Tras cumplirse a intenso ritmo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, las audiencias judiciales relativas al asesinato del fiscal Marcel Pecci, se dictaron finalmente las condenas, consistentes en 23 años de cárcel para cada uno de los involucrados. Una sentencia que no conlleva la identificación de los ideólogos del magnicidio, aspecto que hasta el momento es una asignatura pendiente. Pero hay un muy abultado monto de dinero (prácticamente medio millón de dólares) que se pagó a los sicarios, y que sigue siendo el tristemente el emblema del poder criminal que ordenó la muerte de Marcelo Pecci, por móviles que permanecen en las sombras. Ha sido, el crimen de Pecci, un muy cruel mensaje dado al sistema judicial internacional. Ha sido, una muy burda mueca del destino, que ha enlutado a una familia, y nos ha dado a todos, una vez más, lamentablemente, la señal de que la antimafia ya no es un circuito de lucha regional, sino más bien, debe ser -obligatoriamente- una metodología de conciencia anticriminal sin fronteras, porque bajo nuestros pies, dentro de las instituciones y en todos nuestros alrededores, la malignidad mafiosa, se erige, muchas veces descaradamente y tantas otras veces, sutilmente, lo que es muy grave, porque para muchos resulta imperceptible.

Haciendo foco en la sentencia asignada a los asesinos de Pecci, consignamos que, a cada uno de los cuatro detenidos, que aceptaron los cargos, se les adjudicaron 23 años y seis meses de prisión. El cuarteto, en las instancias, se declaró culpable de los delitos de “homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego”, según lo aportado por la Fiscalía actuante.

En definitiva, a juzgar por las informaciones que se brindaron a la prensa colombiana y a los medios internacionales, concretamente irán a la cárcel Wendre Still Scott Carrillo, el tirador; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, que tuvo a su cargo el transporte y la logística; Marysol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo, que se hicieron responsables de los seguimientos a la pareja en el curso del paseo de luna de miel. A excepción de Scott Carrillo, que es ciudadano venezolano, el resto de los condenados es de nacionalidad colombiana.

En el torrente de informaciones aportadas por las autoridades colombianas al periodismo internacional, una de ellas consistió literalmente en la reconstrucción del asesinato tomando como base los registros de cámaras de seguridad circuito cerrado, que fue difundido a los medios y en el que se ve a Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilar, tomando sol sentados en sillas en un sector de la playa, cuando sorpresivamente aparecen los sicarios. Instantes después, tras un corte de secuencia, se observa a los asesinos huir del lugar.

La libertad de cada uno de ellos, consumado el hecho, duró lo que un lirio. Pasados los 20 días las autoridades, tras identificarlos, los detuvieron y ahí comenzó su respectivo declive, y lejos de estimar que todo sería aguas claras, las preguntas comenzaron a fluir, porque si bien la mano de obra de uno de los más grandes barbarismos del crimen internacional de los últimos tiempos, pudo ser puesta entre rejas, la mano intelectual todavía sigue gozando del anonimato y de una impunidad escandalosa, propia del mundo mafioso, con el que hoy por hoy las sociedades deben convivir. Y eso, sin contar, primero, que uno de los cinco detenidos en primera instancia se abstuvo se aceptar los cargos y a hora su suerte está por verse en el intricado quehacer judicial que le aguarda; y segundo, que hay otra persona plenamente identificada como participe del atentado contra Pecci, y que se encuentra prófuga. Se trata del venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas, quien puso proa a su país natal donde permanece guarecido en algún escondrijo, obviamente amparado por el submundo del delito ¿local? ¿o que hace parte de la criminalidad transnacional que lo contrató?, presumiéndose, además, portador de un dinero en dólares de suma importancia.

Pero el perfil del sujeto (el quinto de los detenidos) que de una se negó a aceptar los hechos, resulta llamativo. Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, un ex militar, quien es considerado como el “articulador” del magnicidio. En su pasado tiene ya dos entradas en la cárcel, con una condena por abuso sexual, y, además, ser parte de un grupo criminal denominado “Los paisas”. Respecto a su intervención en el caso Pecci, se informó que al momento de ser detenido se le incautaron una pistola 9 mm, dinero y comprobantes de pago.

En medio de todo este relato, sobre el caso Pecci, a nivel de las autoridades colombianas se cree que Correa, en algún momento, seguramente optará por negociar con la Fiscalía y aporte un testimonio sólido y de gran utilidad para llegar a definir a los mandantes del atentado. Al margen de esto, lo que sí está claro, es que, por su rol dentro del sexteto, no nos cabe la menor duda de que haya sido una de las personas que mantuvo un contacto, visual y personal, con el círculo de ideólogos del asesinato.

¿Entonces, Francisco Luis Correa Galeano, ¿resultará ser una pieza determinante para desmantelar y para visibilizar a toda la estructura criminal transnacional que tomó parte del magnicidio Pecci? ¿O es solamente una muy tenue punta de un iceberg, que sobresale provocador ante los ojos de la sociedad, como forma de despistar a los investigadores?

La playa de la isla Barú, punto icónico y paradisíaco del caribe colombiano, aquel estremecedor día 10 de mayo fue el escenario elegido para dar muerte a uno de los fiscales que tenía entre manos un verdadero torbellino de causas judiciales sobre movimientos de mafiosos, y de estructuras afines. ¿Por qué no tuvo la debida seguridad en su entorno? ¿Por qué, tanta soledad a su alrededor, siendo que, en el Paraguay, estaba llevando investigaciones, de ribetes extraordinariamente complejas, y en las que muchas personas -quizás hasta instituciones- estaban en juego, o bajo su mira?

¿Hubo un plan muy bien elaborado y estructurado para eliminar a Pecci? Sí, hubo un plan. ¿El plan era para aplicarse exclusivamente en Paraguay? Las autoridades colombianas lo confirmaron, pero además puntualizaron al no poder concretarlo, hubo un acuerdo entre organizaciones criminales, para cumplirlo en cualquier país, y coordinado por elementos del Primer Comando Capital (PCC) brasileño.

Realizando una suerte de tomografía computada del entorno del narcotráfico en Paraguay, tomando como referente el hecho de que Pecci operaba allí como parte del Ministerio Público, siendo su jefa directa la fiscal Sandra Quiñonez, quien por otra parte tiene hoy sobre cabeza un intento de juicio político por su presunta vinculación con diversos actos de corrupción, y por dar protección a ciertos sectores políticos y del poder económico paraguayos, no hay que olvidar que en estos momento, precisamente el Paraguay, además de ser uno de los principales productores de marihuanas de la región, es el mayor de los corredores de cocaína desde Bolivia, con destino a Europa.

Esto es así, porque ahora, en el Paraguay, en laboratorios clandestinos, la coca boliviana es mezclada con precursores para después ser despachadas en camiones y contenedores de barcos, a puertos europeos, y africanos. Se han definido como puertos preferidos para recibir los cargamentos, los siguientes: Cabo Verde y Róterdam.

De hecho Pecci, en sus investigaciones, acechaba seguramente a los peces gordos del narcotráfico local y regional, y del lavado de dinero en el Paraguay, siendo uno de los objetivos primordiales, en ese pandemónium de redes criminales influyentes, nada menos que el Primer Comando de la Capital (PCC), de mayor ascendencia en la región y el resto de Sudamérica, con comprobada presencia en territorio paraguayo, particularmente Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, áreas de mordaz influencia del narcotráfico, desde hace décadas.

Esta dentro del terreno de las conjeturas, que también Pecci pudo haberse comprometido seriamente con la investigación de grupos terroristas y que esa intromisión también haya sido tobogán inevitable para poner en riesgo su vida.

Marcelo Pecci tuvo en sus manos una carpeta de investigaciones relacionadas con la estructura de Hezbolá; ya en 2019 hubo entregado a agentes de la DEA nada menos que al libanes Nader Mohamad Farhat, cuya extradición la solicitó el Tribunal del Distrito Sur de Florida, por lavado de dinero, habiendo sido investigados además en la misma causa Mahmoud Ali Barakat -que fuera extraditado un año antes- y Kassed Mohamad Hijazi, un brasileño originario del Libano; pero Pecci estaba igualmente trabajando en la causa del denominado Operativo A Ultranza Py, que como se recordará dejó un saldo numeroso de detenidos; se suma además su investigación en el caso del asesinato del empresario Mauricio Schwartzman y del caso del espectáculo de San Bernardino (al que asistían cerca de 20.000 personas) oportunidad en la que en un tiroteo murió una modelo de televisión y un presunto delincuente.

Pero hay que destacar, muy especialmente, que, en el marco de todas estas investigaciones, debidamente circunscriptas a actividades de narcotraficantes o de contrabandistas de cigarrillos, integrantes del sistema político siempre en mayor o menor grado estaban presentes, ya sea para ser interrogados por él como testigos, o estrictamente como imputados, al punto que algunos de ellos terminaron entre rejas. Todo un muy abierto abanico de implicados, en un concierto de actividades al margen de la Ley, al que Pecci tenía bajo la mira.

Pero según la prensa, Pecci, que era un fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, estaba investigando con especial interés a bandas de Brasil, y a lavadores de dinero libaneses operando en lo que se conocer como la zona de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.

Las autoridades colombianas y paraguayas, con apoyo de funcionarios de la DEA (Estados Unidos) están abocadas a dos operaciones de extrema importancia: por un lado ubicar al sexto sujeto (Gabriel Carlos Luis Salinas) que lo sabe escondido en algún punto de Venezuela; y por el otro definir, con certeza -si acaso con proximidad a la verdad- la identidad de los mandantes del crimen, y su lugar de residencia, al tiempo de determinar las verdaderas causas del atentado, cuya materialización, aquel fatídico día 10 de mayo, sería el resultado de un sinfín de circunstancias funcionales a la antimafia, en el sentido de que Pecci, con su labor como fiscal, de hecho resultó sumamente molesto a ciertos intereses, de personas y hasta -estimamos desde esta redacción- de instituciones de poder.

Si bien hasta el momento se han dado detalles, considerados oficiales, de la operación de captura de los involucrados y del magnicidio en sí, en el marco de una conferencia de prensa dada por las cupulas de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía de ese país, no podemos interpretar esas informaciones como ajustadas a una estricta realidad, porque entendemos que un crimen de esta naturaleza, sugiere una logística y una infraestructura en su realización de ribetes nada comunes, y que no pueden ser comparados -así ligeramente- con un atentado más de los que generalmente se cometen en Colombia, con mano de obra de un sicariato habitual, habida cuenta que en este caso, el aparato criminal debe haber contado con información de muy alta confidencialidad, sobre el accionar personal del fiscal, en su propio país de residencia y donde venía cumpliendo tareas, prácticamente sin la custodia que un jerarca fiscal de su talla, merecería.

Desde filas policiales, en Colombia, se ofreció una conferencia de prensa en la que mucho se habló de las loas al trabajo de funcionarios, y a ciertos mecanismos de tecnología utilizada para lograr pruebas y reconstruir los pasos de los sicarios, pero muy poco se habló del entramado que rodea a este único caso (sin precedentes en la región, y creo que en el mundo) de crimen transnacional, en un contexto regional e internacional, en el que el narcotráfico sin fronteras es una de las actividades -hoy por hoy- más poderosas en el planeta. Tanto es poderosa, que se permiten concretar una acción como la que tuvo como victima a Pecci, dejando vulnerables a seis personas como autores materiales, como si se buscara calmar las aguas para que a nivel de las autoridades policiales y de la fiscalía no se profundice debidamente en las responsabilidades ideológicas de un hecho criminal de magnitud inimaginable, en el que elementos del grupo delictual brasileño que opera en Paraguay, Primer Comando Capital (PCC), no creemos que sean piezas claves y determinantes de los hecho, sino más bien una simple mano de obra, de una operación desde su raíz, propia de una criminalidad muy bien instalada en ciertos ámbitos, estimamos en este caso, de Paraguay, sencillamente porque en ese país tenía su base de operaciones Pecci y en su mesa de trabajo, rodeado de sus colaboradores de rango diverso y de confianza, se orientaban y se monitoreaban investigaciones a diferente nivel. Esas investigaciones, de hecho, significaron un descomunal obstáculo para la criminalidad organizada, la que fue lacerante a la hora de tomar decisiones respecto al fiscal.

La ‘Ndrangheta involucrada, se fortalece esa hipótesis

Con todo lo que se antecede, la sola idea de lo magno de este hecho criminal, queda refrendado sin titubeo alguno. La verdad, por cierto, por ahora descansa bajo la omertá del mandante, que siempre tiene reservado ese privilegio, que le da el poder o la ubicación, de mantenerse a buen recaudo.

Y todas esas señales, nos dan una idea muy bien definida de que estamos ante un acontecimiento de exclusiva gravedad, que no debemos minimizar, y si se quiere, no debemos circunscribirnos a las versiones oficiales, que no por ser oficiales son la que se ajustan a la realidad, a la verdad de los hechos.

Estos hechos, por su naturaleza, se amparan en la multiplicidad de versiones, aun después de que los autores directos del hecho, ya están entre rejas, y condenados. Y no puedo dejar de tener mis dudas, cuando se me anoticia oficialmente que en casi 20 días se llegó a los autores, se construyó todo un detalle de la maniobra de atentado y finalmente se los condenó, dándose a entender que, en todo este episodio, intervinieron en la coordinación elementos del Primer Comando Capital, contratados por otras estructuras criminales.

Convengamos que es así, verdaderamente. Lo que nos lleva directamente a preguntarnos ¿Y esas estructuras criminales que maquinaron el atentado, un atentado de una transnacionalidad flagrante, quienes la integran? ¿Qué nombres y apellidos están sentados en los sillones que bajaron el dedo índice en contra de Pecci?

En las últimas horas, desde Paraguay se ha informado, por ejemplo, que la fiscal Alicia Sapriza, ahora reemplazante de Pecci, ha dicho que cualquier información no corroborada sobre el crimen de su colega podría poner en riesgo a investigadores y testigos.

Y también ha dicho, en tono enfático, que entendiendo que estructuras criminales del exterior de la región se hayan visto involucradas en el magnicidio, no descarta -y lo plantea como hipótesis- que un trabajo preciso de Pecci, podría hacer parte de la motivación para atentarlo.

La fiscal Sapriza puntualiza que Pecci estaba investigando una presunta alianza entre la mafia italiana la ‘Nfdrangheta y el Primer Comando Capital, en la triple frontera: Paraguay, Brasil y Argentina, una zona de gran influencia para el narcotráfico internacional como para traficantes de armas e inclusive de grupos terroristas. Ese trabajo fiscal desencadenó una secuencia de amenazas en los años anteriores al momento de la boda, pero nunca hubo, si se quiere la concreción de un atentado.

“Lo que sí hubo años anteriores, y que incluso se hizo público, eran ciertas amenazas con procesados de él en algunas causas. Fueron amenazas de público conocimiento. Pero, en particular, no hubo ningún atentado. Nosotros hemos hablado con todas las personas que en algún momento dijeron eso, que había ocurrido algo ya días previos a su boda, incluso ese día. Todo eso quedó ya, para nosotros, descartado", fueron las declaraciones de la fiscal a radio Monumental AM 1080.

“No hubo ninguna amenaza y sí, obviamente, los riesgos propios que sí había con respecto al cargo que siempre manejaba Marcelo con mucha prudencia, porque sabemos que estábamos expuestos de alguna u otra manera. Pero una amenaza concreta o un atentado frustrado, no hubo en ese sentido", continuó Sapriza.

Alicia Sapriza, desde el Paraguay, no titubeó en atribuir las versiones encontradas a una equivocación por el “cruce de información”, recalcando: “Pudo haber sido también una mala interpretación, de alguna manera, o una equivocación en el manejo de los tiempos, pero yo también estuve corroborando eso con las autoridades de Colombia, específicamente con gente de inteligencia, que es la que está manejando de manera más directa el caso, y tampoco tenían ellos elementos, al igual que nosotros, de una manera concreta”.

Sin polemizar, no podemos hacer a un costado la eventualidad de que la ‘Ndrangheta tenga mucho que ver con el crimen de Pecc, pero habrá que corroborarlo, y sacarlo del cono de sombra de la mera hipótesis.

Queda sí muy evidente que la muerte del fiscal fue un mensaje dado a los fiscales paraguayos (¿y por qué no del mundo?), o quizás los objetivos tengan otro matiz: generar el terror, imponerse, sacar un obstáculo del medio. No lo sabemos. Solo sabemos que Pecci fue baleado tres veces por la misma persona, causándole la muerte; que se pagó una poco más de medio millón de dólares hacerlo; y que solo una o unas organizaciones muy poderosas, podrían hacer ese pago, y sumar, además, logística, recursos y métodos para el éxito de la operación. Una organización de mediana monta no estaría facultada para un hecho de esta magnitud.

“En cualquiera de los dos casos, puede poner en situación de vulnerabilidad a otras autoridades o a testigos mismos. Entonces, tratamos de ser lo más sigilosos posible. Por el monto mismo (…), nos damos cuenta de que no es cualquier organización criminal transnacional”, concluye la fiscal paraguaya Alicia Sapriza.

El caso Pecci, con los sicarios condenados, deja puntos suspensivos, y no son pocos.

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*Foto de portada: opanoticias.com