A raíz de una filtración más grande que los Panama Papers, la recién publicada lista de secretos financieros bautizada como los Papeles de Pandora (Pandora Papers) -realizada por más de 600 reporteros y reporteras de 117 países y 150 medios de todo el mundo, en lo que sería la colaboración periodística más grande de la historia- revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de grandes fortunas de más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios de la lista de Forbes. En América Latina, figuran los derechistas presidentes de Chile (Sebastián Piñera), de Ecuador (Guillermo Lasso), y de República Dominicana (Luis Abinader), además de 11 exmandatarios como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.

En el caso de Chile, la investigaciones estuvieron a cargo de la Fundación Periodística LaBot y CIPER, quienes revelaron que “originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en USD 152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”.

En un comienzo, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga con el 33% de éstas, que sumado a las acciones que manejaba uno de sus amigos más cercanos, Alberto 'El Choclo' Délano (el condenado a clases de ética por el Caso Penta), llegaban entre ambos al 56%, según revelan estos recién desclasificados documentos.

En 2010 Délano compró en 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de la familia Piñera, operación que se realizó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por USD 138 millones. El monto debía cancelarse en tres cuotas y solamente si el Estado -con Piñera en su primer gobierno- no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas. Finalmente, Piñera no promovió la protección ambiental de la zona, por lo que las cuotas fueron pagadas.

Poco tiempo después de asumir su primer mandato en 2010, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones en La Higuera, el mismo sitio en que quería operar la minera Dominga. Piñera habría intervenido entonces truncando un proyecto termoeléctrico para que su propio proyecto minero se instalara en el mismo sector, para luego beneficiarse vendiendo su participación en una millonaria suma. Sin embargo, esta nueva información subiría a 152 millones de dólares el monto.

“He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo entonces Piñera. Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de La Higuera, al igual que Dominga, pero en ese momento nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona.

Este domingo, tras la revelación de los Pandora Papers, el gobierno decidió sacar un comunicado para despegar al mandatario de las acusaciones, donde aseguró que "los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación". 

Esa decisión, recordó el escrito, "fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia". 

"El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas", dice el comunicado oficial. 

"Ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior", se aseveró.

En el pasado, aclaró el gobierno, "las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior" pero "la existencia y su participación fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias competentes, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile". 

Por último, el equipo de prensa del jefe de Estado señaló que "desde marzo de 2018", por la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los "activos financieros del presidente se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que implica que el mandatario no conoce las inversiones realizadas". Lo mismo ocurre en el caso de sus familiares, "pese a que (en ese caso) la ley no lo requiere". 

Las declaraciones oficiales están diseñadas para las personas que ven TV y que son manipuladas a través de esos medios con el tsunami de información sesgada.

Nos parece despreciable la forma de actuar de Piñera, bajando Barrancones disfrazado de ambientalista, con argumentos de protección ambiental justo cuando promovió junto a Costa Rica la firma del Acuerdo de Escazú -cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe- y luego de haberlo promovido, negarse a firmarlo años después, porque “afectaría intereses económicos de Chile”.

Esta figura pareció una estrategia para ser creíble y poder bajar la termoeléctrica Barrancones, que constituía “competencia” para sus intereses, algo que nadie sabía, pero que ahora gracias a esta investigación, salió a la luz.

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*Foto de portada: elcomercioperu.com