Un mayúsculo estupor, donde la indignación resulta ser no menos ausente, causó en Paraguay y en el mundo, el asesinato este martes 10 de mayo, en territorio colombiano, del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Cartagena. El mortal atentado fue perpetrado a balazos en la zona costera del hotel Decamerón de la Isla de Barú. El Fiscal, especializado en crimen organizado, tenía 45 años y estaba de paseo de luna de miel, siendo su esposa una periodista que, según las primeras informaciones, trabajaba en un medio de comunicación del expresidente Horacio Cartes. En cuanto al operador del Ministerio Público, se manejaba dentro del ambiente Fiscal, como parte del circuito de la fiscal general Sandra Quiñones, trascendiendo en los medios paraguayos que él tomó parte en casos de relevancia, y que era conocido en el ambiente del Ministerio Público por su capacidad profesional. Hasta el momento se ignoran los móviles del asesinato, fortaleciéndose la idea de que el hecho podría estar relacionado su actividad como fiscal, aunque no se han descartado otras hipótesis de otro tenor. De todas formas y aún si conocerse resultados de las investigaciones, se ha calificado este episodio como un muy grave atentado contra la fiscalía paraguaya, y partiendo de esa premisa seguramente se trabajará para determinar eventuales vínculos de los sicarios con elementos del narcotráfico colombiano y con narcos paraguayos. Se procurará entonces definir vínculos ideológicos, es decir a nivel de los mandantes del hecho, que involucra a dos países: Paraguay y Colombia, ambos afectados por el narcotráfico regional, dentro de una maraña de situaciones que en los últimos años ha cobrado muchas vidas (periodistas especialmente, como nuestro Pablo Medina) pero nunca -hasta el momento- de un agente del Ministerio Público paraguayo, que esté fuera de su territorio, donde reside, trabaja e investiga. La esposa del fiscal asesinado declaró a las autoridades y a los medios colombianos que su esposo no había recibido amenaza alguna y que ambos no sospechaban, ni avizoraban un desenlace de esas características.

La noticia se esparció como reguero de pólvora por todo el Paraguay y dentro de ese marco se pudo saber que el fiscal Pecci, quien recientemente se había casado con la periodista Claudia Aguilera (la que se encuentra embarazada), estaba disfrutando de su luna de miel. Se pudo saber que el atentado se cometió cuando ambos fueron cercados por desconocidos tripulando motos acuáticas. En rápidos movimientos dos sujetos abandonaron una lancha y se les acercaron y dispararon con armas automáticas, resultado herido de muerte Pecci, no así su esposa quien sufrió una crisis de nervios, pero resultó ilesa. Al parecer un guardia del lugar intentó intervenir, pero habría sido igualmente herido, pero de poca entidad.

De inmediato la zona fue cercada por la policía y se procuró darle asistencia al fiscal, pero los intentos de reanimarlo fueron vanos debido a las graves heridas que presentaba. Los asesinos se dieron rápidamente a la fuga.

Inmediatamente de conocida la noticia del ataque las repercusiones se hicieron sentir en el Paraguay, al mismo tiempo que surgieron una batería de interrogantes respecto a sus causas, que se estiman podrían estar relacionadas con algunas de las causas judiciales en las que Pecci intervino.

Desde Paraguay se señaló que Marcelo Pecci investigaba causas de relevancia, algunas de ellas relacionadas con el narcotráfico, estando entre ellas la del Operativo A Ultranza, que fuera una de las mayores operaciones antidrogas en el Paraguay. Como así también el caso en el que en manos del sicariato paraguayo fue muerto el empresario Mauricio Schwartzman, quien hacía parte de una organización criminal, y estaba siendo investigado como parte de la operación A Ultranza.

Trascendió además que el fiscal tuvo a su cargo la investigación del asesinato en Mariano Roque Alonso de una mujer, de nombre Fátima Rejala, quien había trabajado para el clan Insfrán, igualmente indagado en el operativo A Ultranza.

También estuvo en sus manos la investigación del cuádruple homicidio en Pedro Juan Caballero, del pasado 9 de setiembre del año pasado, oportunidad en que perdió la vida la hija del gobernador de Amambay, la joven de 19 años Hahylee Carolina Acevedo.

Debido al impacto social que causó este hecho, y en función de que el fallecido, hacía parte del equipo de trabajo de la fiscal general Sandra Quiñones, de corriente cartista y que, además, como ella, estaba estrechamente ligado a la delegación diplomática norteamericana, las hipótesis se incrementaron y las líneas en la investigación se multiplicarían igualmente.

Equipos de homicidios colombianos de alto nivel profesional fueron asignados a las investigaciones por orden de jerarcas de la Policía Nacional, que de hecho actúan con la venia presidencial; al mismo tiempo una comisión de oficiales de la policía paraguaya se encontraría en viaje a Colombia para participar de las averiguaciones de rigor. Trascendió igualmente que desde los Estados Unidos se han dispuesto otras ayudas, todas tendientes a aclarar el hecho.

Algunas de las repercusiones a nivel del Paraguay han sido las siguientes: La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay en un breve comunicado lamentó el atentado y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron, a través de un comunicado, que se asistirá y se apoyará a la esposa de la víctima; la cónsul paraguaya en Colombia se haría presente en Cartagena para seguir de cerca el curso de los acontecimientos.

A todo esto, desde el gobierno paraguayo se hizo público una severa condena al hecho: el presidente Mario Abdó Benitez condena “enérgicamente este trágico hecho. El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación Paraguaya” fue la afirmación presidencial por redes sociales, agregando: “Redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado”.

Toda una suerte de especulaciones ha surgido inesperadamente tras el asesinado de Pecci, porque de hecho su muerte resulta altamente significativa, si se mira el contexto. La víctima hace parte del Ministerio Público de un país que es considerado un narco-estado y donde en los últimos meses las operaciones del narcotráfico local y regional han sido importantes, como importantes han sido las operaciones de las autoridades. Pero obviamente, las muertes no han estado ausentes, de la mano de las intricadas relaciones entre narcotraficantes y sus redes operativas, sin perjuicio de que en filas de las fuerzas de seguridad igualmente se han sentido los efectos de estos hechos, donde la ponzoña criminal no perdona y donde los ajustes de cuentas, son moneda corriente, a veces sin importar los rangos ni las profesiones, ni los puestos de poder.

Fiscales y jueces siempre ha sido víctimas del crimen en todo el mundo, como por ejemplo en Italia, por señalar uno de los más emblemáticos países donde las mafias sicilianas han sido tomadas como ejemplo, para otras organizaciones criminales. Y hoy, el narcotráfico transnacional va señalando caminos por todo el mundo; caminos por donde circulan toneladas de cocaína y billones de euros, claro está, no sin antes contaminar a hombres y mujeres en puestos claves, con el plus de ocasionales derramamientos de sangre.

Ni en Colombia, ni en Paraguay, sus respectivas autoridades y gobernantes en particular son ajenos a estos procedimientos, a estas lógicas mafiosas y a estas metodologías. En consecuencia, este episodio puntual acarrea no solo dolor en la familia del fiscal, y en los ámbitos laborales sino además un sinfín de interrogantes, particularmente en torno a los móviles del ataque. Particularmente la inquietud mayor ahora se centrará en este hecho que es el primero con estas características; y es el primero que relaciona a las criminalidades de dos países, porque definitivamente hay que suponer que se trata de una acción prolijamente planificada y prolijamente ejecutada; y con una logística adecuada y preparada con antelación, haciéndose inteligencia y con un presupuesto acorde.

Ahora bien: ¿Por qué un fiscal paraguayo en luna de miel es asesinado a balazos a la vista pública, en una playa del caribe, en Colombia? ¿Qué hay verdaderamente en la trastienda de este hecho, que a prima facie nos resulta un certero ataque a la institucionalidad y a la justicia? ¿Se trata fehacientemente de un hecho gestado desde la criminalidad para sacar del medio a un hombre justo, que venía confrontando a las mafias paraguayas, ligadas quizás con las mafias colombianas? ¿Estamos quizás ante un hecho de ribetes confusos? ¿Se trata de un hecho que nos pueda llevar a recordar (o comparar) a los atentados en Italia de los años 90, de los jueces Falcone y Borsellino? ¿O se trataría de un hecho contaminado en alguna de sus facetas o tramos? Las respuestas habrá que lograrlas con cierta urgencia. Se corre una verdadera carrera contra reloj.

En consecuencia en las próximas horas seguramente las autoridades colombianas y paraguayas estarán sumergidas en la intensa labor de dilucidar un sinfín de aristas de un hecho, que momentáneamente nos lleva al estupor y al repudio, sin perjuicio de que con el correr de las horas y los días, sobrevengan revelaciones de los investigadores y hasta eventualmente detenciones de sospechosos, o la definición de aspectos que podrán ratificar o no, que el crimen de Pecci, hace parte de una horrenda escalada de violencia de parte del crimen organizado (narcotraficantes especialmente) contra funcionarios públicos justos. De confirmarse esta sospecha, la situación, tal como lo hemos dicho muchas veces desde Antimafia Dos Mil, se torna por demás preocupante, ya que la lógica mafiosa, nos habría demostrado una vez más que verdaderamente el narco estado paraguayo se estaría afianzando cada vez más en los límites territoriales, golpeando a personas justas, con la complicidad de elementos criminales de otro país, no menos azotado por la mafia.

En pocos días, en Italia se conmemora otro aniversario de los asesinatos -el 23 de mayo de 1992- del juez del pool antimafia Giovanni Falcone, de su esposa y de sus custodias, lo que significará un reconocimiento de la Justicia y de la Antimafia en ese país. Este hecho, en Colombia, por su naturaleza, y en este me de mayo -no por casualidad- parecería formar parte de ese macabro accionar del cáncer mafioso extendido por el mundo, sin tiempo ni límites, dentro de un calendario en el que las fechas del dolor causado por las mafias, resultan inexorablemente implacables. No importa ni cuándo, ni dónde, ni cómo.

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*Foto de portada: semana.com