón a cambio de su colaboración. Aparentemente, Encinas, se habría vuelto con las manos vacías. En este sentido hay que contemplar que México e Israel no tienen un tratado de extradición de detenidos.

Encinas fue nombrado por López Obrador, para encabezar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), la cual fue instrumentada en diciembre de 2018 para darle seguimiento al caso Ayotzinapa. Desde entonces, la comisión ha publicado numerosos informes a la par del avance de las investigaciones, e incluso ha producido material investigativo propio, que luego ha presentado ante la Fiscalía especializada que lleva el caso, la Unidad de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que estuvo desde el momento de su creación, en junio del 2019, bajo la dirección del fiscal Omar Gómez Trejo. Gómez Trejo es un abogado especialista en materia de derechos humanos con una amplia trayectoria, y es además miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante destacar que Gómez Trejo asumió con el total apoyo del GIEI -era colaborador del grupo-, que es hasta la fecha la máxima autoridad en lo que respecta al conocimiento sobre la causa.

En agosto, la CoVAJ presentó su tercer informe con los últimos avances sobre la investigación, referidos a la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos. Este informe, que en un principio fue publicado testeado por las autoridades, luego fue filtrado sin censuras por la periodista Peniley Ramírez, en su cuenta de Twitter.

Entre los datos que figuran en el informe, destacan los 245 cuerpos que fueron hallados en fosas clandestinas en al menos 13 lugares donde se realizaron excavaciones. Y en este sentido es importante remarcar que ninguno de los 245 cuerpos pertenece a alguno de los normalistas, y solo en 30 casos se pudo recuperar la identidad de los restos. Esto evidencia la realidad trágica y sistemática de un país que registra más de 108 mil personas desaparecidas desde 1964, y más de 50 mil cuerpos recuperados sin identificación.

Otra cifra a destacar son las 26 personas fallecidas vinculadas al caso. Del total, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos y tres eran familiares vinculadas a la pandilla. Otros dos eran integrantes de Gente Nueva (otra pandilla), y siete eran testigos o involucrados en el caso, entre los que se encuentra un policía, un ayudante de la Fiscalía del Estado de Guerrero y un secretario del alcalde de Iguala.

Dentro del dossier presentado a la Fiscalía, hay 467 capturas de pantalla sobre una serie de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp, que revelan la logística en el traslado de los estudiantes, los padecimientos a los que fueron expuestos, la forma en que fueron asesinados y el detalle sobre el destino de sus cuerpos. Estas comunicaciones de horror, entre los primeros sospechosos por el crimen de los estudiantes, tuvieron lugar entre el 26 de setiembre de 2014 y los primeros días de noviembre de ese año. Entre los nombrados figuran miembros de Guerreros Unidos (la pandilla acusada de cometer el crimen), funcionarios del gobierno municipal de Iguala, policías y militares.

El informe, arriba a la conclusión de que los jóvenes fueron secuestrados en tandas, y que, pese a que en un primer momento se consideró la opción del Basurero de Cocula, esta no llegó a concretarse, lo que llevó a que los restos fueran distribuidos en varios grupos, algunos de los cuales optaron por trozar los cuerpos a machetazos y otros a disolverlos en ácido. Incluso una de las conversaciones sugiere que para el día 30 de setiembre, seis de los estudiantes aún permanecían con vida y permanecían secuestrados en un galpón en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala. Otros mensajes establecen que luego de algunos días, a raíz de la conmoción social que causó el caso, los cuerpos comenzaron a ser trasladados de lugar. Uno de esos lugares fue el predio del Campo Militar del 27 Batallón de Iguala, un lugar donde “no entraba nadie”.

Un dato importante a tener en cuenta, es que los archivos presentados por el informe contemplan que personal policial y militar permaneció constantemente en contacto con los pandilleros de Guerreros Unidos. Un dato que llevó a los miembros de la comisión a confirmar que lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014 en Iguala, fue “un crimen de Estado”. Esta fuerte y novedosa afirmación para el Estado mexicano, más allá de que debe atravesar una instancia judicial, hay que entenderla en el contexto de un país profundamente negacionista respecto de los cientos de miles de crímenes cometidos desde el Estado, que opera a la par de las organizaciones criminales de tipo mafioso.

Un paso adelante, un paso atrás, “así de sencillo”

Coincidentemente con la presentación del informe realizado por la CoVAJ –que responde directamente a López Obrador-, la Procuraduría General de la República (PGR), dictó 83 órdenes de aprehensión, dentro de las cuales estaban incluidos 20 militares pertenecientes a los batallones 27 y 41, apostados en Iguala, entre los que destaca el general José Rodríguez. Además, la lista incluía a cinco autoridades administrativas y judiciales, 44 agentes de policía locales y estatales, y 14 miembros de Guerreros Unidos. Como ya dijimos, el primero en ser detenido en este periodo fue el exprocurador Murillo Karam.

Pero más allá de las rimbombantes declaraciones, lo cierto es que el grueso de las detenciones nunca se efectivizó. Para peor, a fines de setiembre, siempre de este año, la PGR canceló sorpresivamente 21 órdenes de aprehensión, dentro de las cuales se incluye la del comandante del 41 Batallón de Iguala, Rafael Hernández Nieto. También desistió respecto de las órdenes contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Lambertina Galeana Marín, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales, y Enrique Beltrán Santes, juez del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Esta medida, en un principio inexplicable, bajó como un verticalazo desde la PGR, forzando la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, quien se vio en desacuerdo con la medida. Poco duró la incertidumbre, luego de que el informe de la CoVAJ fuera filtrado sin testear a la prensa. El Informe se había manejado en el más estricto secreto entre la CoVAJ y la PGR, pero cuando vio la luz y los distintos expertos pudieron analizar los datos en profundidad, llegaron a la conclusión de que las capturas de pantalla presentaban irregularidades que hacían dudar su veracidad. Esto llevó a que el propio Alejandro Encinas, en una entrevista con el New York Times, confesara que “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.

Por si fuera poco, para estos días, más precisamente el 27 de octubre, Encinas dio una conferencia de prensa -asombrosamente breve si no hubiera sido por las preguntas de los periodistas presentes-, donde informó los resultados del viaje exprés que realizó a Israel (por segunda vez), para entrevistarse -ya que no puede considerarse en absoluto un interrogatorio-, con Zerón. Nuevamente el titular de la CoVAJ fue a negociar información con uno de los principales acusados de generar el desvió investigativo, y nuevamente volvió con las manos vacías.

“Estuvimos –dijo Encinas sobre su viaje a Israel- a solicitud de los padres y los familiares que en 21 ocasiones en las reuniones de comisión, solicitaron que si no avanzaba el tema de la extradición se pudiera establecer una comunicación para que pudiera asumir un compromiso para aportar información, y así acceder al criterio de oportunidad. Se realizó el contacto a través de abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente (a Zerón, ndr.), las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo. Aunque aún se mantiene contacto con los abogados, no ha asumido este compromiso”.

El informe contrastado

“Se juega en Ayotzinapa, la credibilidad de las instituciones”, afirmó el médico y psicólogo español Carlos Martin Beristain, durante la conferencia de prensa dada el pasado 31 de octubre junto con el resto de los miembros del GIEI, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago. Una de las primeras aclaraciones que realizaron los expertos es que no tuvieron oportunamente acceso a los archivos de las capturas de pantalla, lo que hubiera permitido una pericia adecuada, como finalmente se hizo, pero sin dar pasos en falso, como finalmente se hizo.

Los expertos confirmaron que “los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital”. A su momento Cox Vial enumeró los motivos por los cuales las capturas de pantalla tuvieron que ser descartadas como evidencia. En primer lugar “no fue posible garantizar la originalidad de los mensajes, ya que no se puede determinar mediante el estudio de metadata los ficheros de autenticidad”. Tampoco fue “posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la captura de pantalla”. Además, hay discrepancias respecto a algunos iconos que aparecen en las capturas de pantalla que no son compatibles con las versiones de WhatsApp de fines de setiembre de 2014. Incluso hay “varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot”. Estas irregularidades se acreditaron en 181 de las 467 capturas de pantalla.

Por su parte, Ángela María Buitrago se refirió a la situación de la Fiscalía especializada, que tras la renuncia de Omar Gómez Trejo quedó en un estado de vulnerabilidad: “El plazo para llevar a cabo el fortalecimiento de las pruebas para varias de dichas órdenes de captura presentadas por la Fiscalía era de 90 días, que corren dese agosto hasta mediados de noviembre de 2022. Esto muestra un enorme riesgo de que una unidad especializada como la UEILCA, con escaso conocimiento del caso hoy en día, no lleve adelante dicha acción con la consistencia necesaria, debido además a la pérdida de capacidad y confianza que ha llevado la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, y de varios funcionarios y fiscales que llevaban adelante la investigación y tenían conocimiento de la complejidad del caso”. Y agregó: “El GIEI alertó anteriormente que, si ese cambio se consolidaba sin medidas de protección a los funcionarios e investigadores, toda la investigación corría el riesgo de sufrir un enorme retraso y distorsiones de diferente tipo, incluyendo impunidad”.

“En un momento tan determinante, perder la capacidad instalada es un grave riesgo y tendrá consecuencias negativas en el mismo –afirmó Buitrago-. El GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita proporcionar toda la información existente en los archivos de inteligencia, de SEDENA (Secretaria de la Defensa Nacional, ndr.) y en el centro regional de Inteligencia, y otros que puedan tener información clave para la búsqueda que incluyen los monitores o escuchas telefónicas en tiempo real del 26 de setiembre del 2014 y de los días subsiguientes, incluido el 4 de octubre de 2014. Entre otras que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales de los archivos de SEDENA, que muestran que se tenía un conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes del centro regional de Inteligencia no han sido proporcionados, y a pesar de que se afirma que no existen, el IGIE tiene información de su existencia”.

Respecto a la decisión del GIEI de dar fin al mandato, luego de siete años consecutivos de un férreo compromiso, Carlos Martín Beristain, aclaró que “el grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes una medida transitoria, de que dos de sus miembros sigan adelante con el mandato, mientras otros dos se retiran del caso (Buitrago y Beristain, ndr). Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional suscrito anteriormente, y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento. Esta medida transitoria solamente persistirá si estas condiciones se cumplen íntegramente. Reconducir y fortalecer la investigación, ahora que una parte de esos procesos de judicialización se han puesto en marcha, es determinante para el esclarecimiento. Existe numerosa evidencia para ello, y se necesita compromiso e insistencia para poner una distancia definitiva y una ruptura a las formas de actuación aquí señaladas”.

“México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política, junto con la independencia y consistencia de la investigación, son determinantes para la justicia, que los familiares reclaman en este caso, y en otros muchos de los miles que se han dado en el país. Pero sobre todo se juega una respuesta digna frente al dolor y el sufrimiento de unos familiares que han sido tantas veces golpeados, no solamente por los hechos, sino también por las versiones distorsionadas o las mentiras sobre los mismos. Hay un sistema de investigación e impunidad que hay que cambiar en México, y la desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad de las víctimas y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos. La experiencia internacional muestra que cuando hay impunidad estos casos se prolongan en el tiempo y generan nuevas crisis políticas, cuestionamientos y movilizaciones, así como el descredito y la desconfianza frente a las instituciones”, prosigue Beristain

¿El narcoestado tras la masacre?

Más allá del traspié del gobierno de López Obrador, Buitrago afirmó: “Existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la PGR -investigadas y judicializadas-, que dirigieron la investigación. Respecto a su conocimiento de los casos de tortura y de los desvíos de la investigación hacia el basurero de Cocula, construyendo pruebas que resultaron falsas. Igualmente existe evidencia de que numerosos miembros del Batallón 27, estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala. Fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo, y además controlaban el C4 (el sistema de videovigilancia público, ndr). Existe al menos un testimonio que los relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas en su poder. Personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago y otros documentos y testimonios de testigos protegidos”.

Es en este punto, donde el microcosmos de la desaparición forzada de los 43 normalistas se conecta con el macrocosmos del narcoestado y al crimen organizado transnacional.

Heroína del Río de la Plata a los Estados Unidos

Quienes estudiamos el crimen organizado transnacional, buscamos insistentemente puntos de conexión que reflejen la presencia permanente de los grupos criminales en los territorios, una condición necesaria para que se cumplan los parámetros de la asociación ilícita de tipo mafiosa. Durante la década del 70, una banda de franceses, mayoritariamente procedentes de Córcega, formados militarmente bajo las lógicas del nazismo, abrieron una ruta para el tráfico de heroína, que triangulaba Europa, Buenos Aires y los Estados Unidos. El tiempo confirmaría que los laboratorios donde se refinaba la droga -que procedía del Valle de la Bekaa en Medio Oriente-, en realidad se encontraban en Sicilia bajo el estricto control de la Cosa Nostra, la misma Cosa Nostra que esperaba los cargamentos en los Estados Unidos.

El tiempo y el avance tecnológico, permitieron que la adormidera -la planta de donde surge el opio, que es el precursor de la heroína, que históricamente solo crecía en el Valle de la Bekaa y en el Triángulo Dorado en el sudeste asiático-, recibiera ciertas adaptaciones genéticas que permitieron que la planta se adaptara a otros territorios. Así, es como desde hace varios años la heroína comenzó a fabricarse en México, en los Estados de Sinaloa, Michoacán y Guerrero, lo que impulso notoriamente el poder de los cárteles mexicanos. Y en este sentido es que debemos considerar el desarrollo de la criminalidad organizada de tipo mafioso, que puede cambiar de rostros, pero que sigue una misma línea lógica y un mismo patrón de comportamiento durante décadas.

Teniendo presente este breve marco histórico, es que volvemos al caso de los 43 normalistas. En el 2013, en Chicago, Estados Unidos, se abrió una causa que investigaba el tráfico de heroína desde México. La investigación logró establecer que la droga ingresaba al territorio yankee escondida en autobuses. Autobuses como los que abordaron los normalistas a fines de setiembre de 2014, siguiendo una tradición estudiantil de viajar rumbo al Distrito Federal por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco. Autobuses que según los investigadores del GIEI llevaban drogas, sin que los estudiantes lo supieran. Droga, tráfico de droga, que era realizado en connivencia con elementos desviados del Estado.

El uruguayo

Gonzalo Martín Souza Neves -nacido el 8 de junio de 1982 en Montevideo, Uruguay-, fue detenido el 10 de julio de 2014 en un barrio popular de la localidad de Puebla. Según logró reconstruir el Semanario Brecha, aquella mañana “el uruguayo estaba parado afuera de una bodega de portón azul”, cuando un grupo de militares le dieron la voz de alto. En ese momento, desenfundó su arma y, apuntándoles sin disparar, corrió hacia adentro de la bodega. Los efectivos lo siguieron, actuando en flagrancia, y lograron detenerlo dentro. Luego de reducir al maleante -y de que este les ofreciera un cuantioso soborno por su libertad y afirmara ser parte de Guerreros Unidos-, los militares, procedieron a allanar el lugar, y encontraron a otro individuo, identificado como José Bahena Salgado, que se encontraba parado detrás de un autobús, escondiendo varios paquetes con heroína marcados con el logo de Ferrari “en unas barras tubulares en la parte posterior del motor, empotradas en el automotor y acondicionadas como compartimientos ocultos”.

Este caso, fue el primero que “inteligencia militar refirió el 4 de octubre de 2014 (ya ocurrido el ataque a los normalistas) para robustecer la teoría del narcotráfico como móvil y que da cuenta del conocimiento que las autoridades tenían de esta práctica”, describe la investigación de Brecha que agrega un extracto del informe que permaneció oculto durante varios años hasta que pudo ser analizado por los expertos del GIEI. “La chiva (heroína) que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago, Estados Unidos vía carretera en autobús, como el reciente autobús detenido en Puebla”, información que -en plena investigación por la desaparición de los 43 normalistas- fue encriptada por la Secretaría de Defensa mexicana (SEDENA), y enviada “por la Comandancia de la 35 Zona Militar –ubicada en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero– a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que tuvo una activa participación en el crimen contra los 43”.

“El hecho de que la información sobre el uruguayo haya sido ocultada tanto al GIEI como a las familias hace pensar que deliberadamente se encubrió el vínculo entre los hechos de Iguala y el tráfico de drogas en autobuses”, señalaron familiares de los normalistas a Brecha.

Ángela María Buitrago, confirmó a Brecha que el expediente del juicio en Chicago, al cual aún no han accedido en su totalidad, “se conocen los elementos que permiten afirmar que el trasiego (de droga) no es un tema ocasional sino permanente y que, además de la línea de autobuses del uruguayo, hay otras identificadas por el gobierno norteamericano y la DEA”.

Hacia adelante

“A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida -dijo Carlos Martin Beristain, al cierre de la conferencia de prensa del GIEI-. Se ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con las inconsistencias y mentiras de la llamada Verdad Histórica. Se rompió la idea de que el caso se relacionaba con la política local de Iguala, porque participaron cinco policías municipales, además de la policía estatal, federal, ministerial e integrantes de la SEDENA, con distintas responsabilidades, ya sea en la persecución, ya sea en la detención, ya sea en el ocultamiento de los hechos. El trasiego de drogas ha quedado patente como parte de las motivaciones que llevaron a cabo el operativo contra los estudiantes, a pesar de que fue ocultado en la investigación oficial. Los archivos y documentación de inteligencia reseñados a los que se ha hecho referencia aquí, muestran el seguimiento a los jóvenes, y el conocimiento detallado de sus actividades y no se halló en toda esa documentación, relación delictiva alguna de los jóvenes con el narcotráfico, a pesar de que se hallaban infiltrados, e incluso un joven desaparecido era miembro de inteligencia del Ejército”. El soldado infiltrado y desaparecido, fue identificado como Julio César López Patolzin, quien estaba bajo órdenes del teniente Marcos Macías Barbosa.

Al cerrar su presentación, Beristain recordó una anécdota: “Cuando llegamos la primera vez a la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, siete años atrás, terminamos nuestra presentación con un poema de Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil, que más que nunca nos ha traído hasta aquí. Dice así: Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco”.

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*Foto de portada: cndh.org.mx