Durante una gira por España, el exmandatario argentino Mauricio Macri, publicó una carta a través de sus redes sociales para “defenderse” mediáticamente del avance judicial de la causa “Correo Argentino S.A.", la cual investiga una “defraudación por administración fraudulenta y cohecho”, como titula la caratula del expediente, una multimillonaria deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado argentino.

“El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino S.A.”, así comienza su alegato público el exmandatario que en estos días viaja por España presentando su libro con numerosas irregularidades ante las medidas sanitarias.

Es importante, ante esta primera presentación, recordar que la causa se inició en septiembre de 2001, cuando el país y la región estaban en una profunda crisis social y económica. El motivo de la causa es el incumplimiento del pago del canon acordado entre el Estado argentino y el Grupo Macri, por la concesión del Correo Argentino. Concesión que se formuló durante la oleada privatista de Menem, y que se extendió desde 1997 hasta el año 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación ante el incumplimiento de los pagos (el Grupo Macri solo pagó el primer año) y de otras condiciones del contrato. La deuda, en aquel presente, alcanzaba los 296 millones de pesos convertibles.

El Grupo Macri, presentó numerosas propuestas para la cancelación de la deuda mientras el lapso se dilataba. Finalmente, en el 2016, siendo Macri presidente, se estableció un acuerdo de pagos que iniciaría en el 2017 y finalizaría en el año 2033, 35 años después de iniciada la deuda.

Sobre esta verdad histórica, el referente del PRO brinda, en su carta pública, una perspectiva propia: “en 2001, Correo Argentino S.A., concesionario del servicio postal, tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores por los graves incumplimientos de los compromisos del Estado Nacional”, incumplimientos que no detalla en su publicación.

Sobre las constantes negociaciones para resolver el conflicto legal y económico dice: “esta situación anormal se dilató durante los últimos 18 años. Agotados por el atropello político y judicial, y sin expectativas de encontrar justicia, recientemente los accionistas aprobaron el pago del 100% de la deuda y el pago de todos los intereses de esa deuda, según la Justicia determine”.

El acuerdo propuesto por la parte (el grupo Macri), y aprobado por la misma parte (el Gobierno de Macri), a uno y otro lado del mostrador, en números representaría un pago de 555 millones de pesos, a cubrir entre 2017 y 2033.

La fiscal Boquín, quien ocupa la fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, desde el año 2015, denunció que los acuerdos firmados son abusivos en contra de los intereses del Estado, y representarían, si el acuerdo hubiese sido revalidado por el sistema judicial, una pérdida de 70 mil millones de pesos para el Estado argentino. Esta actitud le valió a la fiscal una fuerte campaña de ataques y deslegitimaciones, de las cuales fueron eco los grandes medios de comunicación.

Macri dedicó una parte importante de su declaración a los funcionarios del tribunal competente en la causa. En primer lugar, se refirió a la fiscal: “la fiscal Gabriela Boquín rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y solo se preocupó por perseguir su quiebra. La fiscal no quiere que el Estado Nacional cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre”. Luego, sin interrupciones se expresó respecto a los jueces: “Por otro lado, es bueno que la opinión pública sepa, que, si la jueza Marta Cirulli llegara a rechazar la propuesta de pago total de la deuda que hizo Correo Argentino, será un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país. Será cada vez más difícil, si no imposible, que empresas argentinas y del mundo confíen en invertir y desarrollar empleo en nuestro país”.

Agregó: “espero que la Sra. Jueza Marta Cirulli y las Sras. Camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini se den cuenta de que todavía están a tiempo de frenar estos atropellos. Tienen en sus manos la responsabilidad histórica de preservar los tribunales como el último espacio en donde un ciudadano puede encontrar protección judicial ante los atropellos, la corrupción y la venganza”.

Para cerrar su carta, el Empresario, que acumula más de 250 causas judiciales, se despide en un tono despectivo: “ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela".

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*Foto de portada: www.diariouno.com