¿De dónde salieron los 300 kilos de explosivo para atacar la AMIA y producir 85 muertos? ¿Cuál fue el lugar en el que estuvo la camioneta del 10 de julio hasta el sábado 16 y, por lo tanto, quien y dónde se armó el explosivo en la camioneta-bomba? ¿El sábado 16, alguien dejó la Traffic en el estacionamiento llamado Jet Parking, al lado de la Facultad de Medicina, a tres cuadras de la AMIA? ¿Quién retiró la Trafic el lunes 18 de julio, minutos antes del ataque? ¿Quién manejó la camioneta hasta el predio de Pasteur y lo incrustó en la mutual judía? ¿Quiénes fueron los contactos locales del atentado?

Aquel 1994, año del atentado, muchas más cosas se podrían haber descubierto, sin embargo, hoy prácticamente poco se sabe, mucho se inventó, el entierro de pruebas sigue en curso, y hay demasiados silencios que resuenan, demasiados actores en el medio.

Aunque redundante en lo sustancioso, el hecho es, que sí se sabe -está definitivamente probado por las pericias científicas- que en el lugar de los hechos había una camioneta Traffic. Dicho vehículo fue vendido por Carlos Telleldín (el único acusado en la causa que fue absuelto por segunda vez el año pasado) ocho días antes del atentado, el 10 de julio de 1994.

La conexión local era la madre de la investigación, porque se trataba, nada menos, que de encontrar respuestas a las múltiples interrogantes. Por eso era importante poder trazar un camino hacia estas pruebas, pero el fiscal Sebastián Basso decidió pedir el sobreseimiento de algunos actores importantes de la investigación, la que ya estaba al borde del precipicio, y ahora, con esta acción quedó a punto del cierre definitivo.

Alberto Jacinto Kanoore Edul (la punta hacia la llamada pista siria) ; Nassib Haddad, de quien se sospechó que podría haber provisto el amonal con que se voló la mutual judía y, además, colocó un volquete en la puerta de la AMIA cinco minutos antes de la explosión, y otras diez personas a las que se les adjudicaron algún papel decisivo en el atentado, todos ellos, para el fiscal de la causa Sebastián Basso, no son importantes para esclarecer los hechos.

Por supuesto que falta la decisión del juez de turno, el señor Daniel Rafecas, pero es muy difícil que el magistrado tome una decisión ya que no será el juez definitivo. Los familiares agrupados en Memoria Activa respondieron con un escrito de su representante legal, señalando que de ninguna manera se puede considerar que la investigación “fue exhaustiva”, como sostiene el fiscal, sino más bien todo lo contrario: estuvo llena de maniobras, encubrimientos y postergaciones. Aun así, que el fiscal, pida el sobreseimiento, deja a la causa AMIA sólo agarrada de la llamada conexión internacional, que se basa mucho más en informes de inteligencia de la SIDE, la CIA y el Mossad, que de pruebas judiciales.

Las omisiones del fiscal

Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo de la familia Menem, estuvo muy sospechado, porque el domingo 10 de julio llamó por teléfono a Telleldín, un hecho que nunca tuvo explicación.

El fiscal Basso despliega las contradicciones de las respuestas de Edul, respecto de esa comunicación. Dijo que buscaba una Trafic porque le habían robado una Mercedes Benz, pero éste último vehículo fue sustraído 20 días más tarde. Además, no hay otros llamados a otros vendedores de Trafic ni visitas a agencias. Aun así, Basso pide el sobreseimiento bajo el cobijo de 27 años sin encontrar pruebas firmes.

Por otro lado, el otro apuntado, Nassib Haddad, era dueño de Santa Rita, una empresa que bajó una volqueta frente a la AMIA cinco minutos antes de la explosión, da forma a la teoría de que no hubo únicamente una camioneta-bomba, sino que el explosivo estaba en la volqueta o que desde la volqueta se la introdujo en la AMIA. Además, se detectó una supuesta compra de amonal por parte de Santa Rita. A todo esto, se agregaba otro hecho que merece la atención: el mismo camión que dejó la volqueta en la AMIA había estado minutos antes en un predio de la calle Constitución, muy cerca del domicilio de Kanoore Edul.

Basso concluyó que tampoco se encontraron pruebas de relación con el atentado. El predio de la calle Constitución se lo cedió el municipio porteño a una familia sin recursos, que pidió la volqueta para limpiar el predio. Colocarlo frente a la AMIA obedeció a un pedido del arquitecto Andrés Malamud, a cargo de reformas en la mutual. No obstante, no se encontró ningún registro de esa llamada. Basso tampoco menciona la compra de amonal, de manera que se ignoró ese hecho o directamente no existió.

En breves cuestiones, se pidió el sobreseimiento de Haddad y toda su familia.

Las pistas que sobreviven

Como lo únicos elementos que quedan en la investigación son de corte internacional, la llamada pista iraní (y sus correspondientes prófugos), buena parte de las consideraciones del fiscal tienen que ver con el análisis de llamadas, visitas, agendas, de Kanoore Edul o Haddad con Moshen Rabbani, el agregado cultural de Teherán en la Argentina y “supuesto” personaje clave del atentado. En ese terreno no se encontró nada: no hay vínculo que se haya podido probar. Uno de los puntos de esta imputación es que el supuesto organizador, un tal Samuel Salman El Reda, o Salman Raouf, un libanés casado con una argentina, estuvo vinculada a Rabbani. La evidencia, de importancia, fueron supuestas llamadas a El Líbano con teléfonos adjudicados a la organización Hezbollah; información que seguro provino de la CIA o el Mossad. En el escrito de Basso hay un paralelismo inquietante. Según los servicios de inteligencia, también había dos llamadas de elementos de Hezbollah, desde El Líbano, al teléfono en Buenos Aires de Jatma Massud, con vínculo con Kanoore Edul. Cuando Basso pidió las pruebas, esas llamadas no se pudieron acreditar.

¿El final de la causa?

Luego de 27 años de una causa pobremente llevada, lo indignante del fiscal Basso, es su actitud de elogiar la investigación, cuando su pedido es una evidencia, de que lo hecho por el fiscal Nisman y el juez Galeano, fue, no sólo un fracaso, sino una sucesión de escándalos e irregularidades.

Seguramente se realizarán las debidas apelaciones. El juzgado del caso AMIA estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que se jubiló y por lo tanto el cargo está vacante. Mientras tanto, se van sorteando jueces que asumen las causas de manera transitoria. Ahora será el turno de Daniel Rafecas. La magistrada no aceptó el pedido del fiscal: indicó que se debe seguir analizando la documentación que liberó el Poder Ejecutivo y que es la acumulada por la SIDE en los años de la investigación.

Los familiares agrupados en Memoria Activa, rechazaron los sobreseimientos justamente porque consideran que la investigación de ninguna manera fue exhaustiva y tiene muchos hilos pendientes.

Buena parte del expediente demuestra que toda la investigación es un fracaso y va camino al cierre. Y lo que queda en pie es una montaña de irregularidades en el que ninguna prueba es sólida, porque su origen es de “dudosas fuentes”, en las que se juega mucho más la propia agenda, que la verdad.

Causa Memorándum

Desde el otro ring contiguo, el Tribunal Oral Federal 8 dio por terminada la causa del memorándum de entendimiento con Irán por inexistencia de delito, y además la Cámara Federal porteña también cerró una parte residual de aquel expediente, al confirmar los sobreseimientos de tres personas a quienes el fiscal Nisman había acusado, igual que a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, de encubrir a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Se trata del exjuez Héctor Yrimia, del dirigente Roberto Porcaro y de Christian Raff, un funcionario de la Anses de San Isidro. Los tres aparecían relacionados con una serie de escuchas telefónicas disparatadas que fueron presentadas en la denuncia original. Así, no queda prácticamente nada de aquel expediente armado, sólo algunas apelaciones latentes, aún indefinidas, de la DAIA y familiares de las víctimas.

Esta causa remanente sobre el Memorándum estuvo el último tiempo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, como subrogante del juzgado que quedó vacante con la muerte de Claudio Bonadio, quien había utilizado el caso para ordenar las prisiones preventivas del fallecido Héctor Timerman (le impidieron ir a hacer su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos), Carlos Zannini, Luis D'Elía, Jorge Khalil y Fernando Eteche. A Cristina Kirchner le había pedido sin éxito el desafuero. Cuando a Giorgi le tocó resolver sobre Noble, Yrimia, Porcaro y Raff, quedaron todos sobreseídos.

Las imputaciones a esas tres personas fueron una muestra de la denuncia descabellada que había hecho el fallecido Nisman, con la que se abrió la primera causa, que fue cerrada por Daniel Rafecas en febrero de 2015, por inexistencia de delito, pero que Bonadio reinventó en un expediente agregado por “traición a la patria”, convalidado por la Cámara de Casación Penal que, con las firmas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (asiduos visitantes de Mauricio Macri en Casa Rosada y Quinta de Olivos) además, reabrió la denuncia original.

Por ahora la justicia, sigue haciendo agua, y somos testigos de que no pinta un pronóstico muy alentador, desde casi tres décadas que bajaron unos 85 muertos en el sótano democrático y que, no tienen las mínimas intenciones de sacarlos de ahí. El caso Amia es un ejemplo claro, de que las movidas del tablero de ajedrez mundial no siempre están a la vista y ni siquiera los ciudadanos podemos decir que jugamos de espectadores, porque para eso, al menos tenemos que entender el juego.

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*Foto de portada: elpatagonico.com

*Foto 2: pagina12.com / Fiscal Sebastián Basso