Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Salvatore Biondino, Antonino Madonia, Nitto Santapaola, Pasquale Condello, Michele Zagaria y tantos otros altos jefes de Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra hasta el súper fugitivo Matteo Messina Denaro. Todos ellos, los de la cárcel y los de afuera, están muy contentos. Ya habían hecho un primer brindis cuando el pasado 15 de abril la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la cadena perpetua estricta, sanción contenida en el artículo 4 bis del ordenamiento penitenciario, según el cual no se puede liberar a los jefes mafiosos de las masacres condenados a cadena perpetua, si no colaboran con la justicia.

Sería "contrario a los artículos 3 y 27 de la Constitución y al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos", dijeron los "pelucones" de la Consulta en la primera nota con la que pasaron la pelota a la política, aplazando el tratamiento de las cuestiones hasta mayo del 2022 "para permitir que el legislador tome medidas que tengan en cuenta tanto la naturaleza peculiar de los delitos relacionados con la delincuencia organizada de carácter mafioso, como las normas penitenciarias correspondientes, y la necesidad de preservar el valor de la colaboración con la justicia en estos casos".

"Pertenece a la discreción legislativa -se dice en la motivación de la ordenanza Nº 97 (redactada por Nicolò Zanon) presentada hoy- decidir qué otras opciones pueden acompañar la eliminación de la colaboración como el único medio para acceder a la libertad condicional. Entre estas opciones se podría, por ejemplo, incluir la aparición de las razones específicas de la no cooperación, o la introducción de disposiciones específicas que regulen el período de prueba del sujeto en cuestión".

Pero leyendo las razones con las que tomaron tal decisión, uno se sorprende, por decir poco, en el momento en que se pone en duda de que la colaboración con la justicia sea el resultado de una elección siempre libre.

Si bien la ordenanza no cuestiona "la importancia y la utilidad de la colaboración, entendida como una decisión libre y reflexiva para demostrar la ruptura con el entorno criminal", existen consideraciones peligrosas para toda la legislación antimafia.

Sobre todo, cuando se dice que "la elección de no colaborar puede estar determinada por motivos que nada tienen que ver con el mantenimiento de vínculos con asociaciones delictivas".

Por ello se enfatiza que la norma actual prefigura una especie de "intercambio" entre información útil para fines investigativos y la consecuente posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios. Por eso se teme que este intercambio pueda ser vivido de manera dramática. "En casos extremos -escribe la Corte- puede ser una 'elección trágica': entre la propia (eventual) libertad, que sin embargo puede entrañar riesgos para la seguridad de los seres queridos, y la renuncia a ella, para protegerlos de los peligros".

Esta última afirmación es inaceptable. Es casi como decir que el Estado italiano es incapaz de garantizar la seguridad de los colaboradores de justicia y de sus familias.

Pero este no es el error más grave cometido por los "pelucones" de la Consulta "inconstitucional". Y esto sucede en la medida en que en la evaluación de los derechos no se toma en cuenta la seguridad de la sociedad que se ve comprometida por la posible liberación de los jefes mafiosos. Y ello es así porque hoy, erróneamente, se considera a la peligrosidad de las mafias de una manera que difiere de la realidad. Porque la mafia existe desde hace más de 150 años y suprime y oprime las libertades de miles y miles de ciudadanos. Lo dicen las investigaciones y cientos de especialistas en el tema.

Es un gravísimo error de discernimiento cometido por quienes deberían tener conciencia y conocimiento de un fenómeno, como el del crimen organizado en Italia, que es el más poderoso del mundo y que de hecho gestiona el narcotráfico internacional e invierte enormes capitales en toda la economía mundial.

La Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea ya había demostrado su propia miopía en este punto. Pero como hemos dicho en otros artículos, ver órganos altamente institucionales como la Corte Constitucional que se adaptan, bajándose los calzones, a ciertos dictados europeos es escandaloso y ofensivo para los mártires, empezando por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que lucharon contra los sistemas criminales y que han ideado determinadas medidas.

Es un hecho conocido que el principio de la cadena perpetua estricta fue concebido por Giovanni Falcone y que se convirtió en ley solo después de las masacres de 1992.

También se sabe que, para un miembro activo afiliado a Cosa Nostra, la 'Ndrangheta o la Camorra, la única forma real de romper con su pasado es la colaboración con la justicia o, en forma alternativa, la muerte.

Y desde siempre se ha probado por decenas y decenas de investigaciones que los mafiosos que terminan su período de detención, una vez liberados, vuelven a ocupar exactamente el lugar que tenían anteriormente dentro del organigrama mafioso. De hecho, incluso lo hacen con un currículum mejorado, precisamente en virtud del silencio mantenido en la cárcel.

Y, de nuevo, no podemos olvidar que los Graviano, los Madonia, los Bagarella y todas las demás "bestias" asesinas son iguales, si no peores, que esos criminales nazis y fascistas que han cometido crímenes atroces contra mujeres, hombres y niños causando millones de muertos.

Entre la mafia y los nazis existen rasgos similares como el uso desdeñoso de la violencia y del exterminio, que no son un fin en sí mismos, sino que se utilizan para perseguir fines políticos e ideológicos precisos y aberrantes.

Sin embargo, cuando se celebró el juicio de Nuremberg, nadie se escandalizó por los derechos humanos de los asesinos de dentro y fuera de los campos de exterminio. Nadie objetó las sentencias dictadas.

Debemos deducir entonces que los miembros de la Corte Europea y de la Consulta que en los últimos años han expresado su opinión sobre la cadena perpetua estricta ¿también hubieran tomado medidas para liberar a los Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel u otros criminales como Mengele y los responsables del exterminio del holocausto? ¿Y a otros criminales de guerra juzgados por el Tribunal de La Haya (Corte Penal Internacional) como Milosevic o Karadzic, también condenados a cadena perpetua?

¿Realmente habrían tenido este coraje? Que lo digan claramente.

¿Por qué hay dos pesos y dos medidas distintas en las consideraciones nacionales e internacionales?

Evidentemente, estamos en contra de la pena de muerte y estamos convencidos de que las condiciones de las cárceles, los derechos de los presos, la reeducación, la seguridad, la salud y todo lo demás pueden y deben ser debatidos. Pero hay límites que deben trazarse porque, lamentablemente, este no es un país normal. Pero con demasiada frecuencia esto se olvida, sobre todo por los responsables de las instituciones.

La abolición de facto de la cadena perpetua para los asesinos de la mafia eliminaría el único disuasivo real temido por los mafiosos (y precisamente la historia de las masacres nos lo recuerda) los que siempre se han resignado a tener que cumplir incluso largos años de prisión como precio de su carrera criminal, pero que siempre han temido a la cadena perpetua porque los priva para siempre del poder adquirido y de la posibilidad de disfrutar de las riquezas que han acumulado.

Y no podemos olvidar que la eliminación de la cadena perpetua y el 41 bis estuvieron entre los puntos del papel de pedidos que Riina le exigió al Estado para detener las masacres.

Con la decisión de la Consulta, 29 años después de los atentados de Capaci y via d'Amelio, y 28 años después de los de Florencia, Roma y Milán en 1993, se cumplen los deseos de la mafia.

Algo inaceptable. Por eso no puede haber medias tintas. Por eso no podemos dar marcha atrás en este punto. Veremos que sucede. El silencio sobre la lucha contra la mafia de todos los gobiernos que se han sucedido a lo largo de la historia ciertamente no nos hace ser optimistas. Después de todo, este es el país de las tratativas. Y ahora también de las "Consultas inconstitucionales".

Y eso no es todo. Porque la Consulta, como ya hemos mencionado, ha vuelto a pasar la pelota al Parlamento. Y en este lugar, donde la Cámara y el Senado de nuestra República aprueban las leyes, es donde dentro de un año se jugará el verdadero partido sobre la cadena perpetua y el futuro de la lucha contra la mafia. Porque es el Parlamento con el voto de los representantes elegidos por el pueblo el que le "dicta la ley" al poder ejecutivo y al judicial.

Será la última oportunidad para que la política demuestre que quiere hacer una contribución real para la victoria contra las mafias y sus derivados.

Una oportunidad para todos los partidos, mayoría y oposición, desde el movimiento del pseudo-cambio "Cinco Estrellas" al "Partido Democrático", pasando por " Liberi e Uguali", "Italia Viva", la Lega, "Fratelli d'Italia" y "Forza Italia" (partido fundado por un hombre de la mafia, Marcello Dell'Utri, y por otro que le pagaba a la mafia, Silvio Berlusconi) para dar un cierre definitivo a la historia criminal del Sistema.

Pero tal vez sólo sea un sueño utópico. Lo cierto es que en el 2022 tendremos la "prueba de fuego".

Si la política votara a favor de este enésimo estrago que ofende a los mártires caídos de nuestra Patria, quedará a todos los efectos sancionado que nuestro Estado –excluyendo a aquella parte de la magistratura que procesa y juzga, y a los miembros de la policía judicial que arriesgan su vida en importantes investigaciones- es un Estado-mafia.

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*Foto de portada: © Imagoeconomica