Hace una semana asesinaron al fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, en Cartagena, Colombia, mientras estaba de luna de miel con su esposa. A pesar de la conformación de un equipo de investigadores a nivel internacional integrado por colombianos, norteamericanos y paraguayos, la causa ha avanzado poco, sobre todo en relación a los mandantes de este magnicidio que golpeó a dos Estados, y que demostró no solo la vulnerabilidad de la justicia paraguaya y colombiana, sino, sobre todo, el escaso conocimiento y especialización de los operadores de justicia -que incluye a la policía- en el Paraguay, para combatir a las mafias y al crimen organizado.

Por un lado, tenemos a organizaciones criminales, altamente capacitadas en tecnología, comunicaciones, inteligencia, formación militar, con el asesoramiento de abogados, contadores, y todo tipo de expertos, que trabajan en redes y forman parte de un sistema criminal integrado a nivel mundial. Y entre estas organizaciones criminales que podemos llamarlas asociaciones mafiosas, podemos mencionar a la ‘Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, y la Sacra Corona Unita de Puglia. Estas asociaciones delilctivas tienen conexiones con los carteles de droga de Colombia, México, el PCC de Brasil y todos los grupos criminales de Latinoamérica, incluido nuestro país.

En sentido opuesto, contamos con un Estado paraguayo que, frente a la evolución alcanzada por el crimen organizado, con la globalización económica que comenzó con la caída del muro de Berlín, es totalmente incapaz de hacer frente a los crímenes mafiosos. Un Gobierno, compuesto por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que carece no solo de una política de Estado para combatir a las mafias, sino que ni siquiera conoce o desea conocer al enemigo.

El juez antimafia italiano Giovanni Falcone en un seminario que impartió en México titulado ‘La lucha contra el crimen organizado: la estrategia italiana’, había afirmado que la mejor manera de combatir el crimen organizado era mediante la profesionalización de los encargados de aplicar la ley: el Ministerio Público, los peritos, y la Policía Judicial.

Esta profesionalización de los servidores públicos, empieza tomando conciencia de que no es posible luchar contra el crimen organizado de una forma desorganizada. El Estado no puede responder de manera emotiva, episódica y fluctuante, solo cuando explota la violencia con asesinatos de funcionarios públicos, periodistas, secuestros, etc, porque apenas deja de ser noticia en los medios de comunicación, todo vuelve a la normalidad, que significa caer en el olvido y la pasividad, bajar la guardia.

Falcone, el mejor juez antimafia de la historia, señalaba que, en la lucha contra la mafia, el profesionalismo implica conocer al enemigo que se tiene en frente y no bajar la guardia nunca. Entre “los funcionarios de policía y magistrados italianos, algunos de ellos asesinados, habían cometido errores al subvalorar el fenómeno mafioso. Lo que para nosotros es una profesión, para los hombres de Cosa Nostra es una cuestión de vida o muerte: si los mafiosos cometen errores los pagan, si los cometemos nosotros nos los hacen pagar”.

En el Paraguay, a la luz del modelo italiano de lucha contra las mafias, parece que no solo desconocemos cómo funciona el fenómeno mafioso -que ya no constituye solamente un fenómeno criminal, sino sobre todo un fenómeno económico, financiero y cultural-, sino lo que es peor, no tomamos aún en serio la lucha contra la criminalidad organizada.

Y el ejemplo es que el Gobierno, compuesto por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, carece no solo de una política de Estado para combatir a las mafias, sino que ni siquiera conoce o desea conocer al enemigo, por miedo, ignorancia, o connivencia con las mafias.

Si hubiésemos sido un Estado que seriamente deseaba enfrentar al crimen organizado, la regla número uno sería cuidar de la seguridad de sus magistrados antimafia y de su familia, protección que implica proporcionar escoltas -mínimo diez-, establecer protocolos de traslado seguro a nivel nacional e internacional, contar con un servicio de inteligencia policial o civil permanente que prevenga cualquier peligro de ataque de las organizaciones criminales a los funcionarios que formen parte de unidades especializadas contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, o de cualquier persona que esté luchando contra las mafias.

Y por lo tanto el fiscal Marcelo Pecci hubiese estado vivo, o el intendente de Pedro Juan Caballero Jose Carlos Acevedo no hubiese estado en una situación a punto de perder la vida por el ataque de sicarios.

Deben las autoridades como los ciudadanos tomar conciencia de que estamos en guerra contra las mafias. Y en una guerra hay que ser conscientes que la tarea es dura y riesgosa, y por lo tanto debemos contar con estrategias de Estado para el combate de las organizacionales criminales nacionales como de las trasnacionales.

Como parte de dicho plan, primero urge que los operadores fiscales, jueces, policías, y los ministros del Poder Ejecutivo, conozcan científica y estadísticamente la estructura y dinámica de todas las organizaciones criminales que operan en el país y su relación con las demás, que funcionan sobre todo en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Italia, etc.

También es preciso que adquieran conocimiento del modelo italiano de lucha contra las mafias, en el sentido de conocer la estrategia para el combate de las organizaciones criminales en Italia. Como tercera cosa, buscar en el aspecto internacional la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado que sea más efectiva ,y conocer cuáles fueron las aplicaciones internacionales de la experiencia italiana, que es una de las más exitosas en el mundo.

Y justamente, podrían ser sospechosos de haber organizado y ejecutado el magnicidio del fiscal Pecci elementos criminales del PCC, carteles de droga de Colombia con el acuerdo de la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta. Es decir, este crimen se trataría, teniendo en cuenta la trayectoria y las investigaciones emprendidas por el fiscal -que ha afectado no solo a delincuentes nacionales sino del exterior-, de un crimen transnacional, de un asesinato de Estado, similar a lo ocurrido con los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la Cosa Nostra siciliana en el año 1992, o de políticos como Luis Carlos Galán en Colombia en 1989.

Por lo tanto, como ciudadanos debemos despertar, y conocer que el magnicidio de Pecci no ha sido una casualidad. Podría haber sido organizado y ejecutado no solo por elementos de las organizaciones criminales citadas, sino incluso por funcionarios corruptos del Estado que están operando en connubio o matrimonio con las asociaciones criminales.

El mayor peligro de las mafias actuales, es que se han globalizado: ya no son una mafia parasitaria, sino que se han convertido en una mafia empresarial, una mafia que es capaz de controlar toda la administración pública, y por lo tanto de condicionar nuestra economía, nuestro sistema político- electoral y nuestras libertades.

El crecimiento de hechos de sicariato y crímenes de mafia que han ocurrido en los últimos años en el país, demuestra que lejos estamos de vivir en una democracia, y mucho menos en un Estado social de derecho. Al contrario, aquí, gobierna una dictadura mafiosa.

Esta dictadura se revela cuando la mafia no permite siquiera contar con radares adecuados para controlar nuestro espacio aéreo, del constante tráfico de drogas. Una mafia que ha evitado que en el Parlamento se apruebe la ley para el control de las transacciones de parte de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) del negocio del tabaco y los clubes deportivos. Una mafia que ha buscado en los últimos días despenalizar las falsedades en las declaraciones juradas. Una mafia, que subsidia a los sectores más poderosos de la economía, pero sin embargo deja pocos recursos para invertir en educación, salud, vivienda, etc. Una mafia que controla los concursos de obras públicas: se ha adjudicado por décadas el cobro de peajes de algunas rutas que fueron modernizadas con dinero del Estado. Una mafia, que ha sido responsable de grandes estafas al Estado.

Para hacer frente a esta dictadura mafiosa, el Paraguay y sus autoridades policiales, judiciales y del Ministerio Público, deben empezar a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en 2000, que les proporciona a los Estados toda una serie de buenas prácticas fundamentales en relación con las técnicas de investigación y enjuiciamiento, y con la cooperación entre las fuerzas del orden.

Pero todo esto no será suficiente para enfrentar a las mafias. Urge una revolución civil y cultural, protagonizada por los ciudadanos, por todos los hombres y mujeres de bien que aman su país, que promuevan que la gente deje de admirar a los corruptores y corruptos, que luchen contra la impunidad de los delitos de cuello blanco, y dejen de aceptar definitivamente formas culturales propias del mundo criminal. Y finalmente, pelear por desalojar a todos los mafiosos de los tres poderes del Estado. Solo si así lo hacemos, la defensa de nuestros derechos y libertades gozarán de mayores garantías. De lo contrario viviremos días peores que el operativo Cóndor implementado por las dictaduras militares en el cono sur.

Finalmente rescato el legado de Falcone, que de manera contundente ha expresado: “Ninguna organización delictiva es invencible si existe la voluntad irreversible de la sociedad para desterrarla”.

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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil